El abogado José Mariano Benítez de Lugo lo resume así: “Ya no hablamos del derecho a acceder a una vivienda, sino del derecho a seguir en ella.” Esta reflexión se ha vuelto tristemente común entre cientos de familias madrileñas atrapadas en un drama que empezó con una venta masiva de viviendas públicas.
En Madrid, en 2013, se ejecutó una de las operaciones más dañinas para la vivienda pública. La Empresa Municipal del Suelo vendió miles de viviendas sociales a fondos buitre como Blackstone, sin publicidad, sin subasta, sin condiciones. El abogado José Mariano Benítez de Lugo ha documentado todo el proceso y lo califica de “infame”.
La auditoría fue encargada a PVC, una empresa que tenía como cliente precisamente al fondo comprador. Es decir, la misma firma que debía fiscalizar la operación, trabajaba para el adjudicatario. Lo que pasó no fue casualidad: fue diseño.
Una operación que cambió vidas
Una de esas mujeres, Chus Almena, fue de las primeras en acudir al despacho del abogado. Su preocupación inicial era el vencimiento del contrato. Luego vino el miedo al desahucio. Y después, la indignación al descubrir que las viviendas nunca fueron alquiladas en su totalidad: en cada edificio, al menos la mitad de los pisos estaban vacíos, mientras cientos de personas esperaban una casa en listas interminables.
“Esto no es un problema individual, es una injusticia sistémica”, dice Benítez de Lugo. Las historias que ha presenciado en su despacho son prueba de ello. Una tras otra, familias que cumplen y aun así se ven expulsadas. “Les entregan las llaves llorando, no al fondo, sino a mí, porque no soportan la humillación.”
Una justicia desigual
Lo más desesperante, asegura el letrado, es la actitud de muchos jueces. “Cuando les pido que al menos exijan una alternativa habitacional antes del lanzamiento, se encogen de hombros.” Ni siquiera los informes de los servicios sociales son tenidos en cuenta en muchos tribunales. “He presentado 50 recursos al Supremo, todos inadmitidos. Pero si el fondo recurre, su recurso entra directamente a sala. No es trato diferenciado, pero...”
Tampoco el Tribunal de Cuentas ha dado la razón a los afectados. En segunda instancia, una de las juezas implicadas tenía vínculos con empresas del sector. “Así no hay imparcialidad posible.”
Benítez de Lugo critica también al legislador progresista por no haber blindado los derechos de los arrendatarios. “En 1920 ya se establecía la prórroga obligatoria. En 1931, durante la República, fue indefinida. Incluso en la dictadura se protegió al inquilino. Hoy, ni eso.”
El nuevo ciclo del negocio del desahucio
Lo más reciente es aún más alarmante: los fondos buitre no solo compran viviendas, ahora también se hacen con lotes enteros de deudores hipotecarios. Benítez de Lugo lleva ya más de 50 casos en los que se ofrece a los antiguos propietarios recomprar su vivienda por diez veces el precio que pagaron los fondos. “Es un nuevo saqueo.”
Cuando sus clientes han intentado ejercer el derecho de retracto, algunos jueces les han dado la razón. Pero, en los casos más grandes, los hilos del poder económico se mueven. “Todo cambia cuando son 50 o 60 familias. El Pleno del Supremo entra en juego y el ponente cambia su criterio. ¿Por qué? ¿Qué fuerza externa actúa ahí?”
Para el abogado, la respuesta es clara: los intereses económicos pesan más que los derechos humanos. Por eso, termina su alegato como Zola: “Yo acuso. Al PP por vender. A los fondos por abusar. A la justicia por mirar a otro lado. Y al legislador progresista por no frenar esta sangría.”