El Congreso vivió este miércoles una jornada crítica para millones de ciudadanos cuando el decreto que garantizaba la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte y medidas sociales quedó bloqueado tras el rechazo conjunto del Partido Popular, Junts y Vox. La votación, que tumbó el Real Decreto-Ley 9/2024, amenaza con dejar a 12 millones de pensionistas sin la subida del 2,8% prevista para febrero, lo que ha provocado una tormenta política y social.
El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha reaccionado con contundencia. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló en declaraciones a Hora 25: “El PP ha dejado tirados a los pensionistas. El Gobierno se va a dejar la piel para que no paguen justos por pecadores.” Estas palabras reflejan el tono de frustración que domina al Ejecutivo tras el inesperado desenlace.
La batalla política por las pensiones
El decreto incluía no solo la revalorización general del 2,8% de las pensiones contributivas, sino también incrementos del 6% en las mínimas y del 9% en las no contributivas, beneficiando a 460.000 personas, en su mayoría mujeres. Además, contemplaba medidas esenciales como el bono social eléctrico, ayudas al transporte público y la suspensión de desahucios para familias vulnerables. Todo esto ha quedado en el aire tras la negativa de las tres derechas.
El Ejecutivo, que confiaba en negociar un respaldo de última hora con Junts, se ha encontrado con un bloqueo absoluto. Según fuentes de Moncloa, “La posición de Junts era clara desde el lunes, pero creímos que el PP podría abstenerse, como en ocasiones anteriores. Esta vez han decidido alinearse con Vox y Junts, demostrando su desprecio por los pensionistas y los más vulnerables.”
Desde el Partido Popular, por su parte, han defendido su postura señalando que el decreto estaba cargado de medidas heterogéneas y que no podían apoyar “un cheque en blanco al Gobierno”. No obstante, las críticas no se han hecho esperar, especialmente desde los sindicatos y los colectivos sociales.
UGT y CCOO: “Una irresponsabilidad imperdonable”
Los sindicatos han sido contundentes en sus declaraciones. CCOO calificó el bloqueo como “un acto irresponsable que castiga a los colectivos más vulnerables”. Por su parte, UGT expresó su indignación mediante un comunicado: “No podemos tolerar que los intereses partidistas prevalezcan sobre los derechos de los pensionistas, las mujeres y las familias más desfavorecidas.”
PP, Vox, Junts y UPN hoy han decidido no apoyar un RDL, se supone que para mostrar la debilidad del gobierno.
— Unai Sordo (@UnaiSordo) January 22, 2025
El problema es que “la muestra” se graba en la espalda de trabajadores/as pensionistas y personas vulnerables.
El 🧶 se las trae.
Decae:
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Ambos sindicatos han instado al Gobierno a buscar una solución inmediata que permita garantizar la revalorización de las pensiones y la continuidad de las ayudas sociales. Además, han pedido explicaciones públicas a los partidos responsables del bloqueo.
Ni los pensionistas que cobran una pensión o los trabajadores y estudiantes que usan el transporte público pueden ser rehenes de las luchas en el Congreso.
— Pepe Álvarez (@SG_UGT) January 22, 2025
Que mañana no vean revalorizada su pensión o su transporte cueste el triple nos preocupa mucho.https://t.co/zfRYpBkpYh
El impacto en los pensionistas y otros colectivos
La ministra Elma Saiz subrayó que, aunque la subida de enero está garantizada, “si la situación no se resuelve, los pensionistas verán en febrero cómo sus ingresos retroceden al nivel de diciembre.” Esto afectará especialmente a quienes reciben las pensiones mínimas y no contributivas, muchas de ellas vinculadas al Ingreso Mínimo Vital.
Entre las medidas paralizadas, destaca también el incremento del complemento de brecha de género, que beneficiaría a miles de mujeres, y las ayudas al transporte público, que incluían descuentos del 50% o gratuidad para ciertos colectivos. “Es incomprensible que medidas tan necesarias hayan sido bloqueadas de manera tan frívola,” declaró Saiz.
La estrategia del Gobierno
Moncloa no prevé, por ahora, convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo decreto. En su lugar, busca volcar la presión social sobre el PP y Junts, confiando en que el descontento de los pensionistas y otros colectivos obligue a estos partidos a rectificar.
El PP acaba de votar en contra de subir las pensiones, de las ayudas a la DANA y al transporte público. Cuando tiene que elegir entre ampliar derechos o hacer daño a la sociedad, siempre elige lo segundo.
— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 22 de enero de 2025, 16:14
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Según Félix Bolaños, ministro de la Presidencia: “Cuando los pensionistas vean su nómina en febrero, sabrán que el PP y sus aliados han decidido dar la espalda a millones de personas.”
No obstante, el tiempo juega en contra del Ejecutivo. Si no se logra un acuerdo antes de mediados de febrero, las pensiones podrían volver a niveles de 2024, lo que supondría un golpe político para Sánchez y su equipo.
Un precedente peligroso
El bloqueo del decreto también pone en jaque otras medidas clave del Gobierno, como la sostenibilidad del sistema de pensiones a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o el incremento de la base máxima de cotización. Además, afecta a sectores estratégicos como el transporte público y la protección de los hogares más vulnerables frente a cortes de suministros básicos.
Para UGT y CCOO, este precedente sienta las bases de un “tacticismo político destructivo”. En palabras de Pepe Álvarez, secretario general de UGT: “Es intolerable que se juegue con los derechos sociales como si fueran fichas en una partida de ajedrez. Los pensionistas merecen respeto y certezas.”
Un desafío político y social
El bloqueo a la subida de las pensiones y otras medidas sociales ha desatado una crisis que enfrenta al Gobierno con una oposición unida en su rechazo. Mientras tanto, los sindicatos y los colectivos sociales advierten de las graves consecuencias para millones de personas.
La pregunta ahora es si el Ejecutivo logrará revertir esta situación antes de febrero o si, como temen muchos, los pensionistas y otros colectivos vulnerables pagarán el precio de este pulso político. Lo que es seguro es que este episodio marcará un antes y un después en el debate sobre el bienestar social en España.