En este país poseemos una escasa, por no decir nula, educación jurídica democrática. No se respeta el principio de presunción de inocencia y, desde el momento en que una persona acude a la llamada de un juez, se da por segura su culpabilidad. Y entonces comienza una espiral en la que vale todo, incluso el linchamiento social. No sólo pasa en las actuales circunstancias, sino que ya ocurrió en el pasado. Se ha creado un sistema consistente en filtrar las actuaciones judiciales y manipularlas para que den la sensación de que hay evidencias suficientes como para condenar a los investigados que en la mayoría de ocasiones quedan desprotegidos y sin poderse defender. La opinión pública dicta sentencia. Y ocurre tanto con casos en los que se ven implicados miembros de la derecha como de la izquierda. Sucedió con Filesa en la época de Felipe González, luego con la Gürtel del PP y ahora con los casos de corrupción del entorno del PSOE. La prensa se olvida de que hasta que no hay una sentencia firme nadie puede culpabilizar a nadie.
Las “condenas del telediario” es un término acuñado por algunos analistas políticos que se quejan de la persecución que están sufriendo algunos implicados en causas judiciales cuando todavía no existe una condena en los tribunales, los únicos habilitados para dictar sentencia. Las tertulias en las radios y televisiones y los artículos de los periódicos y digitales cada vez con más frecuencia cruzan la línea roja del respeto a la presunción de inocencia. Al fiscal general del Estado y la fiscala jefa de Madrid les han organizado una campaña de linchamiento mediático que sobrepasa los límites de lo tolerable. Se pide abiertamente sus dimisiones, sobre todo la de Álvaro García Ortiz argumentando la necesidad de salvaguardar la imagen de España. Hasta los tertulianos afines ideológicamente a la izquierda, como el politólogo Pablo Simón, dejando claro que “nadie está diciendo que sea culpable”, a renglón seguido cree necesario que dimita, “porque el daño a la institución es enorme, sea justo o injusto. Por el principio de jerarquía, vamos a tener un fiscal inferior que va a ser el que va a conducir una investigación sobre su propio superior, y esto ya genera dificultades. Y, por último, el propio derecho del señor Ortiz a defenderse, que se ve en una situación de menoscabo mientras continúe siendo fiscal general del Estado. Por lo tanto, tiene que dar un paso atrás".
Y ese es sólo un ejemplo de lo que se dice en las tertulias donde se tratan los temas jurídicos de manera muy superficial. Porque supongamos que García Ortiz se echa a un lado siguiendo los consejos de los tertulianos, sean de derechas o de izquierdas. Si el Supremo, o las instancias jurídicas a las que puede acudir, amparo del Constitucional o Tribunal Superior de Justicia de la UE, lo absuelven, ¿cómo se podrá resarcir el daño causado a su trayectoria? Estos días se está hablando mucho de esos errores judiciales que les ha costado a inocentes años de cárcel y cuya reputación no ha sido reparada hasta el punto de que, decepcionados, se han marchado del país buscando lugares donde no sean reconocidos por lo que se les juzgó. Porque aquí ya han quedado señalados.
Y lo peor no es eso. La derecha ha descubierto un camino para perseguir a sus oponentes que pasa por los juzgados. Una denuncia basada en recortes de prensa, presentada por el seudosindicato Manos Limpias dio la oportunidad a un juez instructor de Madrid, Juan Carlos Peinado, cuya hija es concejala del PP, a abrir una investigación judicial contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Hasta el momento, el juez no ha encontrado indicio alguno para acusarla de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida, o falsedad documental, los delitos que investiga y que se sostienen en base a unas informaciones periodísticas cuyos autores han matizado en sede judicial. La doctrina del Tribunal Supremo al respecto es contundente. No se puede investigar una conducta basándose en informaciones periodísticas no contrastadas. Y Peinado lo está haciendo encima con el aval de sus compañeros de la Audiencia de Madrid. Una oportunidad para desgastar al gobierno progresista que la derecha no quiere perder. Y para ello se acoge a una figura que empieza a estar muy controvertida en el ordenamiento jurídico, la llamada “acusación popular”, contemplada en la Constitución, pero cuyos efectos se han pervertido hasta el punto de que todos los datos disponibles en el sumario se utilizan, posteriormente, en las tertulias y artículos de opinión para declarar culpables. Así son las condenas de los telediarios. En el caso de Begoña Gómez dos importantes personalidades del mundo de la educación, Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan José Güemes, CEO del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, fueron imputados. La Audiencia Provincial anuló esta imputación, pero hasta que eso ocurrió, la caverna mediática prácticamente les atribuyó todo tipo de actuación delictiva. Güemes un cualificado ex alto cargo del PP, que estuvo implicado en la operación Púnica, aparecía como cómplice por haber contratado a la “corrupta” Gómez, extremo que tuvo que ser desmentido.
La caverna mediática, que colabora activamente con la derecha judicial y con las asociaciones ultraderechistas, se encarga de cuestionar la reputación de todos los que acaban por pasar por el juzgado, sea como investigados o como testigos. De los periodistas que han asegurado haber recibido el famoso correo de González Amador mucho antes de que estuviera en manos de García Ortiz señalan que están pagados por Moncloa, que pertenecen a medios afines a la izquierda y poco más que los sitúan como cómplices de una actividad delictiva. Es una situación paralela, salvando las distancias, a la del novio de Díaz Ayuso que se queja de estar sufriendo un “linchamiento mediático”, como también el hermano de Pedro Sánchez, el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el actual titular de la administración autonómica, Carlos Mazón o su exconsejera de interior, Salomé Pradas.
El cuarto poder ha traspasado las líneas rojas. Hace falta una autorregulación de la profesión porque, entre bulos, el escaso rigor y las descalificaciones gratuitas o condenas del telediario, se ha generado un clima irrespirable en este país cuyas consecuencias son imprevisibles.