La política, entre otras cosas, debe ser la capacidad de responder a lo inesperado. Gobernar no es solo ejecutar programas y promesas electorales: es asumir el peso de lo imprevisto, gestionar la urgencia, preservar la vida y garantizar la dignidad incluso en medio del caos. Y sin embargo, si algo ha demostrado con inquietante regularidad la derecha española en las últimas décadas es que cuando la emergencia se convierte en prueba de Estado, el fracaso se convierte en norma.
Los casos son tan numerosos, tan similares en sus errores y tan dispares en sus contextos, que ya no cabe hablar de casualidad. Lo que hay es un patrón de comportamiento político, una forma de concebir el poder en la que la imagen importa más que la acción, el relato más que la verdad, la negación más que la autocrítica. Y en ese modelo, la gestión de catástrofes no se vive como una responsabilidad institucional, sino como una amenaza política que debe ser minimizada, maquillada o directamente ignorada.
Una antología del desastre
Uno de los primeros grandes ejemplos fue el hundimiento del Prestige en 2002. La gestión del entonces gobierno de José María Aznar se caracterizó por la desinformación, la lentitud, el desprecio por el conocimiento científico y, sobre todo, por una narrativa autocomplaciente que chocaba frontalmente con las imágenes del chapapote cubriendo la costa gallega. “Son solo unos hilillos”, decía Mariano Rajoy, entonces vicepresidente. La realidad era otra: una catástrofe ambiental de primer orden que dejó a la ciudadanía sola y organizándose por su cuenta para salvar lo que podía salvarse.
Poco después llegó la tragedia del Yak-42, con 62 militares españoles fallecidos en un avión inseguro, contratado bajo condiciones oscuras. Lo que podría haber sido un duelo nacional se convirtió en un episodio de infamia institucional, cuando se supo que los cuerpos fueron mal identificados y entregados sin las mínimas garantías. Nadie dimitió. El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, se limitó a declarar que “las identificaciones eran razonables”. A día de hoy, para muchas familias, el dolor sigue abierto.
En 2004, los atentados del 11M sacudieron Madrid y dejaron 193 muertos. La reacción del Gobierno fue intentar manipular la autoría de los atentados durante días para proteger su posición electoral, achacando la masacre a ETA pese a las pruebas que apuntaban claramente al yihadismo. No se trató solo de una mentira: fue una traición a la verdad, a las víctimas y a la democracia.
Desatención estructural, olvido institucional
El accidente del Metro de Valencia en 2006, con 43 muertos y 47 heridos, fue otro capítulo escrito con tinta oscura. El PP valenciano, entonces en el poder, cerró el caso en tiempo récord, minimizó responsabilidades y evitó cualquier depuración política. Las víctimas fueron silenciadas durante años, y solo gracias a la perseverancia de sus familias y a una posterior reapertura judicial se conocieron detalles claves sobre la falta de mantenimiento, la precariedad técnica y el desprecio institucional.
En el Madrid Arena, una fiesta sin control acabó con la vida de cinco jóvenes por una avalancha. Las responsabilidades políticas brillaron por su ausencia, y de nuevo, la prioridad fue proteger al poder antes que a la ciudadanía. Las víctimas no fueron escuchadas. Las negligencias, enterradas.
Pero fue durante la pandemia de COVID-19 cuando este patrón se mostró en su forma más brutal. En la Comunidad de Madrid, mientras se debatía en los medios sobre mascarillas y confinamientos, miles de mayores morían en residencias sin recibir atención sanitaria. Protocolos internos del gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, establecieron explícitamente que muchos de ellos no debían ser trasladados a hospitales. No hubo explicaciones claras. No hubo duelo institucional. No hubo rendición de cuentas.
La DANA
El presente no es más alentador. La reciente DANA que ha azotado a la Comunidad Valenciana ha vuelto a mostrar los mismos reflejos condicionados: retraso en la respuesta, improvisación, falta de coordinación y una puesta en escena más centrada en la imagen que en la gestión real de la emergencia. Los vecinos afectados hablan de abandono, de promesas que no llegan, de ayudas anunciadas pero no activadas. Y los responsables políticos se apresuran a desviar la atención, culpando a otros niveles administrativos o al “cambio climático”.
Todo esto obliga a una pregunta incómoda: ¿es simple ineptitud, o es algo más profundo? Porque si fuera solo cuestión de personas ineficaces, los errores serían aleatorios. Pero lo que vemos es repetición, previsibilidad, estructura. Hay aquí una lógica de poder que desconfía del Estado, desprecia la planificación, reniega del principio de precaución y convierte cualquier tragedia en una oportunidad de propaganda. Lo que importa es el relato, no la realidad; la fidelidad ideológica, no la competencia técnica.
Paradójicamente, cabe cierto alivio al constatar que durante la pandemia global, la erupción del volcán de La Palma o la crisis energética por la guerra en Ucrania, la derecha no estuvo al mando del Gobierno central. Porque si algo ha demostrado el historial reciente del Partido Popular y sus réplicas autonómicas es que, ante el desastre, no solo no actúan bien: reinciden en los errores con una regularidad que asusta.
Cuando una fuerza política convierte la gestión de lo público en una cuestión estética y electoral, y no en un compromiso con el bienestar colectivo, los desastres no hacen sino multiplicar su gravedad. Y lo peor de todo es que los muertos no votan. Por eso, muchas veces, tampoco importan.