Las víctimas del amianto y los sindicatos UGT y CCOO han dicho basta. Junto a la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA), han acudido al Defensor del Pueblo para denunciar el incumplimiento de la Ley 21/2022, que creó el fondo de compensación para los afectados por este agente cancerígeno. Dos años después de su aprobación, el reglamento necesario para su puesta en marcha sigue sin ver la luz. "Es una situación inaceptable. Hay afectados que han fallecido sin poder acceder a una compensación que les corresponde por derecho", ha denunciado Jon García, portavoz de FEDAVICA.
La reunión con Ángel Gabilondo, titular de la Oficina del Defensor del Pueblo, ha sido un paso más en la presión que estas organizaciones están ejerciendo sobre el Gobierno para que cumpla con sus obligaciones. Gabilondo ha anunciado que elevará una pregunta a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones para exigir explicaciones sobre el incumplimiento de los plazos legales. "Nos dirigiremos por escrito para interesarnos por el retraso en la puesta en marcha del fondo de compensación", ha asegurado.
Un reglamento bloqueado y una compensación ridícula
El problema no es solo el retraso. Cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó un borrador del reglamento, las indemnizaciones propuestas eran "irrisorias" en comparación con las que dictan los tribunales. "Nos quieren dar una miseria y, además, sin exención fiscal. No podemos permitir que se trate a las víctimas del amianto como ciudadanos de segunda", ha denunciado Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO.
Los sindicatos critican que el Gobierno haya establecido unas cuantías hasta tres veces inferiores a las que reciben otros colectivos en circunstancias similares, como las víctimas del terrorismo o del VIH. "Es una discriminación injustificable", ha añadido Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT. Además, el borrador del reglamento no contempla una exención del IRPF para las indemnizaciones, lo que supondría un recorte significativo en las cantidades a percibir.
Una lucha que no cesa
El caso de las víctimas del amianto en España es una de las grandes deudas pendientes en materia de salud laboral. La exposición a este material, utilizado durante décadas en la construcción y la industria, ha causado miles de muertes por enfermedades pulmonares graves como el mesotelioma, el cáncer de pulmón o la asbestosis. A pesar de la prohibición del amianto en 2002, los afectados siguen aumentando debido a la larga latencia de estas enfermedades, que pueden tardar entre 10 y 40 años en manifestarse.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en España hay entre 60.000 y 90.000 afectados ocupacionales, y entre 10.000 y 30.000 casos de afectados no ocupacionales, aquellos que han estado expuestos al amianto de forma indirecta. "Cada día que pasa sin que el fondo de compensación esté en marcha es un día más de sufrimiento para los enfermos y sus familias", ha subrayado García.
La presión aumenta
Mientras UGT, CCOO y FEDAVICA se reunían con el Defensor del Pueblo, en Barcelona se celebraba un juicio contra el Metro de la ciudad por la exposición al amianto de sus trabajadores. "Es un ejemplo de cómo la falta de medidas preventivas y la inacción del Gobierno siguen provocando daño", han denunciado los sindicatos.
Desde la Oficina del Defensor del Pueblo han asegurado que, si el Gobierno sigue sin dar una respuesta satisfactoria, podría llevar el caso ante la Fiscalía. "Estamos ante un incumplimiento legal que está afectando gravemente a la vida de las personas", ha advertido Gabilondo.
Las víctimas del amianto no están dispuestas a seguir esperando. "Exigimos justicia y no vamos a parar hasta conseguirla", han sentenciado los portavoces sindicales.