Cada día, en el ecosistema político-judicial español, se reproduce un fenómeno que ha dejado de ser anecdótico para convertirse en patrón estructural: la instrumentalización del derecho como herramienta de intervención política. Magistrados como Juan Carlos Peinado, Carmen Biedma o Manuel García-Castellón Hurtado se han convertido en figuras recurrentes en una narrativa jurídica que exhibe, con creciente claridad, una alineación preocupante entre resoluciones judiciales y directrices ideológicas emanadas del entorno conservador.
Desde hace meses, distintos sectores del ámbito jurídico y político observan con inquietud el comportamiento de determinados juzgados, cuyas actuaciones parecen responder más a estrategias de erosión institucional que al ejercicio independiente de la función jurisdiccional. El denominador común de varias de estas actuaciones es su convergencia con los intereses doctrinales de FAES, el laboratorio ideológico de la derecha que, bajo la figura de José María Aznar, continúa operando con notable influencia sobre los engranajes del poder conservador. La expresión atribuida al expresidente, "el que pueda hacer, que haga", actúa en ese contexto como consigna tácita de movilización, incluso dentro de las estructuras judiciales.
La figura del juez Peinado, al frente de causas de alto impacto mediático, ha sido objeto de numerosas críticas por resoluciones de dudoso encaje técnico, especialmente en lo relativo al uso del derecho penal como mecanismo de desgaste político. Las decisiones adoptadas en procedimientos instruidos por Biedma, por su parte, evidencian una tendencia reiterada a utilizar conceptos jurídicos indeterminados para justificar medidas excepcionalmente duras, orientadas de forma casi exclusiva contra actores vinculados al bloque progresista. En el caso de Hurtado, los autos firmados en los últimos meses revelan una lectura del derecho procesal orientada a maximizar la exposición pública de figuras políticas seleccionadas, mediante filtraciones selectivas o argumentaciones infundadas jurídicamente.
Este fenómeno, que varios juristas ya califican como "activismo togado", produce efectos directos en la percepción pública de la independencia judicial. La reiteración de decisiones sesgadas en un mismo sentido, unida a la filtración estratégica de actuaciones sumarias aún bajo secreto, alimenta la sospecha de que ciertos operadores judiciales están más preocupados por el equilibrio político que por el rigor técnico.
Riesgo sistémico para el Estado de Derecho
El deterioro institucional no se limita a los titulares: se refleja en la creciente desconfianza ciudadana hacia el poder judicial, un órgano constitucional cuya legitimidad descansa, precisamente, en su neutralidad. La pérdida de esta percepción de imparcialidad conlleva un riesgo sistémico para el Estado de Derecho, al abrir la puerta a un uso faccioso de la ley como arma política.
La separación de poderes, uno de los pilares de toda democracia avanzada, requiere no solo la independencia formal de jueces y magistrados, sino también la apariencia —y la práctica efectiva— de que sus decisiones se adoptan sin sujeción a intereses ajenos al proceso judicial. Cuando esta condición se vulnera de forma sistemática, el derecho deja de ser un marco común de convivencia para convertirse en un instrumento de disputa.
La situación actual, lejos de constituir un episodio aislado, confirma la existencia de un esquema operativo que combina estrategia política, poder mediático y aparato judicial. La confluencia entre estas esferas configura una arquitectura de control cuya finalidad no es ya garantizar justicia, sino condicionar la agenda pública mediante resoluciones que actúan como mensajes políticos camuflados en lenguaje jurídico.
En este contexto, resulta imprescindible que los órganos de gobierno del poder judicial, los colegios profesionales y las instancias académicas asuman un rol más activo en la defensa del Estado de Derecho. Lo contrario supondría naturalizar una deriva que no solo desvirtúa la función jurisdiccional, sino que compromete la credibilidad del sistema democrático en su conjunto.