La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de duras críticas tras su negativa a reconocer oficialmente el pasado represivo de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña, durante la dictadura franquista. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha denunciado que el Gobierno regional destina recursos públicos a impedir que se señalice el edificio como lugar de memoria democrática, ocultando así la historia de represión y tortura que se vivió en sus sótanos.
Un pasado silenciado: la Real Casa de Correos y la represión franquista
El edificio de la Puerta del Sol fue, durante décadas, la sede de la Dirección General de Seguridad (DGS), epicentro de la represión franquista. Miles de personas, incluidos estudiantes, activistas políticos, homosexuales y cualquier disidente del régimen, fueron detenidos y torturados en sus calabozos. Emilio Silva, presidente de la ARMH, subraya que "no se trata de lo que opinen Díaz Ayuso o Pedro Sánchez, sino de no esconder la historia". La ARMH ha solicitado reiteradamente que se coloque una placa conmemorativa en la fachada del edificio para reconocer a las víctimas, e incluso ha ofrecido donarla sin coste alguno.
La negativa del Gobierno madrileño
Díaz Ayuso ha calificado de "barbaridad" vincular el edificio con la represión franquista, argumentando que su historia abarca más de 250 años y que no se puede reducir a su uso durante la dictadura. La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones contra la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática, y ha impulsado medidas legales para impedir la instalación de cualquier placa sin la autorización del Gobierno regional. Esta postura ha sido tachada de censura por parte de asociaciones de memoria histórica y víctimas de la dictadura.
El peso de la memoria
Supervivientes de la represión, como Jesús Rodríguez, quien fue detenido y torturado en 1974, insisten en la necesidad de reconocer el pasado represivo del edificio. Rodríguez señala que "no se puede negar que fue un centro de tortura" y critica que se pretenda ocultar esa parte de la historia. Historiadores como Pablo Alcántara destacan que la DGS fue el núcleo de la represión franquista y consideran imprescindible que un Estado democrático reconozca esos hechos.
Organizaciones de memoria histórica han recordado que otros países han sabido enfrentar su pasado represivo. Portugal cuenta con el Museo do Aljube en Lisboa y Argentina ha transformado la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en un centro de memoria. Sin embargo, en España, lugares como la Real Casa de Correos siguen sin reconocer oficialmente su papel en la represión. La ARMH exige que se coloque una placa y se reconstruya una celda de tortura como herramienta pedagógica para recordar y condenar lo ocurrido.
La controversia no solo enfrenta a Díaz Ayuso con el Gobierno central, sino que también pone en cuestión el compromiso democrático de las instituciones. La ARMH y otras organizaciones insisten en que reconocer el pasado represivo no es una cuestión partidista, sino un deber moral y democrático. La negativa de Ayuso a admitir este pasado ha generado un amplio rechazo social y ha reavivado el debate sobre cómo debe España enfrentar su memoria histórica.
Recordar para no repetir
La negativa de Isabel Díaz Ayuso a reconocer el pasado represivo de la Real Casa de Correos ha encendido el debate sobre la memoria histórica en España. Mientras las víctimas y asociaciones exigen un reconocimiento público de los crímenes franquistas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se aferra a un discurso que minimiza esa parte de la historia. La memoria de quienes sufrieron represión sigue esperando justicia y reconocimiento, recordando que un país que no enfrenta su pasado está condenado a repetir sus errores.