Isabel Díaz Ayuso debe tomar buena nota de la condena que la Audiencia Nacional ha impuesto al que fue vicepresidente con Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, y a cuatro de sus colaboradores por “el descontrol de la contratación en casi todos los pasos necesarios para poner en marcha el proyecto de la Ciudad de la Justicia”, que los jueces han calificado como “un parque temático de autobombo”. Y la advertencia a la presidenta de la CAM tiene su fundamento. Ha resucitado ese proyecto utilizando el mismo método que su antecesora, gastando dinero en actos de promoción.
Según cálculos de la Consejería de Presidencia y Justicia, el gobierno autonómico invertirá 653 millones de euros. El total no se sufragará públicamente, sino que la empresa concesionaria se hará cargo de una parte de los costes de construcción que se llevarán a cabo en varias fases. Esta vez, para evitar suspicacias, no se ha encargado la dirección del proyecto a grandes figuras de la arquitectura. El Colegio Oficial, COAM, ha estimado los costes en 1.200 euros por metro cuadrado. Los expertos señalan que con esa cantidad licitada “no se presentarán profesionales de prestigio”. El vicedecano, Pablo Olalquiaga, considera que “son unos precios muy justos para unos edificios que deben tener una calidad arquitectónica”. A Norman Foster, director del proyecto fallido, se le abonó 13 millones, una cantidad a la que ni de lejos se va a llegar ahora. Ayuso ha tomado buena nota del reproche penal que puede suponer un despilfarro. Se ha aplicado bien el cuento de que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar”.
Y es que, en su sentencia, la Audiencia Nacional ha sido contundente. Los condenados “obviaron toda previsión económica, prescindieron de cualquier estudio de costes, eludieron los controles administrativos y adjudicaron contratos tras contratos que se alejaron cada vez más del objeto social”. Se generó un agujero de 40,4 millones de euros que los condenados deberán devolver a las arcas públicas. Ese ha sido el resultado de la faraónica propuesta de Esperanza Aguirre para concentrar todas las instancias judiciales repartidas por la geografía madrileña. Lo paradójico es que la lideresa niega tener conocimiento de lo que estaban haciendo sus subordinados en el barrio madrileño de Sanchinarro. De todo aquello sólo queda el edificio llamado “donut” donde se instala el Instituto de Medicina Legal. Ahora, en sus aledaños se construirán las nuevas sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Provincial, los juzgados que se albergan en la plaza de Castilla, la fiscalía, un aparcamiento público de 1.900 plazas y otros espacios para usos no judiciales, como un centro de deporte y de ocio y salud, cafeterías, una escuela infantil privada, y una zona de bulevar. La superficie que el gobierno de Aguirre planificó se ha visto reducida como consecuencia de la construcción del hospital Isabel Zendal.
El gobierno de Ayuso está tomando todas las precauciones posibles para no caer en la situación de sus antecesores a los que la Audiencia Nacional ha condenado. El vicepresidente de la CAM, Alfredo Prada, si no lo remedia el recurso presentado ante el Supremo, tendrá que ingresar en prisión para cumplir siete años. Al equipo que participó en el desarrollo del proyecto de la Ciudad de la Justicia en el que participaron Isabelino Llanos, Alicio de las Heras, José Félix García de Castro, y el ex comisario de policía que era el director de seguridad del recinto, Andrés Gómez Guerrero, también procesado en el caso Kitchen, se les ha impuesto penas de tres años y medio de prisión, un correctivo muy duro que carece de antecedentes. También los argumentos empleados por los magistrados de la sala de Lo Penal: “el fracaso del proyecto se debió en gran medida a los gastos sin límites dedicados a fines que guardaban poca relación con el objeto social, gastos superfluos e inútiles en los que se empleó grandes cantidades de recursos sin previsión de costes”.
Lo que la Audiencia Nacional penaliza es el derroche. La sentencia, por lo tanto, es ejemplarizante. Ahora falta por saber lo que puede decir al respecto el Tribunal Supremo porque las condenas son por prevaricación y malversación. Pero si hablamos de esta última figura delictiva habrá que tener en cuenta la reforma del Código Penal en la que se introduce el agravante del enriquecimiento personal.
Porque en el proyecto de Aguirre de la Ciudad de la Justicia hubo mucho de despilfarro, pero poco demostrable en cuanto a cantidades que fueron a parar a los bolsillos de los condenados. Es cierto que hubo muchos viajes, eventos, comidas y actos en los que se gastó dinero público sin control. Pero de ahí no pasó la cosa. Al menos que se sepa. La operación que supuso un mayor desembolso fue la retribución de los honorarios de los arquitectos. Pero de esos 13 millones abonados a un agujero de 40 millones va un abismo.
En Génova se resta importancia a este nuevo contratiempo para la imagen del Partido Popular. Pero es cierto que hay una persona que queda muy tocada, la expresidenta Esperanza Aguirre. Durante la celebración del juicio negó “tener conocimiento de nada. No tenía ninguna obligación de dármelas (las explicaciones), ni el señor Prada ni ningún otro consejero”. Pero lo cierto es que la lideresa vendió a la prensa el proyecto y se fotografió colocando la primera piedra en un acto en el que las facturas de su coste son elevadas. Aguirre hizo gala del faraónico proyecto en todos los foros donde compareció. Y cuando la cosa quedó en nada, no se responsabilizó tal y como ocurrió en otras operaciones que investiga la justicia como Púnica. Se limitó a hablar de “las ranas” en su gobierno sin atreverse a nombrar a todos aquellos que acabaron acusados de corrupción que fueron consejeros y, vicepresidentes y uno, en concreto, la sustituyó al frente de la presidencia.
Isabel Díaz Ayuso todavía no ha tenido que pasar por ese mal trago. Pero nadie descarta que, tarde o temprano, tenga que aclarar públicamente algunos aspectos de su gestión. Esperemos que, en esta ocasión, no se cometan irregularidades para albergar en un solo campus a todos los miembros que imparten justicia en Madrid.