Los incendios forestales que arrasan España cada verano no son solo un efecto del calor o de la sequía. Son también el resultado de decisiones políticas, legislativas y presupuestarias que priorizan la ideología sobre la seguridad de los ciudadanos y del medio natural. Y en este escenario, partidos como VOX, que han ocupado carteras de gestión forestal en comunidades como Castilla y León o Extremadura, han tenido un papel especialmente problemático. La extrema derecha se beneficia de esta catástrofe mientras proclama su falsa defensa de “lo rural”, mostrando una contradicción evidente entre discurso y hechos.
El fuego como negocio y herramienta política
Durante décadas, los agricultores y ganaderos han actuado como los guardianes del monte: limpiaban matorrales, abrían cortafuegos y mantenían los cauces de los ríos. Estas tareas eran clave para evitar que un pequeño fuego se convirtiera en un desastre. Sin embargo, la legislación ecológica de los últimos años ha prohibido muchas de estas intervenciones. Los bosques “intocables” se han convertido en verdaderos polvorines, donde la prevención brilla por su ausencia y los incendios se multiplican y crecen fuera de control.
VOX y la gestión de los montes: corresponsabilidad evidente
Cuando VOX y sus exconsejeros gestionan carteras vinculadas a medio ambiente o montes en Castilla y León o Extremadura, los resultados son claros: presupuestos insuficientes para prevención, abandono de cortafuegos, retraso en planes de limpieza y control de matorrales, y una absoluta priorización del discurso político sobre la gestión real. Así, cada verano, cuando los bosques arden, no solo se pone de relieve la ineficacia de la administración, sino también cómo la extrema derecha obtiene réditos políticos de la tragedia. Su narrativa de “defensa del mundo rural” se alimenta del drama: se criminaliza a los pirómanos y al cambio climático como causa, mientras se ignora que las decisiones de gestión de estas consejerías han creado un escenario perfecto para que el fuego arrase.
Prevenir es más barato y más eficaz
Prevenir un incendio cuesta entre 100 y 1.000 euros por hectárea, mientras que extinguirlo supera los 15.000 euros por hectárea, sin contar el coste de repoblación y recuperación del terreno. Cada euro invertido en prevención podría ahorrar hasta 150 euros en extinción. Ignorar esto no es solo irresponsable, es criminal. La lucha contra el fuego debería centrarse, en un 90%, en la prevención y solo un 10% en la extinción.
El abandono de los montes, la tozudez ideológica y la politización de las consejerías forestales ha generado un efecto devastador: incendios que arrasan hectáreas enteras, destruyen hogares y provocan la pérdida de biodiversidad. El discurso de VOX, centrado en la defensa de la propiedad rural y la libertad frente a la normativa “ecologista”, ha sido usado como escudo para justificar una gestión que beneficia sus intereses políticos y partidistas mientras los bosques arden.
El “cártel del fuego”
El fuego también mueve dinero. Empresas públicas como TRAGSA, con presupuestos de más de 3.000 millones de euros y 26.000 empleados, se encargan de gran parte de las labores de extinción. La política interna, los nombramientos por afinidad y la falta de supervisión independiente crean un caldo de cultivo perfecto para que la prevención pase a segundo plano y la extinción se convierta en un negocio. Algunos expertos ya hablan de un “cártel del fuego”, un entramado donde la tragedia de los incendios alimenta contratos multimillonarios que benefician a ciertos intereses políticos y económicos.
Negar el cambio climático sería absurdo. Sí, estamos ante fenómenos más extremos y frecuentes. Pero atribuir todos los incendios a la climatología es una simplificación peligrosa. Galicia, por ejemplo, sufre incendios devastadores incluso en veranos menos calurosos que otras regiones. La diferencia está en la gestión del territorio y en cómo los presupuestos autonómicos y las políticas de prevención se implementan —o se ignoran—.
El 80% de los incendios afectan a zonas protegidas y territorios incluidos en la Red Natura 2000. Lo que debería proteger la naturaleza termina siendo su sentencia: bosques abandonados, montes asilvestrados y poblaciones expuestas a catástrofes evitables. La extrema derecha, mientras culpa al cambio climático, se beneficia políticamente del drama, aprovechando que los recursos se gastan en apagar el fuego en lugar de prevenirlo.
El coste humano es altísimo: familias desalojadas, animales muertos, biodiversidad perdida, hogares arrasados y miles de hectáreas quemadas. Todo esto podría haberse reducido con una gestión responsable y medidas de prevención efectivas.
El futuro exige responsabilidad y acción
Revertir esta situación requiere más que discursos y titulares. Es imprescindible reformar la legislación para permitir la gestión activa de los bosques, invertir en prevención y asegurar la transparencia y supervisión independiente de los recursos públicos. Si no se actúa, cada verano será más destructivo y más costoso, y la extrema derecha continuará aprovechando políticamente la tragedia, mientras los bosques y los ciudadanos pagan el precio.
Negar la ciencia, ignorar la Agenda 2030 y dejar que la política partidista decida sobre la prevención es criminal. Los ciudadanos merecen respuestas claras, gestión eficiente y responsables políticos que prioricen la vida y la naturaleza sobre el rédito electoral. Mientras esto no cambie, el fuego seguirá ganando terreno y quienes se lucran políticamente de la catástrofe continuarán ocultos tras el humo.