¿Qué va a hacer ahora el Colegio de Abogados de Madrid, personado como acusación particular en el caso García Ortiz? La respuesta es sencilla. El ICAM ha hecho el ridículo. La componenda de González Amador la conocía hasta el gato de la esquina de la plaza de la Villa de París, sede del Supremo, y, encima, los dos principales protagonistas de esa denuncia se contradicen. González Amador dice que desconocía la oferta efectuada por su abogado al ministerio público para librarse de la cárcel por un delito fiscal, y ese mismo abogado, Carlos Neira, dice lo contrario. Que el empresario conocía la oferta y estaba de acuerdo con ella. Y encima, antes de que sucediera la filtración, algún medio de comunicación se puso en contacto con Neira para preguntarle, más o menos, si la fiscalía y la Agencia Tributaria habían aceptado su propuesta y se había abonado la cantidad defraudada. Los dos comparecieron ante el juez en calidad de testigos con la obligación de decir la verdad. Pero uno de los dos cometió perjurio, un delito que en España se considera muy grave y se castiga con cinco años de cárcel.
En su testimonio ante el juez, Neira intentó darle una vuelta al asunto de la oferta al fiscal para que se pareciese lo más posible a lo que había testimoniado González Amador. Dice que nunca le llegó a mostrar el correo electrónico objeto de la denuncia por revelación de secretos. De esta manera, el empresario quedaría libre de toda sospecha de haberlo filtrado a los medios de comunicación. Ambos están intentando que el juez centre todas las imputaciones sobre el contenido del correo en sí. Pero lo que Neira no ha sabido decir es porqué ese mensaje lo tenía un abogado del Estado, Julián Martínez Simancas, con el que estaba tramitando otra conformidad penal. Y porqué lo envió al buzón genérico de la fiscalía anticorrupción y, al mismo tiempo, a la jefa de ese departamento, Virginia Alonso.
Esta “componenda” que seguramente tiene su origen en una conversación mantenida por González Amador y Neira para ponerse a cuerdo a la hora de declarar ante el juez supondría, si hubiese un poco de cordura en esta instrucción, el final de la imputación a los fiscales Rodríguez y García Ortiz. Pero el juez elegido para llevar a cabo estas diligencias tiene en su historial ciertas sospechas de inclinaciones políticas. Se negó a procesar al Partido Popular, en calidad de persona jurídica, como imputado en el caso Gürtel teniendo que hacerse cargo sus compañeros de la Audiencia Nacional que acabaron por condenar al partido, una condena pendiente de ratificación por el Supremo cuya sala de Lo Penal extrañamente no acaba de dar señales de una sentencia.
Por lo tanto, es muy probable que cuando este viernes el juez acabe por tomar declaración a los cuatro periodistas que aseguran haber tenido conocimiento del correo días antes del 13 de marzo en el que se produjo la filtración, se sentará en la mesa de su despacho para redactar un auto de procesamiento contra Rodríguez y García Ortiz. Se olvidará de las contradicciones entre Neira y González Amador y de lo que le digan los periodistas. Incluso de lo que dijo el periodista de El Mundo, Esteban Urreitzieta, quien reconoció haber redactado un bulo difundido por el jefe del gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en el que decía que el fiscal anticorrupción, Julián Salto, había aceptado la propuesta de Neira, reconocimiento de dos delitos fiscales, pago de la cantidad defraudada más intereses de demora, y una pena de cárcel que no llegaba al año por lo que no entraría en ningún centro penitenciario. Ni siquiera tendrá en cuenta la versión del letrado fiscalista de que un periodista le había preguntado, un día antes del de autos, si habían pagado para llegar a un acuerdo con el ministerio público. Lo que quería decir el periodista, según se ha sabido posteriormente, es si se había pagado una multa, no la liquidación de las comprobaciones de la Agencia Tributaria.
Hay muchos matices en esta instrucción. Los suficientes para que el magistrado dude de la autoría de la filtración y mucho menos para que impute al fiscal general del Estado y la fiscala jefa de Madrid de delitos de revelación de secretos porque es muy difícil demostrarlo ante un tribunal, que sería el siguiente paso de esta rocambolesca historia. Pero eso es lo que menos importa a Ángel Hurtado. Sobre lo que ha dicho o dejado de decir en sus comentarios habría que preguntar al líder de una de las acusaciones personadas, Manos Limpias. Miguel Bernard se atrevió a anunciar, “en exclusiva” que el juez ya tenía prácticamente redactado el auto de procesamiento. Si eso es verdad, el magistrado estaría cometiendo un delito porque no se puede ordenar un procesamiento sin haber concluido las diligencias y todavía quedan por escuchar a los cuatro periodistas. Y si el que mintió fue Bernard alguien debería querellarse contra él por falso testimonio.
Una cosa sí ha quedado clara. La estrategia de González Amador intentando convertirse en la víctima no le ha dado resultado. El mejor ejemplo es la sentencia del Supremo en la demanda civil que presentó contra la vicepresidenta María Jesús Montero. La sala tercera rechaza las peticiones de González Amador argumentando algo que aquí se ha repetido hasta la saciedad. Que, en las opiniones, prevalece el principio constitucional de la libertad de expresión. Se puede aplicar el cuento la abogada de González Amador especializada en este tipo de demandas porque las presentadas contra otros ministros, dirigentes del PSOE y el mismísimo Pedro Sánchez, llevan el mismo camino que esta.