Miguel Ángel Rodríguez, asesor y mano derecha de Ayuso, también tendrá que declarar ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, el próximo 8 de enero, por las supuestas filtraciones de la Fiscalía a la prensa en el caso de los supuestos delitos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Significa eso que va a ir “p’alante” el Rasputín en la sombra de la lideresa? No necesariamente, en principio acudirá como testigo, no como imputado. MAR desfilará por el juzgado al igual que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y Pilar Rodríguez, fiscal provincial, así como una serie de periodistas que tuvieron acceso a la información tributaria sobre la pareja de Ayuso. Pero el controvertido gurú trumpista tendrá que dar muchas explicaciones ante la Justicia, entre ellas cómo puede ser que él supiera del contenido de un sumario que era secreto. A ver si va a resultar ahora que el revelador de secretos oficiales no andaba muy lejos de Sol y del despacho de la jefa.
MAR se ha pasado meses enumerando en Twitter, uno por uno, qué cargos socialistas iban a ir “p’alante”, es decir, a prisión, por las filtraciones sobre datos confidenciales de Alberto González Amador. Y ahora resulta que él también va a ir, si no “p’alante”, sí al menos como testigo del affaire.
El principal damnificado en la causa de las filtraciones ha sido García Ortiz, que se vio en la necesidad de salir a desmentir públicamente un bulo emitido por el propio MAR, que en realidad fue quien dio a conocer a algunos medios de comunicación uno de los correos cruzados entre los abogados de Amador y la Fiscalía, en concreto uno en el que el jefe de gabinete de Ayuso venía a sugerir que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a los letrados del presunto defraudador. No fue así, sino justo al revés, fueron los propios representantes legales del novio de la presidenta quienes se ofrecieron a pactar una rebaja en la pena con la Fiscalía. García Ortiz se limitó a tratar de aclarar esa falsedad para que el relato falaz no terminara calando en la opinión pública, un relato que MAR trataba de propagar en las redes sociales. Finalmente, el fiscal general del Estado ha pagado muy caro su intento de transparencia, tanto como con una imputación por revelación de secretos y quizá, quién sabe, con el final de su carrera como jurista.
Ahora deberá ser el propio MAR quien le aclare a su señoría cómo sabía de la existencia de un pacto entre acusación pública y defensa, y no solo eso, sino quién le proporcionó tal información que difundió dándole la vuelta para favorecer a su jefa. De momento, Ayuso ya ha salido en su defensa. “Esto de meter a Miguel Ángel Rodríguez por el medio es patético porque esto es como si tú tienes un expediente médico”, asegura Ayuso. “Tú cuando vas al médico tienes tu historial, que te pertenece a ti, y tú eres la que decide, como dueña de tus datos médicos, si se dan a conocer o no”, explica la presidenta. “Decides, por ejemplo, que se dé a conocer en Antena 3, para contar mi situación personal, cómo me encuentro...”. Pero “ni el médico ni el hospital tiene derecho a hacerlo por ti. Nadie tiene derecho a distribuir los datos de un particular” sin su consentimiento.
Por su parte, el ministro para la Transición Digital, Óscar López, ha descartado que la investigación por revelación de secretos al fiscal general del Estado pueda salpicar a Moncloa o derivar en la imputación de su asesora Pilar Sánchez Acera y ha alegado que quien debe dar explicaciones es la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “En este país resulta que el novio de Ayuso comete un delito; el jefe de gabinete de Ayuso filtra una mentira y ahora quieren que dé explicaciones el PSOE; es curioso, es paradójico”, dijo López a su llegada al Congreso Federal del PSOE en Sevilla.
La Abogacía del Estado, en representación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había pedido al Tribunal Supremo la testifical de Miguel Ángel Rodríguez, según han confirmado fuentes jurídicas consultadas por La Sexta. El fiscal ha pedido que MAR declare porque considera que hay indicios de que pudo acceder a los correos electrónicos antes de que llegaran a los investigados. En estos correos, González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia. El Tribunal Supremo abrió a mediados del mes pasado una causa contra Álvaro García Ortiz por presunta revelación de secretos en relación con la investigación contra la pareja de Ayuso, que está acusada de fraude fiscal y falsedad documental. El juez Hurtado justificó que la entrada y registro en el despacho del fiscal general, que duró diez horas, fue una medida “proporcional”, “idónea” y “totalmente necesaria” ante “un delito de tal gravedad” como el de revelación de secretos.