No va a haber “choque de trenes” entre el Tribunal Constitucional y el Supremo. La corte de garantías que preside Conde-Pumpido deja claro, en el borrador sobre la ley de Amnistía, que su única competencia es declarar si la norma encaja en la carta magna. La derecha se ha apresurado a decir que “será constitucional, pero es injusta” y sigue atizando el fuego para enfrentar a los miembros del poder judicial con la institución. Insisten en que la norma vulnera el principio de igualdad y la separación de poderes. En el Supremo guardan una elemental prudencia, sobre todo porque lo que se ha filtrado a la prensa es un borrador que deberá ser estudiado por el pleno pero algunos miembros de la sala de Lo Penal, en privado, consideran positivos los argumentos de que los objetivos políticos esgrimidos por la derecha no son materia de examen de los magistrados y que las cuestiones sobre si la legislación se adapta a la normativa europea no es de su competencia, sino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Interpretan esas fuentes que el organismo no quiere entrar en los fundamentos expresados en los autos del TS en los que rechazan aplicar la medida de gracia al delito de malversación. En ese sentido, el TC no entra a valorar por dos razones, porque será objeto de análisis en posteriores sentencias de recursos que hacen referencia al asunto y porque quiere restar el mayor número posible de argumentos a los que les están atacando.
En la derecha, tanto la política como la mediática y la judicial, insisten en que la amnistía vulnera el principio de separación de poderes, pero en el borrador no hay ninguna mención que permita deducir que los magistrados se inmiscuyen en la labor de los jueces. Un sector de la sala de Lo Penal, que opina radicalmente diferente a los compañeros que hacen una lectura positiva del borrador, dicen que tienen el convencimiento jurídico de que la ley “no tenía encaje en la carta magna” y se agarran al auto en el que han solicitado una cuestión de inconstitucionalidad, “ no sólo porque el poder ejecutivo modifica sin autorización constitucional expresa la capacidad de decisión que tiene el poder judicial sino también porque no responde a intereses generales “. Por lo tanto, será cuando se analice esa cuestión de inconstitucionalidad presentada por la sala de Lo Penal cuando se sabrá si existen diferencias entre unos jueces y otros. Pero lo que parece estar claro es que en la cámara de garantías no quieren un enfrentamiento.
Porque ese choque de trenes del que se ha hablado en repetidas ocasiones no beneficia más que a la derecha judicial que sigue transmitiendo la idea de que Conde-Pumpido y los suyos reciben ordenes directas de Moncloa, son una correa de transmisión del poder ejecutivo. El borrador elaborado por la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, intenta desmarcarse de esa tesis, pero da unas pistas de lo que se va a decir en las próximas resoluciones donde se pronunciarán sobre los argumentos del Supremo. Según se dice en el borrador, la norma es proporcionada con respecto al objetivo perseguido: “superar las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña”. Por lo tanto, en el borrador ya se rechaza la tesis de la sala de Lo Penal de que la LOA “no responde a un interés general”. La ponente destaca, asimismo, que “aun cuando pueda discreparse” de la amnistía, “no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y de la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas, para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña”. Descarta, por lo tanto, cualquier arbitrariedad.
En cuanto a la tan traída y llevada vulneración de la separación de poderes, el borrador manifiesta la preeminencia “en un sistema como el nuestro” de la labor del Parlamento. Precisa que el trabajo del juez es el de “juzgar y ejecutar lo juzgado con pleno sometimiento a la Constitución y al imperio de la ley. Por tanto, la independencia judicial tiene su fundamento en garantizar una única dependencia: la del juez respecto del Derecho. Es el legislador el que define el alcance y las condiciones del ejercicio jurisdiccional, de modo que la exclusividad judicial coexiste con la potestad legislativa de configuración del proceso”. Y hay un párrafo concreto donde se deja claro lo que predomina en los poderes del estado de derecho: “la concesión de una amnistía, entendiendo esta institución en los términos en los que se acaba de indicar, no supone ni juzgar ni ejecutar lo juzgado”. En resumen, el legislador puede “otorgar una amnistía, entendiendo por tal aquella norma que extingue las responsabilidades de carácter punitivo o represivo derivadas de la comisión de hechos ilícitos solo proetérito [limitado al pasado], pues las conductas amnistiadas siguen siendo punibles pro-futuro”. Es un aviso a navegantes. Aquí quien legisla es el Parlamento, no como entienden algunos el protagonismo de los jueces en materia normativa. El TC es claro el respecto. También, que la tesis de que esta amnistía puede suponer el perdón de futuros delitos de la misma naturaleza, en otras palabras, de nuevas acciones independentistas, no es asumible por la ley aprobada hace ahora un año.
Otro de los puntos controvertidos, la adaptación del texto a la normativa europea, el TC deja clara que su labor es sólo la de evaluar si los textos sometidos a su examen encajan en la Constitución. Y en ese mismo sentido es muy claro el proyecto de sentencia cuando dice que “las intenciones del legislador, su estrategia política o su propósito último no constituyen, como es evidente, objeto de nuestro control”.
La corte de garantías a lo suyo. A evaluar la constitucionalidad de las normas que son objeto de recursos. Lo demás es intentar enfrentarla con los poderes. Ya lo denunció su presidente, Cándido Conde Pumpido, cuando manifestó que estaban recibiendo “fuertes presiones” del exterior. Pero el presidente, experimentado jurista en todas sus facetas como juez del Tribunal Supremo y como fiscal, tiene muy claro que no va a entrar en enfrentamientos. La derecha judicial tendrá que buscar otras alternativas a su estrategia de desgaste porque el Constitucional no va a entrar en su batalla.