El Congreso de los Diputados vivió ayer un episodio de alto impacto político y social tras la no convalidación del Real Decreto-Ley 9/2024, que incluía medidas fundamentales como la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte público y la protección contra desahucios para familias vulnerables. La decisión, que contó con los votos en contra de PP, Vox y Junts, ha provocado una ola de indignación en sindicatos, organizaciones sociales y amplios sectores de la ciudadanía. UGT y CCOO han convocado movilizaciones el próximo domingo 2 de febrero para exigir la aprobación de un nuevo paquete de medidas que garantice la protección social.
Un golpe directo a la mayoría social
La no convalidación del decreto afecta de manera directa a más de 12,5 millones de pensionistas, que verán frustrada la revalorización de sus prestaciones contributivas y no contributivas. Además, más de 460.000 personas que perciben pensiones no contributivas, mayoritariamente mujeres, perderán el incremento del 9% aprobado en la reforma de 2023, cuyo objetivo era situarlas por encima del umbral de pobreza.
“Es una agresión sin precedentes a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, denuncian desde CCOO y UGT. El rechazo también elimina el aumento del 6% en las pensiones mínimas contributivas, que beneficiaba a 2,1 millones de personas, y el complemento de brecha de género, que iba a incrementarse un 7,8% este año.
Por si fuera poco, la decisión del Congreso pone fin a la vinculación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la revalorización de las pensiones, afectando a más de 2 millones de beneficiarios, de los cuales el 67% son mujeres. Esta medida también impacta a casi 867.000 menores que dependían del complemento de ayuda a la infancia vinculado al IMV.
Transporte, desahucios y suministros: un retroceso generalizado
La no aprobación del Real Decreto también elimina ayudas clave para la movilidad y la vida cotidiana. Desaparecen los descuentos de hasta el 50% en el transporte público y la gratuidad para ciertos colectivos, medidas que beneficiaban a millones de trabajadores y estudiantes. Además, decae la suspensión de desahucios para familias vulnerables y la garantía de suministros básicos de agua y luz, que representaban un alivio para más de 1,6 millones de personas en 2024.
“Es inadmisible que intereses partidistas pongan en riesgo derechos tan básicos como el acceso a la vivienda o la energía”, critican desde UGT. El bono social eléctrico, que beneficiaba a más de 860.000 personas en situación de vulnerabilidad severa, también queda en el aire.
La sostenibilidad del sistema en jaque
El decreto incluía medidas destinadas a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social, como el incremento de la base máxima de cotización y la cuota de solidaridad para salarios superiores. También contemplaba la financiación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Todo ello queda ahora paralizado, lo que supone un grave retroceso en los avances alcanzados desde 2021.
UGT y CCOO llaman a la movilización
Ante este panorama desolador, los sindicatos mayoritarios han anunciado movilizaciones masivas el próximo domingo. “No vamos a permitir que el oportunismo político convierta a los más vulnerables en rehenes”, declararon los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Las reivindicaciones de los sindicatos son claras:
- Aprobación inmediata, mediante Real Decreto-Ley, de un nuevo paquete de medidas de protección social.
- Garantía de convalidación por parte del Congreso para evitar bloqueos futuros.
- Restitución de los derechos perdidos, como la revalorización de pensiones y las ayudas al transporte.
Un clamor contra el tacticismo político
CCOO ha calificado de “irresponsable” la actitud de PP, Vox y Junts, acusándolos de priorizar intereses partidistas sobre las necesidades de la mayoría social. “Han puesto en jaque derechos fundamentales de millones de personas”, afirmó Unai Sordo. Por su parte, Pepe Álvarez de UGT advirtió que esta decisión es un “retroceso intolerable” y un ataque directo a los colectivos más desfavorecidos.
Los sindicatos también señalan que este bloqueo pone en peligro los compromisos adquiridos en la reforma de pensiones de 2023, que había sido aprobada con un amplio consenso. Desde UGT y CCOO insisten en que el Gobierno debe actuar con urgencia para garantizar la continuidad de las medidas caídas.
El impacto en cifras
- 12,5 millones de pensionistas afectados por la falta de revalorización.
- 2,1 millones de personas pierden los complementos a mínimos.
- 867.000 menores quedan sin el complemento de ayuda a la infancia.
- 1,6 millones de usuarios pierden la garantía de suministros básicos.
- 50% de descuento en transporte público eliminado.
Mientras las derechas celebran lo que consideran un “éxito político”, millones de ciudadanos ven cómo se desmoronan sus expectativas de una vida digna. Las movilizaciones del próximo domingo marcarán un punto de inflexión en esta lucha por los derechos sociales y la justicia. UGT y CCOO han dejado claro que no se detendrán hasta revertir esta situación y garantizar un futuro más equitativo para todos.