En 1957, el ministro de vivienda de Franco, José Luis Arrese, proclamó una frase que definiría el futuro del mercado inmobiliario en España: “Queremos un país de propietarios y no de proletarios”. Este lema, que parecía responder a una lógica de estabilidad social, sentó las bases de un modelo especulativo que aún hoy genera profundas desigualdades. Las recientes declaraciones del PP, con su defensa del “país de propietarios”, evidencian cómo aquella estrategia urbanística franquista sigue impregnando el discurso político actual.
Una obsesión que moldeó el país
Tras la Guerra Civil, el régimen franquista buscaba reconstruir un país devastado y alinear a la población con los valores conservadores de la dictadura. La vivienda fue la herramienta clave. Bajo el paraguas del Instituto Nacional de la Vivienda, creado en 1939, y otras entidades, como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, se impulsó la construcción masiva de pisos, con incentivos dirigidos a promover la propiedad privada. Entre 1961 y 1976 se edificaron casi seis millones de viviendas, una cifra asombrosa para un país que apenas comenzaba a recuperarse.
Pero la prioridad no era garantizar la calidad de vida, sino convertir a los ciudadanos en propietarios, alejándolos del modelo de alquiler predominante en Europa. Esto respondía a una estrategia política: los propietarios, endeudados y dependientes, serían menos proclives a cuestionar el sistema.
Leyes para la especulación
Franco no solo promovió la construcción masiva, sino que diseñó un marco legal que favorecía a los promotores inmobiliarios y las empresas constructoras afines al régimen. La ley del suelo de 1956 permitió la expropiación de terrenos para dárselos a empresas privadas. Estas construcciones, subvencionadas con fondos públicos y exentas de impuestos, reforzaron el dominio de un pequeño grupo de empresarios que, décadas después, seguirían capitalizando el mercado.
El poeta y ministro Arrese resumió el enfoque del régimen con otra frase lapidaria: “Primero la vivienda y después, urbanismo”. Esta priorización llevó al desarrollo caótico de barriadas y polígonos residenciales, donde la planificación y la habitabilidad quedaban relegadas. Ejemplos como Ocharcoaga, en Bilbao, inaugurado en 1964, muestran las consecuencias: humedades, filtraciones y más de 200 viviendas declaradas inhabitables décadas después.
Los ecos del franquismo en el discurso del pp
En este contexto, las declaraciones recientes de Elías Bendodo, vicesecretario del PP, resultan especialmente polémicas. Calificar la propuesta de Pedro Sánchez de crear una empresa pública de vivienda como “una solución franquista” revela una ironía histórica. El propio modelo de mercado que el PP defiende —centrado en la propiedad privada y la liberalización del suelo— hunde sus raíces en las políticas de vivienda de la dictadura.
El PP sostiene que el problema de la vivienda no se resuelve con ideología, sino liberando suelo y fomentando la construcción. Sin embargo, este enfoque ignora los efectos del modelo franquista: una expansión descontrolada que, en lugar de resolver el déficit habitacional, consolidó la especulación y las desigualdades.
De aquellos polvos, estos lodos
El legado franquista no se limita a las políticas urbanísticas. También configuró una mentalidad colectiva que asocia la vivienda en propiedad con éxito personal. A partir de los años 60, la publicidad institucional y privada reforzó esta idea: “Solo se vive una vez, ¿por qué no vivir bien?”, rezaban los eslóganes. Las instituciones financieras se sumaron al juego, facilitando créditos hipotecarios para comprar, no para alquilar.
En contraste, otros países europeos priorizaron el alquiler como una solución más flexible y asequible. Hoy, España enfrenta un mercado profundamente desequilibrado, con precios inalcanzables para gran parte de la población y un parque público de alquiler casi inexistente.
El círculo vicioso de la especulación
El enfoque franquista no solo favoreció la especulación en su momento, sino que sentó las bases para futuras burbujas inmobiliarias. Entre 1975 y el año 2000, las instituciones financieras estimaron la necesidad de construir 14,8 millones de viviendas adicionales. La maquinaria continuó alimentándose de las leyes de la dictadura, que priorizaban el beneficio privado sobre el interés social.
Mientras tanto, los ciudadanos, convertidos en propietarios, cargaban con hipotecas interminables, manteniendo la estabilidad de un sistema económico que dependía del endeudamiento de las familias. La crisis de 2008 mostró los límites de este modelo, dejando a millones de personas al borde del desahucio.
Una alternativa posible
El anuncio de Sánchez de crear una empresa pública de vivienda busca corregir algunos de estos desequilibrios. Sin embargo, enfrentará resistencias de un sistema profundamente arraigado en las dinámicas especulativas. La creación de un parque público de alquiler es una necesidad urgente, pero requerirá un cambio de paradigma que rompa con la mentalidad instaurada por el franquismo.
En este sentido, comparar la propuesta actual con las políticas de vivienda de Franco no solo es anacrónico, sino que tergiversa el debate. Mientras el régimen utilizó la vivienda como una herramienta de control social y enriquecimiento privado, las iniciativas contemporáneas buscan garantizar un derecho fundamental que sigue siendo inaccesible para muchos.
La frase de Arrese, “Queremos un país de propietarios y no de proletarios”, marcó un punto de inflexión en la historia urbanística de España. A partir de entonces, el país se construyó sobre cimientos de especulación y desigualdad, dejando un legado que aún condiciona nuestras ciudades y nuestras vidas.
Hoy, el desafío es revertir esas políticas y construir un modelo más justo y sostenible. Para ello, es necesario reconocer las raíces de nuestros problemas y superar los prejuicios que asocian la intervención pública con el autoritarismo. Solo así podremos avanzar hacia un futuro donde la vivienda sea un derecho, no un privilegio.