Siempre ocurre lo mismo con los jueces progresistas. Cuando evidencian que una causa puede afectarles personalmente se apartan. No como la derecha judicial que intenta a toda costa anular las recusaciones de sus miembros, la última ha sido la del ultraconservador, José María Macias, que ha tenido que ser apartado de las deliberaciones de los recursos de inconstitucionalidad contra le ley de amnistía. Macías está utilizando todos los mecanismos a su alcance para anular la decisión del pleno. No se quiere apartar a pesar de que siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial se pronunció abiertamente contra cualquier medida de gracia para los independentistas catalanes. Ahora quiere que se anule la admisión a trámite de los recursos de amparo de Dolores Delgado y Eduardo Esteban contra la decisión del Tribunal Supremo de anular sus nombramientos como fiscales de Memoria Democrática y Menores, respectivamente, alegando que la renuncia del presidente, Cándido Conde-Pumpido, a participar en los debates sobre estos asuntos no se ha llevado a cabo en el momento procesal oportuno.
Conde-Pumpido ha hecho lo mismo que hizo en su día otro magistrado, Juan Carlos Campo, quien renunció voluntariamente a participar en los debates sobre la ley de amnistía porque, en su día, se pronunció en contra de la medida de gracia. Ahora, al presidente del Constitucional no le parece adecuado participar en estos recursos de amparo porque se produce en aplicación de la norma que prevé la abstención cuando alguno o varios de los afectados por el procedimiento de que se trate figuró entre sus subordinados, como ocurre en este caso, en relación con la etapa en que fue fiscal general del Estado.
Con todo este gesto, tres magistrados conservadores han pedido la anulación de la admisión a trámite de estos recursos de amparo porque consideran que Conde-Pumpido participó en este trámite. Según el voto particular de Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, y José Marcía Macías, la abstención de Conde-Pumpido no había sido espontánea ya que fue consecuencia de la recusación planteada por el fiscal de Sala José Miguel de la Rosa, el cual "no se limitó plantear la recusación del magistrado" sino que también solicitó que se anulase su admisión a trámite. Es bastante probable que estos votos particulares no tengan mayor repercusión.
Dolores Delgado y Eduardo Esteban han pedido amparo al Constitucional para que la corte de garantías se pronuncie sobre la anulación de sus nombramientos como fiscales de sala, la primera de Memoria Democrática, y el segundo como titular de Menores. Se da la paradoja de que el fiscal que ha recusado a Conde-Pumpido es el mismo que presentó el recurso ante la sala de Lo Contencioso Administrativo del Supremo contra el nombramiento de Esteban. Dicha recusación ha quedado archivada al declararse su pérdida de objeto tras la renuncia de Conde-Pumpido. En la corte de garantías explican que el presidente ha aceptado aplicar a este caso la previsión legal, aunque no considera afectada su imparcialidad por el hecho de que un recurso de amparo afecte a alguno de 2.400 fiscales que integraban la fiscalía general del Estado cuando la dirigía, hace más de 10 años. El artículo 219.12 de la ley orgánica del Poder Judicial, referida a los jueces en general y aplicable al propio TC, estima como causa de abstención “ser o haber sido una de las partes subordinadas del juez que deba resolver la contienda litigiosa”.
Como fiscal general del Estado, el actual presidente del Constitucional tuvo relación jerárquica tanto con Eduardo Esteban como con José Miguel de la Rosa. Conde-Pumpido nombró a Esteban primero como fiscal del Constitucional, destino al que ha regresado al ser anulada su designación como fiscal de Sala del Supremo, y como fiscal jefe de Madrid. Durante su mandato al frente de la Fiscalía, por otra parte, De la Rosa estuvo adscrito a la secretaría técnica del fiscal general, donde se elaboran los documentos más relevantes del ministerio público. En fuentes jurídicas se estima que De la Rosa forma parte del grupo de fiscales que luchan activamente contra los miembros de la carrera significados como “progresistas”. Esos mismos que llevan a cabo la supuesta operación de acoso y derribo del actual titular, Álvaro García Ortiz. Nadie debe de olvidar que Cándido Conde-Pumpido fue el artífice de lo que en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura denominan “la escisión que dio origen a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia”. El actual presidente del Constitucional es otra de las “bestias negras” de la derecha judicial.
Le atribuyen sentencias como la de los Eres de Andalucía que ha anulado las condenas a los altos cargos de la Junta de Andalucía en materia de malversación de caudales argumentando que no se puede tipificar como delito un acto de aprobación presupuestaria avalado por el parlamento regional. En Génova no perdonan esta derrota de incalculables consecuencias políticas. Pero es que hay más. Los populares saben que una recusación en el seno del Tribunal Constitucional puede ser determinante a la hora de inclinar la balanza de una sentencia. Y hay dos asuntos, en estos momentos, en los que el Partido Popular está volcado a ese nivel: la constitucionalidad de la ley de amnistía y los nombramientos efectuados por García Ortiz.
Perder a uno de sus jueces, probablemente el más combativo, José María Macias, es importante para Génova aún a sabiendas de que la correlación de fuerzas sigue estando a favor de los progresistas. A pesar de haberse apartado Juan Carlos Campo en los debates sobre la constitucionalidad de la amnistía, los progresistas son mayoritarios, seis frente a los cinco conservadores. Y habiéndose apartado a Macías la composición queda en cinco y cuatro.
Aún así, nadie puede dar por ganado un debate en el seno del Tribunal Constitucional. La experiencia señala que los magistrados no se deben a la disciplina de voto por lo que la constitucionalidad de la ley de amnistía está en el aire. Lo que ocurre es que la derecha no se fía. De ahí que vaya a luchar hasta el final por tener mayoría suficiente en el pleno del TC. Una estrategia que contrasta con la actitud honrada de los progresistas. Su presidente prefiere apartarse del debate sobre el amparo solicitado por los que fueron sus subordinados. Y un magistrado reconoce su incapacidad para analizar una medida de la que se pronunció rotundamente en contra. Esa es la diferencia entre los dos sectores judiciales de este país