Este otoño que viene va a ser determinante para el futuro político de este país y no se va a dilucidar en la calle o en el parlamento como debería ser, sino en los juzgados y tribunales. Los gestos de los jueces, una sentencia, un auto, una resolución… cualquier disposición va a ser utilizada por la derecha o la izquierda, depende de donde venga el tiro, para sus intereses políticos. La derecha tiene suficiente munición como para cargarse de “sus razones”, El juicio al fiscal general del Estado, la causa del juez Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez y la existente en Badajoz contra el hermano del presidente, Koldo y Ábalos… El Partido Popular y Vox utilizarán cualquier movimiento en estos asuntos para decir que el gobierno “está acorralado judicialmente” y pedir elecciones anticipadas. La izquierda también tendrá lo suyo: la dana, la judicialización de la última catástrofe natural, los incendios forestales, el caso Montoro, la resolución del polémico asunto sobre el novio de Isabel Diaz Ayuso y algunos de los juicios de las piezas separadas del caso Kitchen y de la operación Púnica. El “y tú más” va a ser la tónica dominante del curso político que comienza y que tendrá su colofón el día 5 de septiembre cuando el rey Felipe VI inaugure el año judicial con ese acto anacrónico que sirve para que los hombres de las puñetas muestren músculo, su poder, ese poder que les da derecho a saltarse toda la normativa a costa de nuestro dinero porque somos los mortales los que les pagamos. A ver que tonterías se les ocurre ese día.
El primer asunto con repercusiones políticas es el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El máximo representante de la acusación pública de este país ocupará un lugar, el día 5, junto al rey y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Se desconoce si para entonces ya se habrá abierto el juicio oral. En cualquier caso, García Ortiz va a ser el primer fiscal general que se siente en el banquillo en la historia de la democracia. Y tal circunstancia va a ser utilizada por la derecha.
Por mucho que digan no podrán argumentar un caso de corrupción. Además, se olvidan del principio constitucional de la presunción de inocencia. A los de Feijóo y Abascal les da igual. Consideran la causa como “un acorralamiento judicial al gobierno de Sánchez”. Lo malo es que entre los expertos jurídicos hay un importante sector progresista que creen que esta situación está haciendo daño a la institución y por ello consideran que García Ortiz debe dimitir.
El caso de Begoña Gómez es diferente. La instrucción de la pieza separada abierta por el juez Peinado está todavía en la fase inicial. Las dos investigadas, la esposa del presidente y su asistenta, Cristina Álvarez, directora de programas de la Presidencia, deberán comparecer en el juzgado. Se las acusa de malversación porque, según la versión del instructor, utilizaron medios públicos para conseguir patrocinios de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Peinado ha pedido a la UCO un informe sobre el contenido de la cuenta de correo oficial que utilizan las dos imputadas porque cree que en ella va a encontrar mensajes que demostrarían su utilización para fines privados.
Un caso paralelo está listo para el juicio oral. Se trata del hermano de Pedro Sánchez, David, acusado de un delito de prevaricación y tráfico de influencias. En este asunto queda por resolver la cuestión del aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE extremeño, diputado autonómico y expresidente de la diputación de Badajoz. Una vez se haya resuelto el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de rechazar dicho aforamiento, se procederá a la apertura del juicio oral que, se calcula, podría celebrarse antes de final de año. Para entonces, está prevista una ofensiva por parte del PP para salpicar a Sánchez.
Las investigaciones en los casos Koldo y Ábalos se encuentran, todavía, en su fase inicial. La clave está en el paradero de los cinco millones de euros que, presuntamente, se obtuvieron de las comisiones a cambio de la concesión de obras y servicios, y que salpican a Santos Cerdán, el exdirigente socialista que continúa en prisión de la que no saldrá hasta que aparezca el dinero. Las derechas política, mediática y judicial, con la inestimable colaboración de la UCO de la Guardia Civil, filtran, día sí y día también, nuevas revelaciones sobre el papel de las empresas que obtuvieron las concesiones a cambio de las mordidas. Y es argumento suficiente como para pedir la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Cada vez que sale un nuevo dato, dirigen sus miradas hacia los socios parlamentarios, en especial hacia el PNV. Junts y ERC, formaciones que han anticipado que cualquier nuevo informe que salpique a los socialistas será suficiente para retirarles su confianza parlamentaria. Lo que ocurre es que en la formación de Carles Puigdemont las cosas han cambiado. Su política de confrontación ha experimentado un giro de 180 grados tras conocerse que el Tribunal Constitucional resolverá, este otoño, el recurso de amparo del expresident, para que pueda acogerse a la ley de amnistía.
En esa estrategia del “y tu más”, la izquierda también tiene suficiente munición. La derecha quiere cargarse a la jueza de la dana, la titular del juzgado número 3 de Catarroja, quien está muy cerca de imputar por un delito de homicidio imprudente al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. Un cambio de la condición penal del máximo dirigente autonómico significaría neutralizar los calificativos contra García Ortiz. Ya no sería uno, sino dos, los máximos representantes del Estado procesados. Y, como no hay dos sin tres, la judicialización de los incendios forestales de Castilla y León y Galicia puede acabar con las carreras políticas de sus presidentes, y en especial la de Alfonso Fernández Mañueco que será el primero en tener que someterse al veredicto de las urnas. Una imputación judicial puede suponer el final de su carrera.
Tal y como se ve, parece que la acción política de este país depende de las decisiones de los juzgados. Es como si el futuro de la izquierda y la derecha se decidiera en los despachos judiciales donde parece que se han instalado las urnas. Esas de las que dependen los contendientes. Esos cuyas actuaciones instrumentalizando las acciones de jueces y magistrados han llevado a esta situación.