Manuel Marchena, el presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, se va. Se jubila después de años ejerciendo con mano férrea el mando sobre una de las instancias mas controvertidas de la vida política y social de este país. Estuvo a punto de presidir el Consejo General del Poder Judicial pero una indiscreción del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Coisidó, le disuadió después de que el dirigente conservador dijese, en un mensaje en redes, que con él controlarían, “por detrás” la judicatura. Suficiente para estigmatizar al juez que fue el que, entre otras cosas, convenció a sus compañeros para condenar a los independentistas catalanes con escasos argumentos jurídicos, lo mismo que sucedió con el rechazo a la ley de amnistía, que ha sido el principal valedor de su compañero, Pablo Llarena, para perseguir hasta cualquier rincón del mundo a Carles Puigdemont. Y sólo se están mencionando algunos de los actos jurídicos más controvertidos de su carrera judicial, claramente situada en la derecha conservadora. Ahora se va, se jubila, y su vacante está generando una guerra entre los sectores de la judicatura. El progresista quiere cambiar las cosas en la sala de Lo Penal para convertirla en una instancia imparcial, y la derecha que desea mantener la situación que tan buenos resultados ha obtenido del mandado de Marchena.
El magistrado tiene decidido dejar la Presidencia de la sala de lo Penal justo cuando se cumplen cinco años de su segunda toma de posesión, aunque la ley le permite continuar en funciones hasta la elección de un nuevo presidente para esta sala clave, la única que puede enjuiciar a los aforados. Los candidatos a sucederle son Ana Ferrer, favorita del sector progresista, y Andrés Martínez Arrieta, que sustituirá temporalmente a Marchena en cuanto este deje el puesto por ser el magistrado más veterano de la Sala. El Consejo General del Poder Judicial ha convocado la plaza en su última resolución del 21 de octubre. Será la comisión de calificación la que deberá presentar una relación de candidatos. Aquí mismo se ha dicho que esta comisión está presidida por un vocal conservador, muy próximo al PP, el magistrado Ángel Luis Hurtado. Aunque entre sus miembros figuran destacados militantes progresistas, es evidente que la figura del juez Hurtado será determinante a la hora de decidir al “candidato idóneo”.
De momento, son dos. La magistrada Ana Ferrer, apoyada por los progresistas y la asociación a la que pertenece, Juezas y Jueces para la Democracia, y Andrés Martínez Arrieta, el miembro de mayor antigüedad dentro de la sala que, además, cuenta con el apoyo del sector conservador quien se ha encargado de calificarle de “juez progresista” para así blanquear su propuesta. Los magistrados que deseen presidir una sala del Supremo deben encontrarse en activo y contar con al menos tres años de servicios en la categoría. Los candidatos deben aportar una relación detallada de méritos sobre sus conocimientos jurídicos, un programa de actuación con sus iniciativas para mejorar el funcionamiento del órgano y una memoria con las resoluciones de especial interés que hayan dictado. El aspirante necesita el apoyo de tres quintos del CGPJ, por lo que debe poner de acuerdo a 13 de sus 21 miembros.
De momento, la derecha judicial ha dado sus pasos para neutralizar la designación de Ana Ferrer al frente de la sala de Lo Penal del TS. Manuel Marchena permanecerá al frente al menos hasta que haya un acuerdo sobre su sustituto. La ley se lo permite. El magistrado podría mantener la presidencia en funciones, como hace desde abril en la Sala de lo Civil Francisco Martín Castán, que se jubila el próximo 10 de noviembre. Pablo Lucas lidera la sala de lo Contencioso Administrativo de forma temporal desde el 31 de diciembre de 2022, Lo mismo ocurre en la Sala de lo Social. En este caso, la presidencia ha recaído en funciones en Rosa María Virolés primero y, desde julio del año pasado, en Antonio Sempere. Por lo tanto, todas las salas del Supremo, salvo la militar, se encuentran al mando de un juez en funciones. Así pues, no es de extrañar que se maniobre para que Marchena siga, al menos, durante unos cuantos meses más.
Y si ello no es posible, la alternativa es su sustitución por el miembro de la sala de mayor antigüedad. Arrieta seria designado en funciones, pero, desde su puesto, tendría más posibilidades de ser elegido. Y eso es lo que intenta neutralizar el sector progresista.
La batalla por la sucesión de Marchena al frente de la sala de Lo Penal del TS está abierta. La derecha judicial tiene todas sus cartas a su favor. Si Marchena, como todo parece indicar, rechaza seguir al frente, Martínez Arrieta será su sustituto, lo que pretende el sector conservador para dar argumentos suficientes al CGPJ para su nombramiento. La APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, que apuesta fuerte por su designación, se está encargando de hacer propaganda en la caverna mediática, calificando de progresista al magistrado que nunca se ha pronunciado por una opción determinada pero que siempre se ha posicionado a favor de las tesis mantenidas por Marchena.
Ana María Ferrer es el objetivo a neutralizar. Es la “bestia negra” de la judicatura. En las sentencias mas controvertidas como la de las condenas a los soberanistas catalanes y la ley de amnistía, ha emitido un voto particular posicionándose en contra con fundamentos considerados “asumibles” por parte de la mayoría de expertos jurídicos. Desde luego muy alejados de las posiciones más cercanas a las de carácter político expresadas en las resoluciones mayoritarias de la sala. Su militancia en la asociación progresista de los jueces la sitúa en la “lista negra” de la derecha judicial. De todas maneras, hay que recordar que Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, también pertenece a esa organización y, al final, contó con el consenso de la mayoría de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
En manos de esta institución está un nombramiento considerado fundamental para la judicatura. La presidencia de la sala de Lo Penal del TS es determinante para el devenir de las relaciones entre los tres poderes de este que dicen es el estado de derecho del país: el ejecutivo, legislativo y el judicial. Cualquier injerencia de uno de ellos en el otro supondrá una herida profunda en la democracia.