Apenas un puñado de empresas controla la lucha aérea contra los incendios forestales en España. Un total de 250 aeronaves, entre helicópteros y aviones, son suministradas por tres operadores dominantes del sector: Avincis, Pegasus y Martínez Ridao Aviación. Según los datos recopilados por el diario Público, estas adjudicaciones superan los 654 millones de euros: 270 millones procedentes del Ministerio de Transición Ecológica y 384 millones de los 11 principales gobiernos autonómicos.
El propio ministerio reconoce que se trata de un “oligopolio o monopolio de facto”, con un reducido número de fabricantes y operadores. Sin embargo, esa posición privilegiada no impidió que estas compañías se confabularan durante dos décadas para amañar concursos públicos en Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, además de contratos del Gobierno central. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional certificó en febrero pasado que el denominado “cartel del fuego” alteró la libre competencia, repartió el mercado y sobornó a funcionarios para asegurar sus ganancias.
Concentración extrema y corrupción silenciosa
Doce personas, entre ellas altos cargos autonómicos y directivos de ocho operadores aéreos, fueron condenadas a penas de seis meses a dos años y tres meses por delitos que van desde cohecho y prevaricación hasta falsedad en documento oficial y malversación. Las ocho empresas recibieron una prohibición de contratar con la Administración durante apenas nueve meses, una sanción que hoy se revela simbólica y casi ineficaz.
Impunidad en el oligopolio
Pese a participar durante 20 años en esta asociación ilícita, Avincis, Pegasus y Martínez Ridao siguen siendo los principales adjudicatarios de contratos. Avincis ha recibido 66,27 millones solo en los últimos concursos del ministerio, Pegasus 55,93 millones, mientras que Martínez Ridao ha asegurado contratos por 22,05 millones en el macro contrato trianual de apoyo a comunidades autónomas.
Que estas empresas puedan presentarse a nuevos concursos demuestra la ineficacia de la prohibición de contratar. Expertos denuncian que este mecanismo, transpuesto de directivas europeas en 2017, falla estrepitosamente en prevención, transparencia y sanción efectiva.
La CNMC, cómplice silenciosa
A la ineficacia judicial se suma la parálisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde 2016, la institución conocía las prácticas colusorias de las empresas, alertada por varias autoridades autonómicas y el Ministerio de Agricultura, pero nunca abrió un expediente formal. Según los responsables del organismo, las conductas eran “patrones típicos”: licitaciones al tipo de salida, bajas irrisorias, concursos desiertos y relicitaciones que elevaban el precio. Aún así, la CNMC se limitó a esperar que los tribunales actuaran, dejando a España desprotegida y a sus bosques en riesgo.
El oligopolio no se limita a España. En Chile, Avincis y Pegasus South America fueron condenadas por prácticas similares entre 2006 y 2013, recibiendo multas millonarias. Sin embargo, ambas empresas continuaron contratando con el Estado chileno, replicando el patrón de impunidad que también se observa en nuestro país.
Legislación insuficiente y dilación judicial
La Audiencia Nacional subraya en su sentencia la “defectuosa técnica legislativa” de la prohibición de contratar, que limita su eficacia a nueve meses pese a que el Código Penal prevé sanciones de tres a cinco años. Las defensas de las empresas argumentaron que sus programas de compliance y la posible pérdida de puestos de trabajo justificaban una reducción de la sanción. El tribunal aceptó estas atenuantes, ignorando que la verdadera víctima es la sociedad, cuyos recursos y seguridad forestal quedan en manos de un oligopolio corrupto.
Reuniones secretas y sobornos documentados
El cartel se creo tras una reunión en la sede de Pegasus en Córdoba en 2001 y se consolidó con nuevas incorporaciones hasta 2007. Las empresas se repartieron geográficamente los contratos, establecieron compensaciones económicas simuladas mediante facturas falsas y fijaron tarifas por avión y salarios de pilotos. Todo estaba documentado con actas y recibos, revelando un esquema de corrupción sistemática que la justicia ha tardado 20 años en empezar a sancionar.
Francisco Alandí Escrig, gerente de Avialsa hasta 2012, denunció la trama ante la fiscalía en 2014, entregando 500 documentos. Sin embargo, la condena final apenas ha alterado la capacidad de estas compañías de operar con normalidad.
Negacionistas y renunciantes de la Agenda 2030
Mientras tanto, el negacionismo climático y quienes reniegan de la Agenda 2030 siguen minando políticas de prevención y sostenibilidad, cuestionando medidas vitales frente a emergencias como los incendios forestales. La evidencia científica es aplastante: la temperatura media global aumenta, los incendios se intensifican y la planificación pública debe ser rigurosa. Sin embargo, estas empresas actúan como si la crisis climática fuera un debate académico y no un asunto de vida o muerte.
La combinación de oligopolio, corrupción e inacción administrativa demuestra que España sigue atrapada en un modelo de gestión insostenible. Mientras los bosques arden y las comunidades sufren, unos pocos lucrativos operadores se enriquecen, desafiando la ley y la ética, mientras que la sociedad paga el precio en términos de seguridad y medio ambiente.
La lucha contra los incendios forestales no puede depender de un oligopolio inmune a sanciones, ni de la buena voluntad de empresas condenadas por corrupción. La Agenda 2030 y la transición ecológica no son discursos políticos: son imperativos urgentes. La impunidad prolongada de estos operadores aéreos es una bofetada a la justicia, al medio ambiente y a quienes defienden políticas responsables frente al cambio climático. Es hora de que la ley funcione de verdad, sin excusas ni retrasos, y que los bosques de España no sean rehén de un cartel que juega con fuego mientras el planeta arde.