En un giro significativo para la justicia en Madrid, un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, implicados directamente en la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Este proceso judicial se ha desatado a raíz de una querella presentada por dos familiares de residentes fallecidos, que acusan a los responsables de la Comunidad de Madrid de haber cometido un delito de "denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria", tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Este nuevo capítulo de la investigación pone de nuevo bajo el foco de la justicia los llamados "protocolos de la vergüenza", que según las víctimas y sus familias, impidieron que muchos ancianos fueran trasladados a hospitales durante la crisis sanitaria. En lugar de ser atendidos en los centros hospitalarios, los residentes fueron desatendidos, lo que provocó la muerte de miles de personas, dejando un rastro de dolor y un cuestionamiento persistente sobre la gestión sanitaria en Madrid.
Los imputados en este nuevo proceso incluyen al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo. Ambos, responsables de la creación y aplicación de los tristemente célebres protocolos, están ahora bajo investigación por la justicia. Además, el exresponsable del SUMMA 112, Pablo Busca, también está citado en calidad de imputado, al igual que la geriatra del Hospital Severo Ochoa de Leganés, María Jesús Molina, encargada de determinar las derivaciones hospitalarias de los residentes.
La omisión de socorro y la discriminación sanitaria
La causa, que en su origen fue archivada, fue reabierta en abril tras una denuncia presentada por 109 familiares de víctimas ante la Fiscalía. Esta denuncia expone que las muertes de las personas mayores en residencias no fueron simplemente un resultado de la pandemia, sino una consecuencia directa de la falta de atención médica adecuada. Los denunciantes sostienen que las autoridades, con la implementación de los protocolos de triaje, discriminaban a los residentes en favor de otros grupos de pacientes, violando así su derecho fundamental a recibir atención sanitaria.
Los “protocolos de la vergüenza” que definieron la respuesta del gobierno madrileño a la crisis sanitaria son el epicentro de esta denuncia. Estos protocolos determinaban que los residentes que padecieran Covid-19 no fueran trasladados a hospitales, una decisión que se considera fundamentalmente injusta y, en muchos casos, letal. Durante los meses de marzo y abril de 2020, 7.291 personas murieron en las residencias madrileñas sin haber recibido la atención médica que necesitaban, lo que representa una tragedia colectiva de dimensiones incalculables.
El debate sobre las responsabilidades de los altos cargos políticos se ha intensificado con el paso del tiempo. Si bien algunos trabajadores de residencias fueron imputados por no haber derivado a los ancianos a los hospitales, los políticos responsables de la política de salud pública en ese momento no habían sido citados judicialmente, lo que provocó indignación entre las familias afectadas. Ahora, después de cinco años de espera, la citación de altos cargos de la Comunidad de Madrid marca un avance crucial en este caso.
El testimonio clave de Alberto Reyero
Uno de los momentos más esperados en este proceso judicial será la declaración del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Desde el comienzo de la pandemia, Reyero denunció públicamente la falta de recursos y la discriminación sufrida por los mayores en las residencias. Su testimonio, junto con el de otros testigos como Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, será crucial para esclarecer cómo las decisiones políticas afectaron a la gestión sanitaria en las residencias durante la crisis.
Reyero ha sido un crítico constante de las políticas implementadas por el gobierno regional, señalando que la falta de un plan de actuación adecuado y la omisión de socorro llevaron a una tragedia que pudo haberse evitado con una respuesta más eficaz. Abarca Cidón, por su parte, será interrogado sobre el papel de los hospitales privados en el proceso de derivación de pacientes, un tema clave que resalta las desigualdades en el acceso a la atención médica durante la crisis.
Un avance judicial crucial para las víctimas
Para las asociaciones de familiares de los fallecidos, como Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, este avance judicial es un rayo de esperanza después de años de sentir que la justicia no había hecho lo suficiente. Después de múltiples fallos en su contra, las familias sienten que finalmente se está reconociendo la magnitud de la injusticia ocurrida en las residencias de mayores.
Desde el inicio de la pandemia, las familias han clamado por justicia, pidiendo que se señale a los responsables de la gestión sanitaria que permitió que tantos ancianos murieran sin recibir la atención que necesitaban. Con la citación de los altos cargos del gobierno madrileño, el caso ha cobrado una nueva relevancia. A pesar de las dificultades judiciales previas, la reapertura de esta causa ofrece una nueva oportunidad para que se haga justicia con las víctimas.
Una historia de dolor y lucha por la verdad
El dolor de las familias de los fallecidos sigue vivo, y la lucha por conocer la verdad no ha cesado en estos años. Las acusaciones de discriminación sanitaria y la negación de la asistencia médica a los residentes forman parte de una trama que refleja la fragilidad del sistema sanitario y la deshumanización de la gestión política durante uno de los momentos más oscuros de la historia reciente.
Aunque el proceso judicial es largo y difícil, el hecho de que los responsables políticos estén finalmente siendo investigados es un paso hacia la justicia que muchas familias consideraban perdido. Ahora, las esperanzas se centran en que los testimonios y la documentación que se presenten en el juicio puedan arrojar luz sobre la verdad y hacer que los responsables rindan cuentas por los crímenes cometidos durante la gestión de la pandemia.
Con cada nuevo avance judicial, las víctimas de esta tragedia colectiva mantienen viva la esperanza de que algún día se haga justicia para los 7.291 fallecidos en las residencias de Madrid.