En una sociedad libre y madura, el respeto por las instituciones no se opone al derecho, y en ocasiones, al deber, de someterlas a escrutinio. La justicia, en tanto poder del Estado, no puede erigirse como un dominio inmune a la crítica. Las sentencias judiciales, por más firmes que sean, no son dogmas; son actos humanos, sujetos a contextos, interpretaciones e incluso errores. Elevarlas a la categoría de incuestionables conduce, no a la estabilidad, sino al autoritarismo silencioso de las verdades oficiales.
Cuestionar determinadas resoluciones no implica negar el orden constitucional, sino participar activamente en su perfeccionamiento. Cuando una decisión judicial genera perplejidad o alarma pública, el señalamiento de sus posibles desvíos no es una amenaza al Estado de derecho, sino una expresión legítima del ejercicio democrático. El disenso fundado, sereno y razonado es, en realidad, uno de los más nobles tributos a la justicia.
La neutralidad que se desvanece
Mucho se insiste en la necesidad de respetar a los jueces, pero poco se repara en que el respeto auténtico se conquista, no se impone. La legitimidad del poder judicial descansa, en última instancia, en su integridad y en la percepción pública de imparcialidad. Sin embargo, en demasiados casos, la toga ha sido utilizada como escudo para decisiones revestidas de técnica, pero guiadas por consideraciones ajenas al derecho. A veces sutilmente; otras, de manera flagrante.
No es extraño observar cómo determinadas causas son abordadas con una sensibilidad selectiva, según quién esté en el banquillo o de qué lado soplen los vientos institucionales. La temeridad no está siempre en quien interpela al poder judicial, sino también en quien, desde su sitial, decide sustituir el rigor por la conveniencia. Cuando los jueces renuncian a su papel de garantes y asumen roles de árbitros ideológicos, no sólo traicionan el espíritu de la ley, sino que comprometen la cohesión democrática. Y cuando eso sucede, no son los ciudadanos quienes politizan la justicia, sino los propios magistrados, al convertirse en actores activos del tablero político bajo el amparo de su investidura.
La voz crítica como acto de compromiso
El señalamiento de fallos judiciales polémicos no puede interpretarse como una agresión, sino como una manifestación saludable de conciencia cívica. La prensa, los responsables políticos y la ciudadanía en su conjunto tienen el derecho, e incluso la responsabilidad, de interrogar la actuación de quienes juzgan en nombre de la ley. No es rebeldía, sino compromiso con un orden que se desea más justo y más transparente.
Quien teme a la crítica, teme también al cambio. Y si la justicia aspira a ser algo más que una estructura de solemnidades vacías, ha de abrirse al diálogo, a la interpelación respetuosa y a la mirada atenta de una sociedad que no abdica de su conciencia. Sólo así, con coraje intelectual, es posible restaurar la credibilidad de una institución que, en su forma más alta, no condena al silencio, sino que convoca a la palabra.