El Congreso de los Diputados ha aprobado iniciar los trámites para reformar la ley orgánica del Poder Judicial y CGPJrenovar así el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La votación ha sido el primer paso en un proceso que busca resolver un bloqueo que ha durado más de cinco años. A pesar del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la sesión plenaria estuvo marcada por fuertes críticas y ataques entre ambos partidos y sus respectivos aliados.
Este jueves, el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la iniciativa para reformar la ley que regula el órgano de gobierno de los jueces y la Fiscalía. La tramitación se llevará a cabo por la vía de urgencia, con el objetivo de aprobar la reforma antes de que termine julio. La propuesta contó con 258 votos a favor, 43 en contra y 33 abstenciones, entre ellas las de Sumar. Algunos socios habituales del Gobierno, como Podemos y EH Bildu, junto con Vox, votaron en contra.
Críticas mutuas entre PP y PSOE
Aunque PP y PSOE lograron un acuerdo para desbloquear la situación del CGPJ, las críticas mutuas no cesaron durante el debate. Miguel Tellado, portavoz del PP, acusó al presidente Pedro Sánchez de populismo y de buscar un poder sin límites. Tellado defendió que el PP ha puesto límites al populismo de Sánchez, afirmando que su partido ha sido un freno decisivo desde la oposición.
Por su parte, Patxi López, portavoz del PSOE, reprochó al PP sus excusas y vetos durante más de cinco años de bloqueo. López destacó que el PP finalmente cumple con la Constitución después de múltiples incumplimientos y criticó la falta de consistencia del partido al apoyar las instituciones solo cuando les favorecen.
El PP pide el despliegue del ejecito para parar la migración
En un giro sorprendente, el PP solicitó el despliegue de las Fuerzas Armadas para contener la llegada de inmigrantes, lo que generó aún más controversia. López respondió tajantemente, cuestionando si la solución del PP era realmente desplegar barcos militares en el Atlántico para impedir la llegada de inmigrantes. Esta propuesta fue vista por muchos como una medida extrema y desproporcionada.
El debate también evidenció la división entre el PSOE y sus aliados. Enrique Santiago, de Sumar, apoyó la renovación del CGPJ, pero criticó la propuesta de ley por no abordar suficientemente la guerra jurídica contra ciertos sectores políticos. Santiago lamentó que la proposición de ley pactada por PSOE y PP se conociera solo una vez registrada y que el texto tuviera deficiencias que podrían frustrar la regeneración de la Justicia.
Ione Belarra, de Podemos, fue más contundente y pidió al PSOE romper el acuerdo con el PP. Belarra argumentó que el pacto legitima la guerra sucia judicial contra Podemos y los partidos independentistas, y llamó a recomponer la mayoría democrática que apoyó la investidura de Sánchez.
La resistencia de los aliados soberanistas
Las formaciones de la izquierda soberanista, como ERC, Bildu y el BNG, escenificaron su rechazo al pacto negándose a participar en la votación. Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, criticó que el acuerdo no enfrentaba el problema de base: la instrumentalización de la justicia para criminalizar a los independentistas y a la izquierda española.
El papel de Vox
Pepa Millán, portavoz de Vox, cargó contra el acuerdo y acusó al PP y PSOE de repartirse a los jueces y de tomarle el pelo a la gente. Vox criticó que el pacto favorece al Gobierno de Sánchez y no beneficia a la Justicia. Este partido ha sido particularmente vocal en su oposición a cualquier reforma que no alineara con su visión de una justicia independiente y libre de influencias políticas.
La sesión en el Congreso de los Diputados para la renovación del CGPJ ha puesto de manifiesto las profundas divisiones políticas en España. A pesar del acuerdo entre PP y PSOE, la tensión y las críticas mutuas, así como la oposición de otros partidos, evidencian un escenario político complejo y polarizado.
Tramitación parlamentaria
Al haber superado la votación de toma en consideración, el texto se remitirá a la comisión competente y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad y al articulado, como fija el artículo 126.5 del Reglamento del Congreso.
En el caso de que se presentaran enmiendas a la totalidad, que solo pueden ser de texto alternativo, se celebrará el debate de totalidad. Una vez celebrado el debate, y si estas enmiendas fueran rechazadas, continuaría su tramitación hasta su aprobación por la Cámara Baja. Al tratarse de una Proposición de Ley Orgánica, el texto deberá superar una votación final de conjunto ante el Pleno del Congreso en la que es necesaria la mayoría absoluta para que la norma quede aprobada.
Posteriormente, el texto aprobado por el Congreso se remite al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al Congreso.