En pleno corazón del madrileño barrio de Chamberí, Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, disfrutan de un hogar dividido en dos viviendas independientes, una sobre la otra. Lo que parecía una residencia sin mayores implicaciones se ha convertido en epicentro de un escándalo con ramificaciones fiscales, empresariales y políticas que siguen creciendo.
El piso inferior, en la sexta planta de un edificio clásico del distrito, fue adquirido por González Amador en julio de 2022 por 850.000 euros. Para ello entregó una entrada de 350.000 euros, una cifra que coincide milimétricamente con el dinero que Hacienda le reclama por fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021. La casualidad resulta tan precisa que ha despertado sospechas incluso entre los investigadores del caso, que no descartan que ese importe procediera directamente de los fondos defraudados.
Un año después, el empresario y su pareja se mudaron a esa vivienda, ya reformada. Pero el dúplex no estaba completo. Justo encima, en la séptima planta, les esperaba un ático de lujo adquirido por la sociedad Babia Capital SL por 950.000 euros (870.000 por la vivienda más 70.000 por garaje y trastero). La empresa, administrada por el fiscalista Javier Gómez Fidalgo —también imputado—, realizó la compra sin financiación aparente: no hay rastro de hipoteca ni se conoce el origen del dinero utilizado.
Una propiedad, un “favor” y muchas preguntas
Según el testimonio del propio González Amador ante la jueza del caso, fue su asesor fiscal quien le “hizo el favor” de adquirir el ático para que él pudiera residir allí con Ayuso. Asegura que lo alquila por 5.000 euros mensuales, con derecho a compra. La operación, sin embargo, levanta serias dudas: si el dinero fuese del fiscalista, Babia Capital tendría que haber reflejado en sus cuentas una operación vinculada, pero no hay mención alguna.
La estructura del ático revela que no estamos ante un alquiler cualquiera. Tiene 176 metros cuadrados construidos, cinco dormitorios, dos vestíbulos, dos baños y una terraza de amplias dimensiones. Un capricho inmobiliario sin comparación con los habituales alquileres de la zona, mucho más modestos tanto en precio como en condiciones.
Conexiones con dinero público
El entramado no se detiene en la compraventa de los inmuebles. Las empresas de Alberto González Amador, en especial Maxwell Cremona y otras sociedades bajo su órbita, han facturado cantidades crecientes a Quirón Prevención, una de las grandes contratistas del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde que se formalizó su relación con Ayuso, las cifras de negocio con esta empresa se han cuadruplicado.
Además, González Amador obtuvo casi dos millones de euros en comisiones por intermediar en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, una operación que también involucra a un alto cargo de Quirón. Parte de esas ganancias, según los investigadores, habrían sido blanqueadas a través de compras simuladas, como la adquisición por 500.000 euros de una empresa sin actividad propiedad de la esposa del directivo sanitario.
Durante más de un año, ni Ayuso ni la Comunidad de Madrid ofrecieron explicaciones claras sobre la vivienda de la presidenta. Solo tras la declaración judicial de su pareja, se conoció que el ático estaba a nombre de la sociedad Babia Capital. Ayuso, lejos de reconocer privilegios o excesos, ironizó en una rueda de prensa: “¿De lujo? Hay que morirse de la risa con ustedes”.
Ese mismo día, mientras González Amador comparecía ante la jueza por fraude fiscal y falsedad documental, la presidenta no acudió a la Asamblea de Madrid. Alegó un viaje institucional a Ecuador. La oposición no tardó en reaccionar. “Cada vez está más alto en su escalera al ático”, ironizó Óscar López, portavoz del PSOE madrileño.
Un puzzle financiero por resolver
La investigación judicial está centrada en esclarecer si el patrimonio de González Amador y el acceso a determinadas propiedades responden a una ingeniería fiscal y societaria para ocultar ingresos reales. El papel del fiscalista Gómez Fidalgo es clave: su declaración, prevista para el 6 de mayo, podría aportar más detalles sobre las verdaderas fuentes de financiación del ático.
A día de hoy, ni el préstamo que permitió a Babia Capital comprar la vivienda ni la naturaleza del supuesto alquiler de 5.000 euros están suficientemente acreditados. Tampoco el papel que pudo jugar Ayuso en la operación, aunque oficialmente no figure como propietaria ni hipotecada.
El caso combina ingredientes explosivos: una figura política de primer nivel, un empresario acusado de fraude, comisiones millonarias, sociedades opacas, viviendas de lujo y un entorno de favores entre particulares que se solapan con contrataciones públicas.
A falta de explicaciones convincentes y con la documentación financiera bajo la lupa, la historia del dúplex de Chamberí está lejos de cerrarse. La Fiscalía sospecha que detrás del entramado hay un uso ilegítimo de información privilegiada y una red de influencias que podría haber beneficiado directamente a González Amador gracias a su cercanía con el poder autonómico.
Lo que empezó como una polémica más en torno a la figura de Isabel Díaz Ayuso ha adquirido ya una dimensión institucional, financiera y judicial de largo alcance. La pregunta no es solo quién pagó el ático, sino quién se beneficia realmente de todo este montaje inmobiliario.