Todavía no han empezado los contactos entre socialistas y populares para renovar los cuatro jueces del Tribunal Constitucional cuyo mandato termina en diciembre próximo, pero ya se están dando pistas sobre lo que piensa cada uno de los grupos. Hace unos días el vicesecretario de educación e igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, aseguró que su partido quiere que el Constitucional “recupere la senda del respeto a las instituciones y a la Justicia” al tiempo que advertía al ministro Bolaños, al que se supone será el negociador del PSOE, que se tome “en serio” este tema y “deje de manipularlo todo el tiempo”. De estas manifestaciones se desprende una clara lectura. Van a exigir los cuatro puestos que debe designar el Senado. Uno de ellos lo tienen prácticamente asegurado, es el de José María Macias cuya renovación se da por segura ya que fue elegido hace un año. Pero para los otros tres necesitarán el respaldo de tres quintos, el voto de 160 senadores, y sólo cuentan con 145. O pactan con Vox o los independentistas catalanes, o no podrán sacar adelante su propuesta. En este caso, volveremos al bloqueo institucional al que nos tienen acostumbrados las formaciones mayoritarias.
En Génova dicen, eso sí en privado porque todavía no hay una postura oficial, que no existen razones para la urgencia de esta renovación. Sostienen que, más temprano que tarde, Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales que les permitirá llegar a Moncloa y obtener una mayoría suficiente como para cambiar la composición de un tribunal al que acusan de ser “un instrumento al servicio del gobierno”. Es mucho suponer porque el legislador diseñó la elección parlamentaria para que se necesitase un amplio acuerdo, tres quintos de las cámaras. Aún obteniendo una mayoría absoluta, el PP tendría que pactar con otras formaciones esos 160 votos necesarios para sacar adelante a sus candidatos y acabar con la mayoría progresista.
Hay que tener en cuenta, también, que el Tribunal Constitucional lo componen cuatro jueces más además de los ocho de extracción parlamentaria, dos designados por el gobierno y otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Intentar abarcar la totalidad de los miembros sería tanto como aplicar el mismo criterio que sostiene ahora Núñez Feijóo, el Tribunal Constitucional seguiría en manos del ejecutivo por lo que el principio de separación de poderes que los populares aseguran estar amenazado quedaría en una situación similar a la actual salvo que la mayoría, entonces, la tendrían los conservadores.
Además, el PP necesitaría o bien el voto de Vox o el de los independentistas catalanes. El del partido de Santiago Abascal no está asegurado por principio. La extrema derecha pide, en su programa electoral, la desaparición del Tribunal Constitucional y que sus competencias sean asumidas por una sala especial del Tribunal Supremo. En cuanto a Junts per Catalunya, su máximo líder, Carles Puigdemont, está pendiente de un recurso de amparo sobre la negativa de la sala de Lo Penal de negarle la amnistía al no reconocer el delito de malversación del que se le acusa dentro de la medida de gracia. Facilitar a los conservadores la mayoría en la corte de garantías sería darse un tiro en el pie porque el rechazo a ese recurso sería evidente. Y hay que tener en cuenta que el presidente del TC ya ha adelantado que, antes de entrar a discutir los recursos de amparo presentados por los condenados del procès, se piensa abordar los de las comunidades autónomas y las instancias judiciales, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Catalunya y Madrid y los juzgados de primera instancia. Demasiado trabajo para resolver antes de que concluya 2025.
Por lo tanto, al Partido Popular sólo le queda la posibilidad de alcanzar un nuevo pacto con el PSOE. El sector más moderado de Génova propone alcanzar un acuerdo con los socialistas para colocar, además de Macías, otros dos jueces y dejar uno para el PSOE. La composición quedaría igualada, siete a siete, pero los progresistas todavía tendrían mayoría suficiente como para sacar adelante sus resoluciones porque, a cambio de ceder un puesto, pactarían la presidencia que dejaría Conde-Pumpido. En Moncloa tienen un nombre, Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, juez de la Audiencia Nacional y de talante dialogante que no sería mal visto por la derecha. El problema es en que los asuntos más importantes que debe resolver el TC, los de la amnistía, Campo se ha mostrado públicamente en desacuerdo con la medida de gracia. Incluso se ha apartado voluntariamente de los debates. Por lo tanto, los socialistas tendrían que buscar otra opción, un candidato para presidir la corte con un perfil más duro. Y aquí surge otra novedad: al sector feminista del PSOE le gustaría una mujer y la mejor candidata es la actual vicepresidenta, María Luisa Segoviano. Reconocida feminista, fue la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo, la de Lo Social. Experta en derecho laboral ha sido la ponente sobre la ley de amnistía y la continuidad de la política llevada a cabo por Conde-Pumpido estaría garantizada.
Todos son especulaciones porque se está al principio del proceso. Pero de una cosa no cabe duda. Habrá enfrentamiento. El clima de crispación es propicio para que se produzca el desacuerdo y para que los cuatro magistrados que tienen que cesar se mantengan en sus puestos. Nueva situación de bloqueo que no es la primera. El PP boicoteó la renovación del TC durante el mandato de Zapatero, cuando el órgano debatía la sentencia sobre el estatuto de autonomía de Catalunya que acabó prendiendo la mecha que derivó en el proceso independentista. Y todavía más escandalosa fue la postura del sector conservador del anterior CGPJ caducado, que bloqueó la designación de los dos miembros que le correspondían. El Congreso quiso cambiar la ley para acabar con este bloqueo y el entonces presidente del TC, Pedro González Trevijano, prohibió a la cámara el debate sobre este asunto en una decisión que se llegó a calificar de golpe de Estado.
Con estos antecedentes, un nuevo bloqueo no sería bien visto por la sociedad. Por lo tanto, habrá que ver cómo se lo toma la opinión pública que los cuatro magistrados permanezcan en sus puestos “en funciones” durante un prolongado periodo de tiempo.