El escándalo que rodea aIsabel Díaz Ayuso y su entorno más cercano sigue escalando, pero también encuentra un muro judicial que parece decidido a proteger a los poderosos. La negativa del juez del Supremo a permitir el volcado del teléfono de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, ha dejado patente cómo las contradicciones entre Rodríguez y la Fiscalía madrileña quedan en el limbo judicial, sin que se tomen medidas contundentes para esclarecer la verdad.
El caso gira en torno a la filtración de correos electrónicos clave relacionados con la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, acusado de fraude fiscal. Según la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, Rodríguez difundía el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador horas antes de lo que él mismo declaró ante el juez. Pese a las evidentes inconsistencias, el magistrado encargado del caso ha decidido cerrar filas y proteger el teléfono del asesor de Ayuso.
Una red de filtraciones y manipulaciones
La declaración de Lastra reveló que el 13 de marzo, a las 20:30 horas, el jefe de prensa del Ministerio Público la contactó para preguntarle por un supuesto pacto de la Fiscalía con el novio de Ayuso. Detrás de esta información estaba Rodríguez, quien según Lastra había facilitado los detalles a los periodistas. Sin embargo, Rodríguez afirmó que no compartió esa información hasta las 22:30, después de que la noticia ya se publicara en El Mundo.
Las incongruencias no terminan aquí. La viceconsejera de Justicia de Madrid, Carmen Martín, también aparece mencionada en la trama, sugiriendo que pudo conocer los correos electrónicos involucrados desde el 12 de marzo. Mientras tanto, el fiscal Julián Salto, parte fundamental del caso, negó haber compartido información antes de que explotara el escándalo, aunque Lastra sostiene lo contrario. La red de manipulaciones parece extenderse entre diferentes niveles del gobierno regional y de la Fiscalía.
La negativa del juez: un escudo para Rodríguez
Ante las pruebas presentadas por las defensas que reclamaban el volcado del móvil de Rodríguez, el juez Ángel Hurtado decidió rechazar la petición. La decisión se basó en que "el paso del tiempo puede justificar imprecisiones en los testimonios". Sin embargo, las declaraciones y los hechos apuntan a una estrategia bien calculada por parte del entorno de Ayuso para tergiversar los acontecimientos.
El caso adquiere mayor gravedad cuando se considera que El País recibió información sobre la confesión de González Amador 31 horas antes de que el fiscal general reclamara los correos. Tres periodistas admitieron haber conocido estos detalles antes de que el correo llegara al fiscal general. Aún así, el juez Hurtado mantiene su imputación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mientras exculpa al entorno de Ayuso de cualquier responsabilidad.
Los bulos de Rodríguez: una estrategia repetida
Las estrategias de desinformación no son nuevas en el entorno de Ayuso. Rodríguez, conocido por su agresividad mediática, publicó un tuit donde insinuaba que la Fiscalía había recibido "órdenes de arriba" para bloquear un pacto con el novio de Ayuso. Este mensaje, difundido ampliamente entre periodistas, se basaba en información manipulada, como después demostraron los hechos.
La Cadena SER y El País confirmaron que el correo clave de la causa no contenía ningún ofrecimiento por parte de la Fiscalía, sino una propuesta del abogado de González Amador para evitar la prisión reconociendo los delitos. Esta manipulación deliberada de los hechos por parte de Rodríguez pone de manifiesto un patrón de conducta basado en sembrar confusión y desviar la atención pública.
La oposición exige respuestas
Los partidos de izquierda en la Asamblea de Madrid han redoblado sus esfuerzos para esclarecer el papel de Rodríguez y del entorno de Ayuso en este caso. Más Madrid ha solicitado la comparecencia de González Amador para que explique su relación con Quirón, uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid, mientras el PSOE planea cuestionar directamente a Ayuso sobre las acciones de su jefe de gabinete.
La conexión entre Ayuso, su pareja y Quirón, apunta a un entramado donde los intereses públicos y privados parecen entrelazarse peligrosamente. Quirón, que gestiona hospitales públicos y recibe millones en contratos públicos, es también cliente principal de González Amador, lo que despierta serias dudas sobre posibles conflictos de interés.
La justicia y el poder: una relación cómoda
Este caso ilustra cómo el poder político y la influencia mediática pueden moldear el curso de la justicia. Mientras Rodríguez y el entorno de Ayuso se benefician de decisiones judiciales que evitan profundizar en las pruebas, los intentos por esclarecer los hechos quedan relegados a una lucha desigual en los tribunales y en la opinión pública.
La falta de transparencia y las constantes estrategias de manipulación de Ayuso y su equipo refuerzan la percepción de que las instituciones públicas están siendo utilizadas en beneficio personal. La negativa del juez a permitir el acceso al teléfono de Rodríguez, a pesar de las evidencias de sus contradicciones, plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde llega el poder para protegerse a sí mismo?
Con la oposición dispuesta a mantener la presión y un panorama político cada vez más polarizado, este caso promete seguir siendo un dolor de cabeza para Ayuso y su equipo. Sin embargo, también subraya la urgente necesidad de una justicia que actúe con independencia y garantice que ningún ciudadano, por poderoso que sea, esté por encima de la ley.