El Tribunal Constitucional lo ha dejado claro. La carta magna diseñó un procedimiento legislativo en el que el Congreso adopta un papel preeminente frente al Senado y este último actúa como cámara de segunda lectura. Por lo tanto, anula el artículo 132.2 de su reglamento que permitió al Partido Popular, con mayoría absoluta, retrasar la tramitación de la ley de amnistía. Esta reforma posibilitó a los populares ampliar de 20 días a dos meses el plazo para tramitar la normativa que borró los delitos del desafío independentista catalán. Dicha reforma se interpretó como un intento de los conservadores de dotar a la institución de un papel protagonista que no le corresponde. La mesa del Senado está elaborando un nuevo reglamento en el que intenta, de nuevo, profundizar las condiciones para poder situarse por encima del Congreso convirtiendo el Senado en una cámara de oposición al gobierno. Y lo peor es que cuenta con el apoyo de la letrada de las Cortes Generales quien defendió la reforma del reglamento al asegurar que existe una “laguna constitucional” que el PP podía completar con un cambio en el funcionamiento de la Cámara.
El Partido Popular ha vuelto a poner de manifiesto su intención de seguir modificando el reglamento para convertirlo en un elemento más de la oposición al ejecutivo central y, en la práctica, equiparar su peso legislativo al del Congreso de los diputados. Para los conservadores, sigue existiendo esa laguna legal a pesar de que el Constitucional deja clara la distribución de competencias. Es el Congreso la cámara con competencias de materia de iniciativas legislativas, sean proyectos de ley procedentes del consejo de ministros, o proposiciones de los grupos representados en la cámara.
La interpretación de esta maniobra de los conservadores es clara. Intentan convertir el Senado en una institución prioritaria en el poder legislativo lo que les permitiría vetar los proyectos de ley aprobados en el Congreso. Las matemáticas con sencillas. En el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta mientras que en el Congreso se encuentra en minoría y, a pesar de las dificultades del gobierno progresista para sacar adelante sus iniciativas al no contar, a priori, con el voto de los socios que auparon a Pedro Sánchez a la presidencia, un elevado número de proyectos de ley están saliendo adelante. El Senado tiene, entonces, la posibilidad de vetar y devolver el texto aprobado. Si los senadores del PP logran modificar el reglamento saben que, al menos, lograrán retrasar el trámite. Y esa es la clave del contencioso que ha tenido que resolver la corte de garantías donde se deja claro que el Senado es “una cámara de segunda lectura” y sus competencias exclusivas se circunscriben a aquellas que tengan que ver con las administraciones territoriales.
En la sentencia aprobada en pleno con los votos de los siete vocales progresistas y la oposición de los cuatro conservadores se dice textualmente que la reforma del reglamento del Senado “tenía por objeto saltarse el diseño bicameral diseñado por la Constitución” y darle al Senado, en definitiva, más presencia de la que tiene en el proceso de tramitación de una ley por encima de “la preeminencia del Congreso de los Diputados sobre el Senado, que actúa como Cámara de segunda lectura”. El Congreso tiene “prioridad” en los procesos legislativos y su decisión de declarar urgente el trámite de una norma es “vinculante para el Senado”.
Los conservadores no van a claudicar a pesar de la sentencia de la corte de garantías, y están elaborando un nuevo reglamento para convertirlo en un elemento más de oposición al gobierno. En el borrador se incluyen fórmulas para interferir las leyes que se están tramitando en el Congreso y el incremento de las sesiones de control al gobierno obligando a su presidente a comparecer “al menos una vez al mes”. También expone la posibilidad de que los senadores puedan plantear un “conflicto de atribuciones” con el Congreso si consideran que la tramitación de una proposición de ley se demora “de forma injustificada”.
Son fórmulas para dotar de mayores competencias al Senado para instrumentalizar la cámara alta. Son inconstitucionales ya que la carta magna deja bien claras las atribuciones de cada una de las instituciones. Pero la iniciativa pepera no deja de abrir un nuevo foco de polémica porque nunca se ha aclarado el papel de la cámara alta. Se han intentado varias reformas constitucionales sin éxito hasta el momento.
Parece claro que el Senado deberá convertirse, más temprano que tarde, en una cámara de representación territorial con competencias que afectan a las autonomías. A la conferencia de presidentes no acuden todos los titulares y sus debates no prosperan en propuestas concretas. En cuanto a la segunda lectura de las leyes aprobadas en el Congreso, el Senado se ha convertido en una instancia de oposición frontal. La mayoría absoluta del Partido Popular y, sobre todo, la actitud del presidente de la cámara, el popular Pedro Rollán, impiden cualquier posibilidad de acuerdo parlamentario.
Intentar convertirse en una cámara de oposición a las iniciativas de los diputados no tiene posibilidad alguna de éxito por mucho que intenten paralizarlas utilizando el sistema de plazos. La Constitución es muy clara al respecto, y los encargados de interpretarla, los jueces del TC, se han encargado de recordársela a la mismísima letrada general de las Cortes. Los cuatro magistrados conservadores del TC, en su voto particular, se refieren a las lagunas en la carta magna sobre la prioridad de los procesos legislativos. Los juristas, en cambio, no dudan de que el texto legal es muy claro al respecto, y no existen esas “lagunas”. El poder legislativo español se basa en un sistema bicameral en el cual el Congreso de los diputados es la cámara dedicada a las iniciativas legislativas y el Senado, como instancia de representación territorial, se limita a efectuar una segunda lectura en las condiciones establecidas en la norma. Es imposible hacer lo que pretenden los conservadores: un gobierno en la sombra en la plaza de la Marina Española. Seria un nuevo intento de golpe de mano por parte de la derecha. Demasiados cuando la mayoría de la sociedad civil ya la controlan.