La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continúa sorteando responsabilidades con declaraciones cada vez más incendiarias en la Asamblea de Madrid. En su intervención más reciente, Ayuso desvió la atención de las críticas hacia su gestión durante la pandemia y arremetió contra las iniciativas judiciales que buscan justicia por las miles de muertes en residencias de mayores bajo el protocolo de exclusión hospitalaria de su gobierno.
"No sé de dónde sacan tanto dinero para financiar esas demandas", afirmó con desdén, en referencia a las familias que han llevado a los tribunales la gestión de Ayuso durante la fase más dura de la pandemia. Estas palabras no solo faltan al respeto a los afectados, sino que intentan banalizar la búsqueda legítima de justicia por parte de quienes perdieron a sus seres queridos en circunstancias tan trágicas.
El protocolo que nunca se justificó
En abril de 2020, el Gobierno de Ayuso implementó un protocolo que prohibía el traslado de mayores de residencias a hospitales si sufrían determinadas patologías o grados de dependencia. Este documento, firmado por el entonces consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, contribuyó a la cifra de 7.291 muertes en residencias de mayores en Madrid, según datos oficiales. Lo más grave es que ni Ayuso ni su gobierno han asumido responsabilidad alguna, refugiándose en resoluciones judiciales parciales que aún no han cerrado el debate ético ni político sobre su actuación.
Ayuso insiste en que la oposición "retuerce el dolor de las víctimas", pero es ella quien ha intentado desprestigiar el clamor de las familias y el trabajo de los jueces, utilizando argumentos cuestionables. La presidenta olvida que las demandas no buscan revancha política, sino la verdad que ella y su administración se han esforzado por ocultar.
Aldama, Sánchez y el manual de distracción
En la misma sesión, Ayuso volvió a recurrir a su estrategia habitual de desviar la atención hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este caso, utilizó la declaración voluntaria de Víctor de Aldama, implicado en el 'caso Koldo', para sugerir que es Sánchez quien debe demostrar su inocencia, no al revés. Ayuso afirmó que "la frase 'si quieren algo que me lo pidan' perseguirá a Sánchez el resto de su vida", olvidando que no son acusaciones infundadas las que sostienen un caso, sino pruebas.
Este tipo de declaraciones no solo revelan una falta de seriedad política, sino que buscan perpetuar una narrativa donde Ayuso siempre aparece como víctima de la oposición o del gobierno central. Sin embargo, es Aldama, y no Sánchez, quien está obligado a justificar sus afirmaciones ante el juez. Ayuso, al insistir en este asunto, no solo demuestra su incapacidad para centrarse en la política regional, sino también un desprecio por la inteligencia de los madrileños.
La sanidad pública: la gran víctima de su modelo privatizador
Aunque Ayuso hizo un guiño hacia la importancia de MUFACE al criticar a los sindicatos por su falta de apoyo a los funcionarios, esta referencia no es suficiente para lavar su imagen. La realidad es que la sanidad pública madrileña, bajo su mandato, está en una crisis sin precedentes. Las listas de espera quirúrgicas y de consultas han alcanzado cifras récord, y el déficit de personal médico es alarmante.
El guiño a MUFACE puede ser oportuno, pero no exime a Ayuso de su responsabilidad en el deterioro de la atención sanitaria pública en Madrid, resultado directo de su modelo privatizador y su falta de inversión en recursos humanos y materiales.
El protocolo de las residencias: un caso de infamia histórica
Las palabras de Ayuso sobre el dinero invertido en demandas judiciales no solo son inapropiadas, sino que subestiman la magnitud del dolor colectivo. Las familias de las víctimas del protocolo de las residencias no buscan compensaciones económicas, sino justicia y reparación. Estas personas representan a miles de madrileños que vieron cómo sus familiares mayores murieron solos y desatendidos, víctimas de una decisión política que priorizó la economía sobre la salud.
El desprecio hacia estas familias, al sugerir que tienen oscuros intereses económicos detrás, refleja una actitud insensible y cínica por parte de la presidenta madrileña. Su negativa a admitir errores no solo la aleja de los ciudadanos, sino que erosiona la confianza en las instituciones que ella misma representa.
Ayuso contra Ayuso: el doble rasero
Lo más llamativo es que Ayuso acusa a otros de "operar al margen de la ley", mientras su gobierno ha sido señalado por casos de corrupción y por la opacidad en la gestión de fondos públicos durante la pandemia. La presidenta no tiene reparos en usar términos como "mercado persa" para referirse al Congreso, mientras ignora las sombras que rodean las adjudicaciones de su administración, incluidas las vinculadas a su propio hermano.
Justicia y memoria frente a la infamia
El caso del protocolo de las residencias no es una batalla política, sino un clamor social por justicia. Las palabras de Ayuso, lejos de aportar claridad o reparación, buscan desprestigiar a quienes no han dejado de exigir explicaciones. Su falta de sensibilidad hacia las víctimas y su afán por desviar la atención hacia cuestiones ajenas a su gestión son un recordatorio de por qué los madrileños deben seguir exigiendo responsabilidad y transparencia.
Mientras Ayuso intenta perpetuar un relato donde ella es la heroína que lucha contra la "opresión" del gobierno central, los datos y los hechos revelan una historia muy distinta: la de una administración que, ante la mayor crisis sanitaria del siglo, tomó decisiones que costaron vidas y que ahora intenta esconder bajo el ruido político.