Madrid se ha convertido en el epicentro de una crisis habitacional que deja a miles de familias en la cuerda floja. La causa principal: la venta masiva de vivienda pública a fondos buitre, promovida por el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Este expolio de bienes públicos ha convertido lo que debía ser un derecho en un negocio sucio y despiadado, en el que grandes inversores han triplicado los precios del alquiler mientras cientos de familias son desahuciadas sin alternativa habitacional.
Un grito en las calles: la lucha por la vivienda
Bajo el lema "Madrid, solución habitacional ¡Ya!", UGT y CCOO se han concentrado ante el Ayuntamiento de Madrid. Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, ha sido clara en su discurso: “La vivienda no es un lujo, es un derecho. Y quienes han vendido el parque público a los especuladores son responsables de los desahucios, del alza del alquiler y del desarraigo de miles de familias”.
Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid, ha reforzado esta idea: “Es inadmisible que se priorice el beneficio de los fondos buitre sobre la vida de la gente. No es un fallo del mercado, es una estrategia política para desmantelar la vivienda pública”.
Los sindicatos denuncian que en Madrid los grandes tenedores controlan más de 150.000 viviendas, expulsando a inquilinos con subidas abusivas y forzando a las familias a vivir en condiciones indignas. Además, el auge de las viviendas turísticas ha reducido drásticamente la oferta de alquiler residencial, disparando los precios hasta un 30% en algunos barrios.
El manifiesto de la concentración: exigencias claras y urgentes
Durante la protesta, se leerá un manifiesto con demandas contundentes:
- Paralización inmediata de todos los desahucios de familias sin alternativa habitacional.
- Creación de un parque público de vivienda con alquileres asequibles.
- Regulación estricta de los fondos buitre y de las viviendas turísticas.
- Revisión y reversión de la venta de viviendas públicas, con la restitución a sus inquilinos originales.
El manifiesto subraya el deber constitucional del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en garantizar el derecho a la vivienda, recordando que el artículo 47 de la Constitución Española establece que “todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna”.
Pero, ¿qué entiende la administración madrileña por "vivienda digna"? Los sindicatos denuncian que muchas familias han sido forzadas a vivir en habitaciones de 11 metros cuadrados, compartidas entre varios miembros, con un solo baño para decenas de personas.
El origen del desastre: una venta fraudulenta y sus consecuencias
El expolio de la vivienda pública en Madrid tiene un origen claro: la venta de 1.860 viviendas protegidas en 2013 a Blackstone por parte del Ayuntamiento, dirigido entonces por Ana Botella.
Esta operación, que se cerró en 128,5 millones de euros, supuso el desalojo de numerosas familias y una revalorización especulativa que ha triplicado el precio de los inmuebles. Los inquilinos que antes pagaban alquileres asequibles, ahora enfrentan subidas de hasta un 300%, o directamente se ven obligados a abandonar sus hogares.
A esta venta se sumó la enajenación de 2.935 viviendas sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a Encasa Cibeles, una sociedad participada al 97% por Goldman Sachs. Esta operación dejó a miles de familias madrileñas a merced de un fondo especulativo que, en cuanto tomó posesión de los inmuebles, incrementó drásticamente las rentas y ejecutó desahucios masivos.
La lucha en los tribunales: sentencias y bloqueo institucional
Desde 2018, los tribunales han dictado sentencias contrarias a estas ventas, declarando que fueron irregulares y vulneraron el derecho a la vivienda. Sin embargo, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han retrasado sistemáticamente la reversión de las viviendas al patrimonio público, recurriendo cada fallo y protegiendo los intereses de los fondos buitre.
En 2019, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad de la venta de las viviendas del IVIMA, lo que obligaba a la Comunidad de Madrid a revertirlas. Sin embargo, solo 1.700 viviendas han sido recuperadas, mientras que el resto fueron revendidas a terceros. La administración madrileña ha hecho todo lo posible para dilatar el proceso, incumpliendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la ONU.
Un conflicto que llega a Estrasburgo
Uno de los afectados ha llevado su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Z.D., un vecino de Navalcarnero que residía en una vivienda social desde 2011, vio cómo su alquiler pasó de 44 a 393 euros tras la venta de su casa a Encasa Cibeles. Incapaz de afrontar la subida, fue denunciado por impago y condenado al desahucio.
La Abogacía del Estado se ha visto obligada a intervenir, defendiendo que la venta fue ilegal y que la Comunidad de Madrid debe garantizar una solución habitacional a las familias afectadas. El TEDH ha pedido explicaciones a España sobre la legalidad del proceso y la protección de los derechos de los inquilinos.
Madrid, epicentro de la especulación: el papel de los Aznar y los fondos buitres
La venta de viviendas públicas en Madrid no fue un error aislado, sino una estrategia diseñada para beneficiar a grandes inversores. Uno de los principales beneficiarios ha sido el fondo Cerberus, cuyo hombre fuerte en España es José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno José María Aznar.
Cerberus, a través de su filial Haya Real Estate, ha adquirido miles de viviendas en España, aprovechando la crisis inmobiliaria para hacerse con activos a precios irrisorios. El negocio de los fondos buitre ha contado con el respaldo de los bancos, que han vendido carteras millonarias de inmuebles a estos gigantes financieros. Solo en 2018, BBVA traspasó 80% de su negocio inmobiliario a Cerberus, mientras que Santander vendió 35.700 inmuebles por 1.535 millones de euros.
Un modelo insostenible que requiere una respuesta inmediata
La política de vivienda en Madrid ha sido un despropósito que ha beneficiado a especuladores a costa del sufrimiento de miles de familias. Los sindicatos han dejado claro que no basta con discursos vacíos ni medidas cosméticas: es necesario recuperar las viviendas públicas, regular el mercado inmobiliario y garantizar el derecho a una vivienda digna.
Mientras el gobierno de la Comunidad de Madrid sigue protegiendo a los fondos buitre, miles de familias madrileñas ven cómo su derecho a la vivienda se convierte en una mercancía en manos de inversores sin escrúpulos. La lucha sigue, y este 20 de marzo, la voz de quienes defienden la vivienda pública resonará en las calles de Madrid.