El Gobierno presenta hoy su decreto antiapagones, un intento de evitar el sindiós eléctrico vivido en España el 28 de abril. El PP ya ha anunciado su voto en contra, mientras que Podemos también lo tumbará al considerar que la legislación contiene medidas insuficientes. El decreto trata de reforzar el sistema, así que se entiende mal que un partido pueda boicotear algo que beneficia a más de 48 millones de ciudadanos. La postura del Partido Popular entra dentro de lo normal, no sorprende, ya que se opone por norma y sistemáticamente a cualquier proyecto legislativo que provenga del Gobierno, sea bueno o malo para la nación. Pero lo de Podemos empieza a ser enfermizo. Mucho nos tememos que a la formación morada le está pudiendo más su rencor a Sánchez, sus cuentas pendientes, que el interés general del país.
Podría entenderse que el decreto antiapagones no llega a colmar las aspiraciones del partido fundado por Pablo Iglesias. Pero si es un paso adelante, hasta formar un cordón de protección que puede ayudar a que el macroapagón que dejó España a oscuras no vuelva a ocurrir, no hay ninguna razón para no votarlo. Lo lógico sería que Podemos se sumara al acuerdo de las demás fuerzas progresistas, mostrando sus reparos y disconformidades, si se quiere, con una norma que les deja insatisfechos. Pero si la ley es buena para todos, no hay razón para boicotearla hasta enviarla al vertedero de la historia. No tiene sentido viniendo de un partido que se llama a sí mismo progresista.
De esta forma, la convalidación de las medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico depende de una eventual abstención del PP, después de que Podemos haya anunciado en las últimas horas que votará en contra. Una vez más, la famosa pinza a la que ya recurrieron en su día Aznar y Anguita contra el Gobierno de Felipe González.
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez, ha asegurado que el Gobierno está “negociando con todos los grupos para garantizar que el decreto salga adelante”, aunque fuentes del grupo han apuntado que el Ejecutivo está estudiando ya cómo llevar al Congreso estas medidas “de otra forma”, ante la posibilidad de perder hoy la votación, informa Efe. Es evidente que Sánchez tiene un problema. El caso Koldo, con el posterior encarcelamiento de Santos Cerdán en Soto del Real, va a convertir lo que queda de legislatura en un auténtico calvario para el Gobierno de coalición.
A pocas horas para que se produzca el debate, el PP seguía sin desvelar el sentido de su voto, mientras sigue recibiendo la presión de las asociaciones empresariales del sector eléctrico y de la patronal madrileña CEIM para que apoye el decreto. Por descontado, Vox lo rechaza. Ahí, Feijóo ya se ha alineado sin ambages con la extrema derecha. Los de Abascal han recrudecido su ofensiva antisanchista en todos los frentes con el argumento de que no van a “aprobar absolutamente nada que venga de este Gobierno”. Y la portavoz parlamentaria voxista, Pepa Millán, se ha preguntado, en rueda de prensa, si los populares “volverán a salir al rescate de Sánchez”. Esa tremenda presión hace que le tiemblen las piernas a Feijóo, que ha decidido no darle luz a Moncloa, nunca mejor dicho, para no perder el voto más ultra. Y mientras tanto, los españoles temiendo que dentro de poco, si no se pone remedio, volverán a saltar los plomos del país, dejándonos a todos a dos velas. Cuando esto ocurra, porque volverá a ocurrir (con el decreto aprobado se reducirían las posibilidades), los españoles se acordarán de ese momento en que el PP y Podemos votaron ciegamente, sin ningún sentido de Estado más allá de la intención de hacerle daño al Gobierno, en contra de una ley que era buena para el interés general.
El decreto recoge importantes medidas, como el refuerzo de supervisión y transparencia de las compañías eléctricas; asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las empresas; mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para evaluar cada tres meses el control de tensión por parte de Red Eléctrica (que deberá analizar y proponer mejoras en plazos de 3 a 15 meses, incluyendo la amortiguación de oscilaciones y la velocidad de cambios de tensión); la revisión de la red de transporte cada 3 años (hasta hoy eran 6); la caducidad de los permisos en 5 años si la capacidad no se usa al 50 por ciento, evitando especulación y acaparamiento; facilidades para instalar puntos de recarga de coches eléctricos; bonificaciones a las energías renovables; la declaración de utilidad pública del almacenamiento eléctrico y sus infraestructuras de evacuación (se favorecerá la hibridación de las instalaciones convencionales con las plantas fotovoltaicas o eólicas, reduciendo a la mitad los plazos para su autorización); y la descarbonización del transporte y la industria, entre otras medidas.
Tras anunciar ayer su voto en contra, desde Podemos insistieron en que “es fundamental atar en corto al oligopolio eléctrico”. “A nosotras nos interesa que realmente se gobierne para la gente y con este real decreto se le está mintiendo a la gente, no se le pone ni una sola obligación al oligopolio, el Gobierno está protegiendo al oligopolio y por ahí Podemos no va a pasar. Si quieren mentir a la gente, que lo hagan, pero no va a ser con nuestro voto y nuestro silencio”, aseguró la portavoz podemita, Ione Belarra, en TVE.
Desde Sumar se han declarado “profundamente decepcionados” con la posición de Podemos, ya que, a su juicio, “pone un poco más fácil a la ultraderecha, a los negacionistas y a los retardistas adoptar decisiones que van en contra de lo que necesitamos en España y en el planeta”, aseveró Verónica Martínez.
Todo preparado, por tanto, para una votación que marcará lo que quede de legislatura. Esto es lo que le espera a Sánchez: un Gobierno zombi que no podrá gobernar por el radicalismo obtuso y estéril de unos y de otros. Ya ni siquiera puede contar con sacar adelante algo tan positivo como la reducción de la jornada laboral (Junts se opone). Sánchez debería replantearse la estrategia para lo que queda de mandato.