Desde que el Senado designó, a propuesta del PP, al “halcón” José María Macias para ocupar la vacante del Tribunal Constitucional la polarización se ha hecho cada vez más evidente en el seno de la corte de garantías. Ahora, con el debate sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, el enfrentamiento entre los dos bloques ha ido a mayores. La mayoría progresista ha logrado recusar a Macías que no podrá intervenir en el debate sobre este asunto por su posicionamiento cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial. Se le aparta de las ponencias que resolverán los recursos de las comunidades autónomas, del Partido Popular, y tal vez el más trascendente, la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo donde se debe de entrar en el fondo de la cuestión.
El bloque conservador del TC rechaza tajantemente la resolución mediante la cual procede a la recusación de José María Macías en los debates sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Los discrepantes argumentan que hay “cuatro miembros que fueron vocales del CGPJ” y sostienen que “apartar a tales magistrados contra su voluntad por haber emitido opiniones jurídicas en el marco de las funciones consultivas atribuidas a dicho órgano constitucional afecta a la garantía de independencia con la que debe desempeñarse la función de vocal del consejo y puede producir un efecto de desaliento en el ejercicio de las importantes funciones consultivas que dicho órgano está llamado a realizar”. Unos votos particulares sesgados, por tres razones.
En primer lugar, la resolución del Consejo General del Poder Judicial en contra de la ley de amnistía no se llevó a cabo “en funciones consultivas”. Es verdad que el órgano de los jueces, según la legislación vigente, está capacitado para emitir informes sobre normas siempre que éstas procedan del Consejo de ministros. Si son proposiciones parlamentarias, el consejo no está habilitado para emitir dictámenes.
En segundo lugar, el CGPJ emitió dos informes. En el primero de ellos ni siquiera se había presentado el proyecto de ley por lo que se desconocía su contenido. Suscribir un dictamen en contra de algo que no ha sido debatido parlamentariamente no tiene sentido por mucho que sea un pronunciamiento sobre una medida de gracia. Es cierto que la Constitución prohíbe la amnistía formulada como “un indulto general”. Sobre ello ha habido, hay, y habrá, diversas opiniones enfrentadas de expertos juristas. Incluso el propio TC se ha pronunciado a favor de este tipo de decisiones siempre que se adopten en el ámbito político. Por lo tanto, la opinión del CGPJ contraria al término “amnistía” no tiene ningún valor. Es simplemente una opinión de un bloque afín al Partido Popular ya que ni siquiera se aprobó por unanimidad. Los progresistas se plantaron y ni siquiera estuvieron presentes en los debates y votaciones.
Pero es que, además, el CGPJ que aprobó esos dos informes contrarios a la ley de amnistía llevaba cinco años caducado. Si bien podía ejercer cierto tipo de funciones, éstas se encontraban limitadas por el decreto-ley de marzo de 2022. No podían designar jueces de las instancias superiores y tampoco adoptar decisiones disciplinarias de trascendencia. Sus resoluciones tenían sólo un valor testimonial y, además, se aprobaban por una mayoría de vocales que no se correspondía con la realidad política del país a pesar del bloqueo que mantenían los populares que convirtieron la institución en un organismo prácticamente inoperante, en una correa de transmisión de las consignas de Génova.
Los conservadores argumentan que en anteriores ocasiones el pleno del Constitucional se ha pronunciado en contra de recusaciones de jueces que mantuvieron opiniones divergentes sobre los temas que se iban a tratar. Tal es el caso de Concepción Espejel con la constitucionalidad de la ley de interrupción del embarazo. En febrero del 2023, el TC rechazó que la magistrada conservadora se abstuviera de la deliberación sobre el recurso a la ley del aborto. Espejel explicó entonces que, como miembro de la comisión de estudios e informes del CGPJ, había redactado un informe con varios compañeros que se posicionaba contrario al encaje jurídico de la ley. Un argumento de peso pero que no ha sido tenido en cuenta.
Los discrepantes conservadores, César Tolosa, la propia concepción Espejel, y Enrique Arnaldo no tienen en cuenta que ha sido el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que ha recusado a Macías. Y tiene sus motivos. Entre otros que el juez apartado empleó argumentos muy duros contra él cuando elaboró el informe del CGPJ en el que este organismo se pronunció en contra de su nombramiento. Pero es que, además, Macías no fue uno más de los que votaron en contra de la amnistía. Se le atribuye ser el inspirador, incluso el redactor, de los dos informes contrarios a la medida de gracia mientras que Espejel sólo era una integrante más de la comisión del consejo.
La derecha judicial expone otro argumento. Uno de jueces progresistas, el exministro Juan Carlos Campo, se ha apartado voluntariamente porque se considera beligerante con la norma. Campo, cuando el gobierno aprobó el indulto a los condenados del procès, se mostró abiertamente “contrario a la amnistía”. Ahora no ha hecho falta recusación en su caso. Se ha apartado voluntariamente. Con su baja, la correlación de fuerzas en el pleno quedaba en seis jueces progresistas y cinco conservadores. Las sentencias de los recursos deben ser aprobadas por mayoría simple. El sistema de votación obliga a que sea el presidente el último en pronunciarse. Y, en caso de empate, el voto de Cándido Conde-Pumpido habría sido determinante. La derecha judicial cree que el exjuez del Tribunal Supremo se habría visto comprometido políticamente. De ahí que apartar a un integrante del bloque conservador haya resuelto el problema.
En su entorno rechazan tal argumento. Piensan que quien lo ha expuesto no conoce la personalidad del presidente del TC. Y eso es cierto. Cándido Conde-Pumpido se pronunciará sobre la ley de amnistía en función de los fundamentos jurídicos que elaboren los ponentes de los recursos. No va a admitir ninguna consigna por mucho que estén en juego cuestiones políticas. Es un juez, y eso no se le debe olvidar a la derecha por mucho que sea progresista. Algo que no ocurre con sus miembros para los que la consigna es sagrada.