El cerco judicial sobre la denominada "guerra sucia" contra Podemos se estrecha. La Audiencia Nacional, a través del juez Santiago Pedraz, ha exigido al Ministerio del Interior que entregue toda la documentación relacionada con las investigaciones que la Policía realizó contra el partido de Pablo Iglesias entre 2014 y 2016 sin orden judicial. Estas pesquisas, impulsadas desde el Gobierno de Mariano Rajoy, tenían como objetivo desprestigiar a la formación morada mediante filtraciones a medios afines al Partido Popular.
Espionaje sin respaldo judicial
El juez Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha requerido a la Dirección General de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) "cuantas notas, actas, diligencias, atestados o informes" se hayan elaborado sobre Podemos, la Fundación CEPS o cualquiera de sus 67 dirigentes en el período de mayo de 2014 a diciembre de 2016.
Estas investigaciones policiales, realizadas al margen de la justicia, se basaron en informaciones falsas o irrelevantes, que posteriormente fueron filtradas a medios afines al PP antes de que la propia Policía archivara los casos. Todo esto sin respaldo judicial ni indicios de delito.
Las maniobras de Interior contra Podemos
La investigación judicial parte de una querella presentada por Podemos contra altos cargos del Ministerio del Interior durante el Gobierno del PP. En ella, el partido denunció los delitos de organización criminal, revelación de secretos, malversación, prevaricación y falsedad documental.
Uno de los episodios más reveladores de esta guerra sucia se produjo tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando Podemos obtuvo 69 diputados y puso en jaque la continuidad de Rajoy en la Moncloa. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ordenó entonces a sus comisarios de confianza que buscaran información sobre los antecedentes penales de los parlamentarios de Podemos para desprestigiarlos públicamente.
Según las conversaciones de WhatsApp incautadas a Martínez en la operación Kitchen, un periodista de El Mundo le sugirió que "sería cojonudo" publicar informaciones sobre los antecedentes de los diputados de Podemos. Pocas horas después, Martínez ordenó la búsqueda de estos datos a la Policía. Sin embargo, el responsable de la Brigada Provincial de Madrid se negó, ya que "mirar los antecedentes de los 69 de Podemos dejaba rastro".
El informe PISA: una operación fallida
Uno de los intentos más descarados de desacreditar a Podemos fue la filtración del llamado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.), un documento sin firma ni sello que acusaba al partido de haber sido financiado ilegalmente por Irán y Venezuela. Medios como Okdiario y ABC publicaron el informe como si fuera una investigación oficial, pese a que el Tribunal de Cuentas terminó archivando el caso por falta de pruebas.
Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de la Policía, reconoció en mensajes a Martínez que el objetivo era simplemente obligar a Podemos a dar explicaciones sobre su supuesta financiación, aunque no hubiera delito.
La cuenta falsa de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas
Otro intento de desprestigio contra Podemos fue la publicación en 2016 de una supuesta cuenta bancaria de Pablo Iglesias en un paraíso fiscal. Okdiario publicó que Iglesias había recibido 272.000 dólares de Venezuela en un banco de las Islas Granadinas. Sin embargo, al día siguiente la propia entidad bancaria desmintió la información, aclarando que nunca había tenido una cuenta a nombre de Iglesias.
Pese a ello, el daño ya estaba hecho y la noticia se utilizó como munición política contra Podemos en plena campaña electoral.
Las maniobras contra Podemos se enmarcan dentro de una estrategia más amplia de la "brigada patriótica", una red de altos mandos policiales al servicio del PP. Esta trama estuvo implicada en otros escándalos, como el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en el caso Kitchen o la denominada Operación Catalunya contra el independentismo.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal artífice de muchas de estas operaciones, confirmó en sede judicial que se usaron fondos reservados y policías encubiertos para fabricar pruebas contra Podemos y sus dirigentes.
La Audiencia Nacional avala los chats de Martínez como prueba
El intento del exnúmero dos de Interior de invalidar sus conversaciones de WhatsApp como prueba en la investigación ha fracasado. La Audiencia Nacional ha dictaminado que estos mensajes pueden ser utilizados en la causa, ya que demuestran la existencia de una operación coordinada desde Interior para desprestigiar a Podemos.
En estos mensajes, Martínez preguntaba directamente a un comisario: "Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?". Cuando el comisario le respondió que "nada", Martínez expresó su frustración con un "¡Cagüe en la puta!".
Todo apunta a la cúpula del PP
A medida que avanza la investigación, queda cada vez más claro que la guerra sucia contra Podemos fue una operación organizada desde las altas esferas del Gobierno de Rajoy. Las pruebas recabadas por la Audiencia Nacional revelan que el Ministerio del Interior utilizó a la Policía y a medios de comunicación afines para intentar frenar el ascenso de Podemos mediante la difusión de informaciones falsas y manipuladas.
Aunque el caso sigue abierto, todo apunta a que la justicia podría acabar señalando a la cúpula del PP de aquella época como responsable de una de las mayores maniobras de espionaje y difamación política en la historia reciente de España.