Se veía venir. La derecha judicial ha decidido llevar a cabo movilizaciones. Ya no se conforman con boicotear todas las iniciativas del poder ejecutivo y desgastar a sus miembros en los procesos jurídicos que tienen que ver con personas vinculadas, sino que han decidido tomar el camino de la huelga. Ahora la justificación son los proyectos de ley que reforman el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y modifica la ley de enjuiciamiento criminal, la Lecrim, que cede las instrucciones penales al ministerio público dejando en un segundo plano a los jueces. Y, ya de paso, también se oponen al nuevo sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal que permitirá hacer fijos a más de 1.200 interinos y sustitutos, una exigencia de Bruselas que no tienen en cuenta las asociaciones conservadoras. Está clara su motivación. Quieren seguir desgastando a Pedro Sánchez y su equipo y para ello, ahora, han decidido la convocatoria de un paro parcial de dos horas de duración el 11 de junio pero que, seguramente, será sólo el primer paso de más movilizaciones entre las que se encuentran reuniones con los grupos parlamentarios, con el consejo general de la Abogacía del Estado, el consejo general de Procuradores de España, la asociación de Abogados del Estado y otras instituciones no descartándose, incluso, que pidan la intervención del CGPG. Y no quieren negociar los textos. Piden que se retiren. Maximalismo total.
Dichos encuentros con los representantes de los colectivos jurídicos serían para explicarles “los peligros y las consecuencias de los proyectos para el estado de derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer”. Hacen especial hincapié en la reforma del Estatuto Fiscal. Argumentan que “supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora”. Por eso exigen la retirada del texto para “comenzar a construir un estatuto que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal”. Lo único positivo de este planteamiento es que se comprometen a enviar al ministerio de Félix Bolaños los informes que han elaborado con sus propuestas. Habría que recordar que las dos asociaciones conservadoras de fiscales, la Asociación de Fiscales y la APIF, Asociación Profesional Independiente de Fiscales, se niegan a reunirse con García Ortiz para hablar de este tema argumentando “su ilegitimidad”.
Las asociaciones de conservadoras de magistrados amenazan con impugnar judicialmente el proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos “tal y como está proyectado”. Como alternativa reclaman la convocatoria de oposiciones, mediante turnos libres y el cuarto turno que no es otra cosa que discriminar al colectivo de interinos, un total de 1.200 profesionales que, Bruselas ha avisado, deben convertirse en fijos. Modificar su situación permitiría la suficiente cobertura de plazas para poner en marcha con garantías la ley de eficiencia de la Administración de Justicia que también rechazan, aunque en esta ocasión han dejado en manos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP las acciones pertinentes.
La derecha judicial considera que hacer fijos a los interinos, fiscales y jueces, es inconstitucional. Es “una regularización por la puerta de atrás”. Consideran que es una propuesta anacrónica” contraria al principio de igualdad de oportunidades consagrado en la Carta Magna. El trasfondo de esta radical oposición hay que buscarlo en que muchos magistrados se pueden ver obligados a un traslado forzoso: “la medida perjudica especialmente a los integrantes de la carrera en zonas poco pobladas, donde hay menos plazas de magistrados y fiscales disponibles. Eso les fuerza a abandonar su residencia provocándoles importantes perturbaciones en la vida personal y profesional que no se aplica a ningún otro funcionario público”, señalan los promotores de la firma de un manifiesto pertenecientes a la 72 promoción de la carrera judicial que advierten que cuando se ejecute el concurso oposición convocado para los interinos, “uno de cada seis magistrados” serán trasladados forzosamente.
Sin dar ni quitar la razón a estos colectivos que se oponen al ingreso de unos compañeros que están a disposición de los tribunales superiores de justicia los 365 días al año, y que si no cubren una vacante ni siquiera tienen derecho al cobro de la prestación por desempleo, lo que está claro es que las asociaciones conservadores de jueces y fiscales llevan a cabo, desde el verano de 2023 cuando se constituyó el gobierno de coalición, una campaña activa contra todo lo que tenga que ver con el poder ejecutivo. Y su primer objetivo es el presidente, Pedro Sánchez, contra el que apuntan jueces indirectamente a través de extrañas instrucciones contra sus familiares. Su hermano está acusado de “prevaricación” cuando un prestigioso jurista como es el emérito magistrado del Supremo, José Luis Martín Pallín, ha advertido que no existe delito de prevaricación administrativa que sólo lo puede cometer un funcionario público. O las imputaciones a la mujer, Begoña Gómez, de “tráfico de influencias” que han sido cuestionadas por los superiores del instructor.
Pero lo más grave es el caso del fiscal general del Estado porque en esta causa no sólo se ha personado la extrema derecha sino también una asociación de fiscales que está representada en el Consejo Fiscal, la APIF. Tanto esta asociación como la mayoritaria Asociación de Fiscales, AF, se niegan a sentarse a discutir con su superior, Álvaro García Ortiz, porque cuestionan su legitimidad argumentando su imputación judicial. Parecen desconocer que en este país existe el principio de presunción de inocencia y que a su superior nadie le ha condenado. Parecen haber entrado en la peligrosa dinámica del prejuicio impropio de un estado de derecho.
La derecha judicial vuelve a dar una vuelta de tuerca en su estrategia de “tierra quemada”. Hasta donde van a llegar es algo que se desconoce, pero lo que sí es evidente es que no van a parar. Utilizarán conferencias públicas, causas judiciales y las movilizaciones con tal de mantener esa oposición activa a un gobierno que rechazan no por las iniciativas que les afectan sino porque alguien, desde la derecha política, les han prometido todo el poder en la judicatura cuando lleguen al gobierno. Es conseguir por medio de actuaciones escasamente justificables lo que no lograron en las urnas.