María Jesús Almena, conocida como Chus, no olvida el día en que se enteró de que su vivienda social ya no le pertenecía al Ayuntamiento. “Fue como si me arrancaran el suelo bajo los pies”, recuerda. Su caso no es único: forma parte del grupo de afectados por la venta masiva de viviendas públicas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), ejecutada por el equipo de la alcaldesa popular Ana Botella en 2013.
Aquella operación supuso el traspaso de 1.860 viviendas sociales a fondos de inversión privados. Según los afectados, ni se les informó con claridad ni se les ofreció alternativa alguna. Chus y sus vecinos no solo perdieron su seguridad habitacional, sino también la confianza en una administración que, supuestamente, debía protegerles.
Contratos rotos, promesas traicionadas
La situación se agravó rápidamente. Las condiciones que se les prometieron —estabilidad, alquileres asequibles, continuidad— desaparecieron en cuanto los fondos buitre tomaron el control. “Nos prometieron que no cambiaría nada. Al poco, empezaron a subirnos el alquiler un 43%, luego un 10%, luego más. Y si protestabas, no renovaban el contrato”, denuncia Almena.
En su edificio, en el PAU de Carabanchel, la mitad de las viviendas nunca fueron alquiladas. Sin embargo, existía una enorme lista de espera de solicitantes. “¿Por qué no las adjudicaron a quien lo necesitaba? Porque ya planeaban venderlo todo. Fue una trampa", asegura. Chus denuncia que se usaron los recursos públicos para hacer caja, mientras cientos de familias esperaban un hogar.
Una lucha desigual
Tras la venta, comenzaron los procesos de acoso inmobiliario. Contratos temporales, presión constante, amenazas de desahucio y una angustia permanente. “Jamás fallamos en los pagos, jamás. Pero eso no les importaba. Querían echarnos”, lamenta. Chus cuenta que vio cómo sacaban de sus casas a vecinos con cáncer, a ancianos con Alzheimer, a madres con bebés. "No se trataba de dinero, se trataba de deshacerse de nosotros".
Chus lo resume así: “Firmamos un contrato con el Ayuntamiento, y ellos lo rompieron. Nos fallaron como ciudadanos, como personas. Y eso no se perdona”.
El daño emocional ha sido brutal. “Nos han destrozado. Once años soportando esta pesadilla han afectado nuestra salud física y mental. Y aún hay jueces que fallan a favor de los fondos. ¿Dónde está la justicia?”, se pregunta. Para ella, la traición más dolorosa no vino de las empresas, sino de la administración pública. “Yo creía que el Ayuntamiento estaba para ayudarnos. Nunca pensé que nos estafaría así”.
Violencia institucional y silencio judicial
Los afectados han llevado sus casos a los tribunales. Sin embargo, la mayoría de las sentencias han dado la razón a los fondos. “Hemos encontrado un muro. Nos dicen que es legal, pero ¿es legítimo?”, critica. La falta de transparencia en la operación —sin subasta, sin pliegos públicos, con informes realizados por auditoras que trabajaban para las mismas empresas que se beneficiaron— levanta muchas sospechas.
Chus no entiende cómo una alcaldesa puede tomar una decisión tan grave sin consecuencias políticas ni judiciales. “Nos vendieron como si fuéramos mercancía. Y los que lo hicieron siguen tan tranquilos”.
Mujeres en primera línea
En medio del caos, fueron muchas mujeres quienes lideraron la resistencia. “Las mujeres tiramos hacia adelante. Solas, trabajadoras, madres. Nos convertimos en activistas sin quererlo”, explica. Chus destaca cómo organizaron asambleas, se enfrentaron a los medios, buscaron abogados, hicieron campañas. “Nos insultaron, nos llamaron de todo. Pero aquí estamos, peleando por lo que es justo”.
El caso de la EMVS es solo un ejemplo de cómo la política privatizadora puede dejar a los más vulnerables en la cuneta. La venta a fondos buitre no solo supuso un desprecio por el derecho a la vivienda, sino que sentó un peligroso precedente: el patrimonio público se convirtió en negocio.
Chus lo resume así: “Firmamos un contrato con el Ayuntamiento, y ellos lo rompieron. Nos fallaron como ciudadanos, como personas. Y eso no se perdona”.