“Al final, el pueblo salva al pueblo”. Inquietante. Y no sólo lo hemos escuchado en los incendios que asolan este país, sino en las inundaciones de Aragón, cuando los máximos dirigentes regionales estaban en una boda, o en la dana de Valencia, con el presidente sin contestar a las llamadas de teléfono comiendo, y haciendo más cosas, en el tristemente famoso restaurante El Ventorro. La frase refleja el estado de ánimo de la población que ya no confía en su clase política. Y eso es caldo de cultivo para otras opciones, en el mejor de los casos el irresistible ascenso de la ultraderecha sin descartar una desobediencia civil que desembocaría en populismos de diferente signo, pero con un denominador común: el cuestionamiento del sistema, de la democracia. Esto es lo que está pasando ahora mismo en un país desolado por los incendios forestales que arrojan un alarmante balance: tres muertos, casi una decena de heridos y más diez mil evacuados mientras la clase política sigue crispando los ánimos culpando los unos a los otros de esta nueva catástrofe. Es cierto que las competencias en la materia son exclusivas de las comunidades autónomas y que, salvo alguna honrosa excepción como es la del consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, sus líderes han repetido el “caso Mazón”, aparecer tarde y de mala manera, cuando los desastres se habían consumado, pero también es verdad que Pedro Sánchez debería haber suspendido sus vacaciones y haber convocado un consejo de ministros extraordinario. A nadie debe extrañar la frustración popular y todos deben empezar a tomar buena nota de sus consecuencias.
Es cierto que no se puede comparar lo que hizo Carlos Mazón, en la dana que costó la vida a 231 personas. Los expertos, incluso la jueza que instruye las acciones penales, han dejado claro que, si se hubiese avisado a la población, el número de víctimas habría sido mucho menor. Pero quien debía dar la orden estaba comiendo, o no se sabe exactamente el qué, en el restaurante de lujo el Ventorro. Desde entonces se habla de “la política del Ventorro”. Fueron horas en las que se echó en falta el liderazgo de quien tenía la llave de la voz de alarma. El presidente de la Generalitat sigue en su puesto. Y no parece que vaya a ser cesado a pesar de las numerosas manifestaciones de protesta de los afectados pidiendo su dimisión. Ni siquiera la jueza se atreve a imputarlo cuando sí lo ha hecho a su consejera de Interior. Ahí terminan las responsabilidades penales, de momento.
Y ahora vuelve a suceder lo mismo en Castilla y León. Las provincias de León y Zamora se han quemado casi por completo. Un emblema, patrimonio de la humanidad, como es el paraje de Las Médulas ha quedado seriamente dañado. Su arbolado de cerezos, único en el mundo, destruido y, según los expertos, el paisaje tardará años en volver a ser lo que fue, el camino que utilizaban los romanos para encauzar el oro que extraían de sus montañas. Otro monte, que sufrió hace tres años un terrible incendio, el de la sierra de La Culebra, en Zamora, vuelve a ser pasto de las llamas justo cuando su vegetación empezaba a recuperarse. Lugares sujetos a una actividad turística como son los del interior de Ourense, la sierra de Manzaneda y la comarca de O Bolo, son pasto de las llamas y, mientras tanto, el consejero de medio ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez, que se personó en los puestos de mando de los siniestros horas después de consumarse la catástrofe, se encontraba de comilona en Gijón, y, encima, argumentó, con alto grado de chulería que “tiene la mala costumbre de comer”.
Muchos ciudadanos han perdido sus hogares y sus medios de vida mientras los bomberos luchaban por salvar lo más importante: sus vidas. Unos bomberos forestales como los de Madrid, que, dando muestras de su profesionalidad, neutralizaron el incendio que se propagó por parte de la localidad madrileña de Tres Cantos, una localidad de clase media-alta. Esos bomberos forestales se encuentran, desde el 15 de julio, en huelga con servicios mínimos del 80%. Echan horas cuando se produce un incendio. Apenas sobrepasan el salario mínimo y, para la mayoría de ellos, sus contratos de fijos discontinuos sólo tienen la duración de cuatro meses, la temporada estival.
El resto del año ni siquiera se cuenta con ellos. Las comunidades autónomas, competentes en materia de prevención de incendios y mantenimiento forestal, hace tiempo que dejaron de limpiar los bosques donde crece la maleza sin control. Esa misma maleza que se convierte en la gasolina necesaria para el inicio del incendio por la acción de un rayo, lo que ahora se llama “tormenta seca”, una chispa de maquinaria agrícola, un descuido ciudadano o la actuación delictiva de los pirómanos e incendiarios. Hace años, se permitían los llamados “cortafuegos naturales”, muchas veces animales que se encargaban de dar buena cuenta de esa hierba, pero, ahora mismo, los ayuntamientos y comunidades han prohibido esa práctica y han dejado de proteger las vías pecuarias convertidas en caminos salvajes llenos de esa vegetación pasto de las llamas.
La protesta de los bomberos forestales no sólo afecta a la comunidad de Madrid, sino también a la castellano leonesa donde los agricultores, además, se quejan de que la gran mayoría de suelo rural se está convirtiendo en urbanizable. La construcción de casas de segunda residencia cerca de los montes está provocando, además, una peligrosa situación. En Tarifa, Cádiz, han tenido que ser desalojadas varias urbanizaciones turísticas en temporada alta debido a la cercanía de los incendios. Los expertos avisan: construir en ciertos lugares sin los correspondientes cortafuegos es tan peligroso como hacerlo en las llamadas “zonas inundables”.
Como dice una analista política “se prefiere invertir en toreros que en bomberos”. Y la ciudadanía se pregunta que adónde van a parar sus impuestos cuando se recortan gastos en sanidad y en educación, y, ahora, se constata en que esos recortes también se dirigen a una actividad, como la forestal, en la que está en juego sus propiedades y, en ocasiones, su vida.