Faltones, maleducados, irreverentes, irrespetuosos, insensibles, prepotentes, desconsiderados… Se agotan los adjetivos calificativos negativos que juristas y profesionales asociados al mundo de la Justicia pronuncian sobre las actuaciones de una considerable mayoría de jueces durante el día a día en los juzgados. Más allá de cumplir o no el código deontológico al que están sometidos, los jueces adolecen de una clara falta de empatía, no ya solo con denunciantes y acusados sino también sobre sus representantes legales, así como con procuradores y otros funcionarios del sistema judicial. Así lo ponen de manifiesto los profesionales consultados por Diario16+, que retratan un clima habitual de mal ambiente casi nunca denunciado hasta ahora en los juzgados pese a que lastra el buen hacer de la justicia y su aplicación diaria.
El polémico interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz y presentadora Elisa Mouliaá, que ha acumulado un millar de quejas en el Consejo General del Poder Judicial y por el que el magistrado ha solicitado amparo al máximo órgano de gobierno de la judicatura, no es un hecho aislado ni mucho menos. Basta preguntar a abogados, procuradores y otros funcionarios de la justicia para llegar a la conclusión de que los jueces no solo ejercen un poder omnímodo sobre su órgano jurisdiccional concreto sino que hacen ver que todos están sometidos a su arbitrio particular, de ahí que cada juzgado concreto sea una especie de reino de taifa donde es el juez el que ordena y manda y determina la forma de actuar con sus propios funcionarios, con los demandantes de justicia y con los acusados, así como con sus representantes legales, que probablemente son los que reciben la mayor parte de estos actos de desconsideración y falta de educación y empatía.
Todos están sometidos a su arbitrio particular, de ahí que cada juzgado concreto sea una especie de reino de taifa donde es el juez el que ordena y manda y determina la forma de actuar
Sólo la filtración de un interrogatorio, que en el caso de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá no se ha investigado como sí ha ocurrido en otros asuntos tanto o más mediáticos incluso que este de presunta agresión sexual, ha sido el acicate que ha servido para destapar una dinámica indeseada tan habitual como desconocida en el trato personal y profesional de los jueces hacia acusados, denunciantes, abogados y procuradores en general. Esta realidad cotidiana no se traduce en cifras estadísticas por motivos evidentes. Son contados los casos de jueces que llegan a ser investigados por estas actuaciones e incluso expedientados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así, la Memoria del CGPJ de 2023 evidencia el escaso peso que estos testimonios anónimos sobre el comportamiento de jueces tiene en su elevación al máximo órgano de gobierno del Poder Judicial. En el apartado relativo a “Resolución de expedientes disciplinarios”, la Memoria del CGPJ señala que “durante el año 2023 se han dictado catorce acuerdos por la Comisión Disciplinaria una vez concluida la instrucción de los expedientes disciplinarios incoados por el Promotor de la Acción Disciplinaria: en tres de ellos se acordó el archivo, una de las cuales provenía de la jurisdicción militar, nueve fueron acuerdos sancionadores. En relación con los dos acuerdos restantes, en uno de ellos se acordó retrotraer las actuaciones por una de las faltas imputadas al momento de la declaración por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria y, en el otro, se acordó la suspensión del procedimiento a la espera de la resolución del expediente de jubilación por incapacidad permanente incoado a la interesada. Al final del año el cómputo de expedientes disciplinarios incoados pendientes de resolución es de diez”.
En resumen, nueve jueces sancionados en 2023, una media de casos que se repite aproximadamente en los años precedentes de forma habitual. En el lustro que va del año 2014 a 2020, el CGPJ impuso un centenar de sanciones, que se resuelven casi a partes iguales con una multa o con suspensión de funciones por un tiempo determinado que no suele extenderse más allá de días o, a lo sumo, algunos meses. En definitiva, la mala educación, la prepotencia, la falta absoluta de empatía, la desconsideración hacia los participantes en los juicios e interrogatorios no tiene una traslación evidente hacia las estadísticas oficiales, aunque es una realidad del día a día que, no por no denunciada oficialmente, tiene menos peso en la cotidianidad de la Justicia en este país.