En un momento crucial para frenar las consecuencias de la crisis arancelaria, el Partido Popular vuelve a recurrir al viejo recurso del enfrentamiento territorial y el victimismo político, acusando falsamente al Gobierno de favorecer a Junts y a Cataluña. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha sido tajante: no existe ningún acuerdo que beneficie a un partido o a una comunidad autónoma sobre el resto. El verdadero problema no es el decreto, sino el bloqueo del PP.
Un discurso sin pruebas y lleno de agravios fabricados
El discurso del Partido Popular ha derivado en una peligrosa deriva populista, donde la confrontación se impone sobre el interés común. La vicepresidenta Montero lo dejó claro en sede parlamentaria: el decreto antiaranceles aprobado por el Gobierno no responde a exigencias de ningún grupo político, sino a la necesidad urgente de proteger a sectores económicos vitales para el conjunto del país.
Resulta llamativo que el PP no haya cuestionado las ayudas en sí, sino su supuesta distribución, basándose en una interpretación torticera del anuncio de Junts. El dato del 25% destinado a Cataluña no es fruto de ningún trato de favor, sino de una asignación proporcional y justificada. Lo que está en juego aquí no es una cuestión de privilegios, sino de manipulación interesada por parte de un partido que, lejos de arrimar el hombro, prefiere fabricar agravios para justificar su oposición sistemática.
Montero, con contundencia, ha puesto el foco en lo verdaderamente importante: ¿apoyará el PP las medidas para paliar el impacto de los aranceles o volverá a anteponer sus cálculos electorales a las necesidades del país? Esta es la pregunta que la ciudadanía se plantea ante el enésimo intento del Partido Popular de instrumentalizar cualquier circunstancia, por grave que sea, con fines partidistas.
Una oposición obsesionada con desgastar al Gobierno
El relato de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra,es tan previsible como irresponsable. Acusar al Gobierno de usar una crisis comercial internacional para beneficiar a sus “socios independentistas” no solo es una falacia: es una forma de hacer política que erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la desafección ciudadana. Cuando se repiten una y otra vez las mismas consignas sin datos ni voluntad de diálogo, al más depurado estilo goebbeliano, lo que se revela no es una alternativa de gobierno, sino una oposición que ha renunciado al sentido de Estado.
Mientras el Ejecutivo trabaja en una respuesta eficaz a los desafíos arancelarios que amenazan a miles de empresas y trabajadores, el PP sigue anclado en una visión miope y electoralista, obsesionado con desgastar al Gobierno incluso a costa del bienestar general. La negativa a respaldar un real decreto que busca proteger a la economía española frente a decisiones externas demuestra hasta qué punto la dirección de Alberto Núñez Feijóo está dispuesta a sacrificar el interés nacional por unos puntos más en las encuestas.
Montero no ha eludido el debate: ha pedido claridad, responsabilidad y compromiso. Si el Partido Popular no está dispuesto a colaborar cuando más se necesita unidad, debería, al menos, tener el valor de reconocerlo sin esconderse detrás de falsos agravios territoriales.
No se trata de Cataluña ni de Junts. Se trata de España. Se trata de si el principal partido de la oposición va a estar a la altura de las circunstancias o va a seguir construyendo su relato sobre el enfrentamiento y la desinformación.