Alberto Núñez Feijóo prometió a la derecha judicial que si alcanzaba el poder su primera medida sería dar el control del CGPJ a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. En el pacto al que llegaron PP y PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces intentó cumplir su promesa introduciendo en su lista a ocho cualificados miembros de la asociación.
Estos miembros son los que tienen bloqueada la elección del nuevo presidente después de tres reuniones sin consenso. Y aunque los veinte vocales han quedado en reunirse el 19 de agosto para resolver trámites de urgencia, “prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios”, el Consejo está paralizado.
No tiene presidente por lo que sus decisiones son limitadas y no puede nombrar los 120 cargos judiciales vacantes en el Tribunal Supremo, los tribunales superiores territoriales y las audiencias provinciales y, si se mantiene esta situación en agosto, habrá que ir pensando en quien será el que pronuncie el discurso de apertura del año judicial que se celebrará a primeros de septiembre. Todo parece indicar que le volverá a tocar al actual presidente del Supremo en funciones, Francisco Marín Castán. Y todo gracias a discrepancias de género. Si el CGPJ lo debe presidir un hombre o una mujer. O, al menos, esa es la excusa oficial.
Las dos “sensibilidades” que componen el pleno del consejo insisten en los nombres que ya se barajaron en la segunda sesión. Pablo Lucas, propuesto por los conservadores los cuales insisten en su “perfil progresista”, y su trayectoria profesional. Es verdad que Lucas ha hecho una importante labor controlando las actividades del CNI, pero en su contra están las últimas resoluciones de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo en las cuales, actuando como ponente, se ha enfrentado al gobierno de Pedro Sánchez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los progresistas insisten en Pilar Teso o, en su defecto, Ana Ferrer. Argumentan de que ya es hora de que una mujer presida el órgano de gobierno de los jueces. La vocal, Argelia Queralt, profesora de Derecho y letrada del Tribunal Constitucional, se pregunta en las redes sociales que “¿por qué exigimos una presidenta para el CGPJ y el Tribunal Supremo? Porque la excelencia y la antigüedad en la carrera judicial ya no es excusa, y en un sistema democrático esto no es representativo de una carrera en el que el 57,3% son mujeres”. Por su parte, la fiscal Inés Herreros, argumenta que “las mujeres somos el 50% de la población española. Las instituciones que no presentan una mínima forma de alternancia en su sensibilidad y que discriminan formalmente la presencia de las mujeres, de forma directa o indirecta, se hieren en su legitimidad democrática”.
A esos argumentos contesta la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, que no pertenece al consejo, manifestando que sus vocales “no bloquean, se niegan a que les impongan un candidato”. En otras palabras, creen que se les está imponiendo una mujer y razonan que la orden viene directamente de Moncloa. “Pedro Sánchez ya manifestó su interés porque fuese una mujer la que presida el Consejo General del Poder Judicial”. Y ya se sabe. Todo lo que salga de Pedro Sánchez hay que oponerse como sea.
El perfil de Pilar Teso no es tan progresista como nos quieren hacer creer. Participó en el juicio de los líderes independentistas catalanes y en los debates de los recursos de casación de los ERES de Andalucía. No se la conoce ningún voto particular en ambas sentencias que socialmente fueron controvertidas hasta el punto de llegar a ser consideradas inconstitucionales en parte por el TC. La otra candidata que esta vez se ha votado es Ana Ferrer. Es una jueza con una trayectoria impecable. Fue instructora de sumarios tan mediáticos como los del ex director general de la guardia civil, Luis Roldán, y el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio y el exsíndico de la Bolsa, Manuel de la Concha, a los cuales envió a la cárcel sin contemplaciones en un momento de fuertes presiones políticas y mediáticas a finales del siglo pasado.
Pero es que, además, siendo magistrada de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo se opuso a las sentencias contra los líderes del procès y los recursos de casación de los ERES de Andalucía. En sus votos particulares se manifiesta contraria a considerar delito de malversación los actos políticos de elaboración presupuestaria aprobados parlamentariamente. Ese mismo argumento que ha utilizado el Constitucional. Pero Ana Ferrer no acaba de obtener los apoyos suficientes. En la última votación obtuvo cuatro votos, los mismos que Pilar Teso. Quien conoce bien el asunto señala que la magistrada tiene en su contra su pertenencia a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que la apoya incondicionalmente, y su amistad con Cándido Conde-Pumpido, el presidente del TC que parece haberse convertido en la “bestia negra” de la judicatura.
Pero la clave de todo este enredo no es otra que la insistencia de los vocales relacionados con la APM de controlar el órgano de los jueces. Saben que uno de los debates a los que se van a tener que enfrentar en los próximos meses es la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al sistema de elección de los que, dentro de cinco años, les sucederán en los sillones de Marqués de la Ensenada. Y no quieren fallo alguno. Se ha de optar por la fórmula de la elección directa de los 5.416 jueces en activo a 1 de enero de 2024 porque saben que, de esa manera, ellos monopolizarán el organismo porque dicen contar con 1.355 afiliados frente a los 859 de la Francisco de Vitoria, 436 de Juezas y Jueces para la Democracia y 355 de Foro Judicial Independiente.
Es la hoja de ruta que se ha trazado la derecha judicial para acabar, de una vez por todas, con las veleidades de los progresistas cuyo único “pecado” es insistir en que sea una mujer la que se haga cargo del órgano de gobierno de un colectivo en el que 3.101 son mujeres, 57,2% del total.