Mientras las reformas legislativas avanzan hacia la igualdad formal, el sistema de pensiones en España mantiene intactas las desigualdades materiales. Las mujeres mayores, especialmente viudas, sufren una interseccionalidad de discriminaciones por género, edad y situación económica que las empuja a la pobreza. La pensión de viudedad, lejos de ser una solución equitativa, perpetúa un modelo patriarcal obsoleto.
Una brecha histórica que no se cierra
La pensión de viudedad en España nació con un objetivo loable: proteger económicamente a las mujeres que, insertas en un modelo familiar tradicional, no habían podido desarrollar una carrera laboral propia. Sin embargo, décadas después, ese diseño sigue vigente, sin haberse adaptado a las transformaciones sociales ni a la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral.
El resultado es un sistema que penaliza a quienes dedicaron sus vidas al trabajo no remunerado, principalmente el cuidado de la familia y el hogar. Las mujeres mayores de 65 años, muchas sin derecho a una pensión contributiva propia, dependen de una pensión de viudedad que rara vez supera el 52% de lo que cobraba su esposo, dejándolas en una situación de clara vulnerabilidad económica.
El sistema ignora el trabajo de las mujeres
La raíz de esta desigualdad no es accidental, sino estructural. El sistema de pensiones ha sido diseñado en torno al modelo de empleo masculino: asalariado, estable, a tiempo completo y con una trayectoria laboral continua. Un patrón que excluye el tipo de participación laboral que han tenido muchas mujeres: intermitente, a tiempo parcial, mal remunerada y compatible con las responsabilidades del hogar.
Además, el trabajo doméstico y de cuidados, indispensable para el sostenimiento de la sociedad, no ha sido ni reconocido ni remunerado ni ha generado derecho a pensión. Esta omisión histórica ha producido un fenómeno claro: la feminización de la pobreza, que se agudiza en la vejez.
Las cifras lo confirman: las mujeres siguen percibiendo pensiones notablemente más bajas que los hombres, y muchas de ellas dependen casi exclusivamente de la pensión de viudedad. No se trata solo de una cuestión económica, sino de una profunda injusticia social que refleja cómo el sistema de protección ignora las trayectorias vitales de millones de mujeres. Pese a los avances normativos, la estructura del sistema continúa invisibilizando el trabajo no remunerado. Y aunque se han dado algunos pasos hacia el reconocimiento de estos derechos, como los complementos por maternidad, la raíz del problema sigue intacta: un sistema construido sobre un modelo masculino y excluyente.
Una reforma urgente para una justicia real
La reforma del sistema de pensiones no puede seguir postergándose. Es imprescindible revisar el papel de la pensión de viudedad, su lógica de diseño y sus cuantías. Esta prestación debe reconocer no solo la dependencia económica tradicional, sino también la contribución no visible de las mujeres al bienestar colectivo.
Asimismo, urge abordar la precariedad laboral femenina: mejorar salarios, fomentar empleos de calidad, y adaptar el sistema a realidades laborales distintas al modelo estándar masculino. Solo así será posible avanzar hacia un modelo más justo, inclusivo y equitativo, que garantice pensiones dignas a todas las personas, independientemente de su género o condición.