El 20 de enero de 2025 se cumplen dos años del plazo máximo para que el gobierno aprobara el reglamento necesario para activar el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, previsto en la Ley 21/2022. Sin embargo, el retraso y las propuestas insuficientes por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han provocado una ola de críticas de asociaciones de víctimas y sindicatos como UGT y CCOO, quienes han denunciado conjuntamente la situación ante la opinión pública.
La Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) señala que la inacción gubernamental no solo ignora el plazo legal, sino que también contradice el espíritu de la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento Vasco, el Congreso de los Diputados y el Senado. "Es indignante que dos años después sigamos sin una solución mientras cientos de familias continúan sufriendo", afirma Jon García, portavoz de ASVIAMIE.
Propuestas insuficientes y discriminatorias
El borrador del reglamento propuesto por el Ministerio ha generado controversia al establecer indemnizaciones significativamente inferiores a las obtenidas por vía judicial. Mientras que las sentencias judiciales suelen otorgar entre 200.000 y 400.000 euros, el reglamento propone una indemnización máxima de 68.000 euros brutos, cifra que se reduciría drásticamente tras la aplicación de impuestos.
UGT y CCOO califican estas propuestas de "inadmisibles". En palabras de José Álvarez, secretario general de UGT, "No solo es insuficiente, sino que perpetúa la discriminación. Las víctimas del amianto merecen un trato igualitario, similar al otorgado a otros colectivos como las víctimas del terrorismo o la Talidomida". Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CCOO, subraya que "la falta de exención fiscal para estas indemnizaciones agrava el sufrimiento de las familias, convirtiéndolas en víctimas de segunda categoría".
El proyecto también excluye a los familiares de víctimas fallecidas antes de la aprobación de la ley, ignorando que el amianto fue prohibido en 2002 y que las enfermedades relacionadas tienen largos periodos de latencia. "Es una afrenta a quienes perdieron a sus seres queridos por la negligencia del Estado", añade García.
La lucha sindical y la vía del Defensor del Pueblo
Ante el bloqueo en las negociaciones con el Ministerio, UGT, CCOO y FEDAVICA han decidido solicitar amparo al Defensor del Pueblo. Los sindicatos han unido fuerzas para exigir una reunión inmediata con ánimo de presionar al gobierno y garantizar que las víctimas del amianto reciban un trato justo.
"La ley fue aprobada por unanimidad en todas las cámaras legislativas. El gobierno tiene la obligación moral y legal de respetar ese consenso y actuar de forma inmediata", afirma Unai Sordo. En la misma línea, José Álvarez recalca que "las víctimas no pueden esperar más; cada día que pasa perdemos a más afectados sin que se haga justicia".
La indignación es palpable también en las calles. Movilizaciones recientes organizadas por CCOO y UGT han reunido a miles de personas en ciudades como Bilbao y Gijón, reclamando soluciones inmediatas. Ambas organizaciones sindicales han anunciado nuevas acciones si el gobierno no atiende sus demandas.
Una crisis sanitaria de alcance nacional
Según datos de FEDAVICA, cada año se registran entre 700 y 800 casos de enfermedades relacionadas con el amianto, como el mesotelioma o el cáncer de pulmón. Sin embargo, el reconocimiento oficial por parte de la Seguridad Social es mínimo. En 2018, solo se admitieron 20 casos de origen profesional, una cifra que contrasta con las estimaciones científicas. Estudios de la Universidad de Washington calculan que más de 96.000 personas han fallecido en España por exposición laboral al amianto entre 2001 y 2019.
"El problema del amianto es responsabilidad del Estado. Durante décadas se permitió su uso a pesar de conocerse sus efectos mortales", denuncia Jon García. Francia, por ejemplo, lleva más de 20 años gestionando un Fondo de Compensación con un presupuesto anual de 431 millones de euros, mientras que en España las víctimas siguen esperando.
Testimonios de un calvario
Las historias personales revelan el calvario que enfrentan las víctimas del amianto. "Mi marido trabajó 20 años en una fábrica de Uralita. Muró de mesotelioma antes de que se reconociera su enfermedad como laboral", relata Ana Sánchez, viuda de un afectado. Casos como el suyo son comunes; muchos afectados fallecen durante el proceso judicial, dejando a sus familias luchando por una indemnización.
UGT y CCOO insisten en que el gobierno debe garantizar una solución definitiva. "Es una cuestión de dignidad. No podemos permitir que las empresas responsables queden impunes mientras las víctimas y sus familias cargan con el dolor y los costos económicos", concluye José Álvarez.
Conclusión: un llamado urgente a la acción
El retraso en la aprobación del reglamento del Fondo de Compensación es una afrenta a las víctimas del amianto. UGT, CCOO y FEDAVICA han dejado claro que no descansarán hasta que el gobierno cumpla con su obligación legal y moral.
Mientras tanto, las víctimas continúan esperando, enfrentándose a un reloj que no se detiene y a una justicia que parece inalcanzable. La aprobación inmediata del reglamento no solo es una deuda pendiente, sino también un paso imprescindible hacia la reparación de una tragedia que nunca debió ocurrir.