Es muy grave. Es un atentado contra el derecho constitucional de protesta y, todavía más, contra la libertad sindical. Cinco mujeres y un hombre, sindicalistas de la CNT, están en prisión por haber participado en las protestas laborales frente a la pastelería “La Suiza” de Gijón defendiendo los derechos de una trabajadora embarazada que había denunciado acoso laboral tal y como contó aquí Agustín Millán este jueves pasado. Un juez les ha condenado a tres años y medio de prisión por un delito continuado de coacciones graves. Lo que agrava aún más la actitud de este juez es que ha ordenado el inmediato ingreso en prisión cuando están pendientes de un indulto que casi con toda seguridad se producirá en las próximas semanas. Además, el asunto lo están estudiando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, debido al clamor existente, se estudia la posibilidad de saltarse toda la normativa y aplicarles el tercer grado, algo a lo que se oponen los magistrados porque dicen que la ley contempla unos plazos para poder alcanzar este beneficio penitenciario. Algo hay que hacer, pero lo que es inadmisible es que estos sindicalistas permanezcan en la cárcel.
“Facer sindicalismu nun ye delitu”. En bable, pero se entiende perfectamente. Es el lema que están empleando los sindicalistas de Gijón para protestar por el ingreso en prisión de sus compañeros. Y es que las libertades sindicales conquistadas por el movimiento obrero y consagradas en la constitución están sufriendo un fuerte retroceso en los últimos diez años. Pero el colmo de esta regresión está afectando a una zona emblemática del obrerismo de este país, cerca de las minas, de los altos hornos y los astilleros. El titular del juzgado número 1 de Gijón, Lino Rubio, abrió diligencias previas por la denuncia del dueño de la pastelería La Suiza de Gijón. Según la versión de éste, una trabajadora estaba organizando protestas enfrente del establecimiento acusándole de “acoso laboral” y “acoso sexual”. El estado emocional de la empleada era muy delicado porque, después de una baja por maternidad, tenía que reincorporarse a su puesto, lo que le producía pánico. La mujer acudió a la CNT. Sus representantes, primero, intentaron negociar, pero la empresa se negó en redondo.
A partir de ese momento, los sindicalistas empezaron a reunir pruebas sobre las irregularidades cometidas en el centro. Se denunció acoso laboral y acoso sexual. La denuncia fue archivada. No se practicó ninguna diligencia judicial. Es, a partir de ese momento, cuando tres de los negociadores son detenidos acusados, en principio, de calumnias, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, que al final desembocaron en coacciones, el delito por el que han sido condenados junto a otros tres compañeros. Los dueños de La Suiza lograron movilizar a parte del empresariado gijonés que presionó para acabar con un estado de cosas que, según ellos, había provocado el cierre de la pastelería y la huida de su propietario fuera de la ciudad.
El juez Lino Rubio es el decano de Gijón desde 2023. Tiene fama de perseguir a los sindicalistas. En 2007 condenó a tres años de prisión a los históricos militantes de la CSI, el sindicato de izquierdas asturiano Corriente Sindical de Izquierdas, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, al considerarlos autores del destrozo de una cámara de tráfico del Ayuntamiento durante una acción de protesta en la Naval Gijón. Pero su trabajo reprimiendo el sindicalismo lo ha culminado con la condena a los “seis de La Suiza” en 2021 cuyas acciones fueron calificadas de “escraches” en una época en la cual numerosos miembros de la derecha se veían afectados por este tipo de actuaciones en sus domicilios particulares. Este tipo de acoso ahora lo llevan a cabo los ultras que no han sido perseguidos judicialmente a pesar de ser publicas y notorias sus actuaciones por ejemplo en la sede del PSOE de la calle Ferraz, o en las casas del pueblo socialistas.
No. Eso no es escrache a juicio de los jueces que archivan las denuncias. Pero coacciones sí son las manifestaciones pacíficas que llevaron a cabo los sindicalistas que apoyaban a una trabajadora que sentía verdadero pánico de acudir a su centro laboral donde hasta estuvo a punto de sufrir un aborto cuando estaba embarazada. La sentencia dictada por el juez Rubio fue ratificada por la Audiencia Provincial de Oviedo y, posteriormente, por el Supremo. Su conservadora sala de Lo Penal, cuyas actuaciones han sido comentadas sobradamente por este analista, argumentó que “en los hechos probados quedan claras las intenciones de presionar al empresario para conseguir los fines previstos por las recurrentes, así como que la metodología llevada a cabo y que consta probada no integra un ejercicio de la libertad de expresión dentro del ejercicio de la libertad sindical”. Inaudito fundamento cuando los mismos jueces han justificado hechos violentos por llevarse a cabo “dentro del marco de la libertad de expresión”.
Hay otro fundamento dentro de la STS que llama aún más la atención. Dice el ponente que “no se ha juzgado o tratado este tema respecto de la actividad desplegada por una central sindical legal, que actúa al amparo de lo previsto en el art. 28.2 de la Constitución Española (CE), sino por unos hechos concretos de unas personas que han cometido ilícitos penales por los que son condenados por concertarse y confabularse para presionar a un empresario cuando éste lleva a cabo su actividad comercial y en las puertas de su establecimiento”. Parece como si los jueces quisieran dejar claro que la sentencia no iba contra una actuación sindical sino “por las presiones sufridas por un empresario”. Habría que debatir con sus señorías los límites de las presiones que ejercen los trabajadores por ejemplo en los piquetes huelguísticos. Hasta donde su licitud porque, con este tipo de sentencias, puede llegar a pasar de todo a la hora de organizar una protesta laboral. Cualquier dirigente empresarial se puede “sentir coaccionado”. Y, entonces, ¿se mete en la cárcel a los dirigentes sindicales?.
España se va a meter en un buen lio otra vez con el TEDH de Estrasburgo. Ya son varias las condenas que este país tiene de la instancia judicial por conculcar el articulado de la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero, ahora, lo más urgente, es la puesta en libertad de los sindicalistas injustamente encarcelados.