Los vocales del Consejo General del Poder Judicial no se han puesto de acuerdo para nombrar a los presidentes de las salas de Lo Penal, Lo Contencioso Administrativo, Apelaciones del Tribunal Supremo, y la Audiencia Nacional. Y no sólo eso. Quedan sin cubrir las plazas de presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, y Cataluña. Ni las presidencias de las salas de lo Contencioso-Administrativo de seis tribunales superiores, y dos para las de Lo Social, así como las presidencias de 18 Audiencias Provinciales. Tampoco se ha logrado sacar adelante los destinos de los magistrados integrantes de la sala de Lo Militar del TS.
Los negociadores, dos por cada bloque, han decidido aplazar un posible acuerdo “porque todavía no hay ni acercamiento”. Para sacar adelante esos nombramientos se necesitan 13 miembros del pleno y las posturas siguen siendo las mismas: los diez progresistas y los otros diez conservadores no se mueven de sus posiciones iniciales para desesperación de la presidenta, Isabel Perelló, que observa cómo el órgano de gobierno de jueces no logra sacar adelante el trabajo pendiente. Una tarea casi imposible debido a la polarización existente, fruto del mal acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar la institución el verano pasado. Perelló ha aplazado este asunto al pleno del 26 de febrero para ver si, entonces, se logra un acuerdo, al menos en lo que se refiere a los presidentes de las audiencias provinciales.
Los conservadores atribuyen el desacuerdo a la “injerencia” del ministro de Justicia, Félix Bolaños. Insisten en aparcar la negociación sobre las presidencias de sala del Tribunal Supremo y acusan a los progresistas de bajarse en el último momento de un pacto que incluía a la mayoría de las plazas que se iban a votar. En cambio, los progresistas aseguran que el otro grupo cambió su propuesta en el último momento. Dentro de este grupo, algunos vocales consideran, además, que no deben aprobarse más nombramientos si los conservadores no acceden a negociar la cúpula del alto tribunal.
Así pues, sigue sin cubrirse dos de las plazas más importantes de la judicatura: la presidencia de la sala de Lo Penal sigue teniendo dos candidatos, Andrés Martínez Arrieta, por los conservadores, y Ana María Ferrer, la progresista. A la de la sala de Lo Contencioso Administrativo aspiran Pilar Teso por los progresistas, y Pablo Lucas, el candidato conservador. Tanto Arrieta como Lucas ocupan la presidencia en funciones por ser los magistrados de mayor antigüedad y pueden permanecer en sus puestos el tiempo que haga falta hasta que haya nombramientos. Por lo tanto, los vocales conservadores no tienen prisa en renovar.
Más difícil es la falta de acuerdo para la presidencia de la Audiencia Nacional. Los aspirantes son ocho, pero de ellos sólo cuatro tiene posibilidades de ser elegidos. Enrique López, es el candidato de los conservadores. Fue consejero de presidencia y justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. Ahora es magistrado de la sala de apelación de la A.N. El inconveniente que ponen los vocales progresistas es su estrecha relación con Génova y el hecho de que fue condenado por conducir ebrio. Francisco Oliver Egea, que fue magistrado de la Audiencia de Madrid, María Tardón, titular del juzgado de instrucción número 3, y Eloy Velasco, miembro de la sala de apelación, completan el grupo de jueces con mayores posibilidades para ser elegidos. Las últimas intervenciones públicas de Velasco en contra del gobierno progresista y alertando sobre supuestas vulneraciones del Estado de Derecho hacen imposible su designación. Está vetado tras sus críticas a la exministra y eurodiputada, Irene Montero, que le han supuesto, además, la apertura de un expediente disciplinario. Por lo tanto, la elección queda entre López, Tardón y Oliver. Los conservadores estarían dispuestos a aceptar a la titular del juzgado número 3 para cumplir la ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Pero, a cambio, exigen la renuncia a las designaciones de Ferrer y Teso en el Supremo.
Para el resto de las plazas vacantes no hay muchos problemas y esa circunstancia es la que quiere aprovechar Perelló para, al menos, desbloquearlas. Los tribunales superiores de justicia territoriales y las audiencias provinciales se encuentran en una situación de interinidad que preocupa en la judicatura. El hecho de que no se llegue a un acuerdo para cubrir sus presidencias si antes no se logra desbloquear los de la alta magistratura es el síntoma de la batalla existente en el seno del poder judicial. Los progresistas no están dispuestos a ceder ni un palmo de terreno. Argumentan que, durante la etapa de Carlos Lesmes al frente del CGPJ, se abusó tanto de los nombramientos discrecionales que, ahora mismo, la derecha conservadora controla la casi totalidad de las dos altas instancias judiciales del país, el Supremo y la Audiencia Nacional. Las presidencias de las salas de Lo Penal y Lo Contencioso Administrativo se han convertido en el caballo de batalla y mientras no se logre alcanzar un acuerdo en torno a ellas, las demás corren el riesgo de mantenerse sin la cobertura de sus vacantes durante un tiempo indefinido.
Porque, en el resto de asuntos de su competencia, los vocales del Consejo General del Poder Judicial sí están dispuestos a ponerse de acuerdo. El más importante ha sido la admisión a trámite de la queja del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sobre la actuación del instructor Ángel Hurtado quien ha permitido la filtración de datos personales y profesionales contenidos en los teléfonos móviles y ordenadores durante el registro a los despachos de la fiscalía. El máximo órgano de los jueces va a investigar hasta donde han llegado estas filtraciones que, según ha trascendido, afectan a los fiscales del sala del TS, fiscales superiores, y miembros del ministerio público encargados de las causas más relevantes que se están investigando judicialmente. Aquí parece ser que ningún vocal del consejo ha puesto reparos en la apertura de esta investigación.
La división reside en lo más sensible de la judicatura: las plazas vacantes que hay que cubrir, desde el Tribunal Supremo hasta las audiencias provinciales. Diario16+ ya avanzó en su día que iba a ser muy difícil llegar a un acuerdo en torno a este asunto que, junto a la reforma de la modalidad de elección de los nuevos vocales para la futura renovación, son los temas de mayor calado donde ninguna de las partes está dispuestas a ceder. Va en ello el futuro de la judicatura de este país.