Aunque el Congreso ha decidido estudiar la reforma de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual para que la reparación del daño no sea atenuante en casos de delitos sexuales, lo cierto es que la famosa relación de rebajas de penas que se daba a conocer desde que se aprobó la conocida como” ley del sólo si es si”, tan aireada por las derechas política y judicial, ya se la olvidado. La última data de septiembre del año pasado y, en ella, el Consejo General del Poder Judicial de entonces, difundió la última cifra conocida: 1.205 las reducciones de pena y 121 las excarcelaciones en aplicación de la norma que entró en vigor el 7 de octubre de 2022. Ha pasado más de un año y no se han vuelto a actualizar las revisiones llevadas a cabo por los tribunales en aplicación de la ley. Es algo extraño teniendo en cuenta la diligencia con que se llegaron a difundir las rebajas de condenas por los organismos jurídicos y en especial el Consejo General del Poder Judicial de la época, un órgano caducado dominado por la derecha judicial, en un claro ejemplo de cómo se pueden manipular los datos por el interés de una opción política determinada.
De los datos disponibles se puede llegar a la conclusión de que las reducciones suponen el 31,4% de los casos revisados. Revelador es, también, el hecho de que desde el 1 de julio de 2023 no se volvió a excarcelar a ningún condenado. Por lo tanto, no es exagerado llegar a la conclusión de que el argumento del PP y Vox de que la ley había sido un fracaso y sólo sirvió para dejar en libertad a violadores y abusadores sexuales es errónea. El número de beneficiarios es inapreciable si lo comparamos con la escandalera que se montó y que obligó al gobierno progresista a introducir cambios durante la tramitación parlamentaria.
Es la estrategia de la derecha judicial. Cuando un asunto ya no tiene la repercusión social que se requiere se deja de hablar de ello. La encargada del observatorio contra la violencia doméstica y de género del CGPJ de la época, Ángeles Carmona, advirtió a la entonces ministra de igualdad, Irene Montero, inspiradora de la ley, que rebajar las penas mínimas de delitos sexuales podía conllevar a una revisión a la baja de condenas ya existentes a agresores sexuales, “como está ocurriendo”. Carmona, letrada de la administración de justicia y experta en violencia machista, fue designada para presidir el observatorio personalmente por el anterior presidente del Consejo, Carlos Lesmes, y dedicó la última parte de su mandato a defender a los jueces negando que en el colectivo haya un elevado número de magistrados machistas. Carmona fue incapaz de abrir un expediente disciplinario al juez Manuel Piñar, el que condenó a Juana Rivas, al que el juzgado de instrucción número 8 de Granada le imputa un delito de odio por sus opiniones en redes sociales calificadas de racistas y machistas. El Consejo General del Poder Judicial se negó a sancionar al juez al concluir que la conducta del magistrado "no encuentra el debido acomodo" en ninguna de las faltas que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial. Carmona tampoco movió un dedo para que se abriese un expediente disciplinario al juez de la Audiencia de Navarra, Ricardo Javier González, quien pidió la absolución de los violadores de La Manada.
Ángeles Carmona, vocal conservadora, fue propuesta por el Partido Popular a instancias del juez Juan Ignacio Zoido que llegó a ser ministro de Interior con Mariano Rajoy. Impulsora de la difusión de las cifras de rebajas de las condenas de violadores que llegaron a generar alarma social participó activamente en la elaboración del informe en contra de la amnistía que se aprobó con el voto de los nueve vocales conservadores sin la participación de los progresistas.
Lo cierto es que ha sido cesar en sus funciones y no volverse a publicar las actualizaciones sobre las rebajas de las condenas. La polémica generada por la ley del sólo sí es si ya es agua pasada pero siempre quedará en la memoria colectiva su utilización por parte de los jueces de este país que rebajaron las condenas del 31,4% de los agresores sexuales que solicitaron la revisión.
Se ha podido constatar que los beneficios de la ley de garantía de la libertad sexual son infinitamente superiores a los efectos “perniciosos” de los que tanto hablaba la derecha judicial. Sometida a un detenido examen, su rigor técnico queda fuera de toda duda. Otra cosa es que luego lleguen los jueces y la interpreten a su manera, tal y como ha ocurrido. Porque a los jueces de este país, y nadie puede decir lo contrario, les interesa interpretar la ley a su conveniencia. ¿A que no ha habido magistrado ni tribunal que se hayan acogido a la disposición transitoria del Código Penal que permite activar la posibilidad de denegar la reducción de penas a pesar de que la legislación nueva así lo indica? Pues va a ser que no. Algún caso aislado. Pero contados con los dedos de la mano.
La justicia de este país está aleccionada en la cultura de la represión y del machismo. En la ambigüedad del llamado “consentimiento”. Aquí sigue imperando el principio de que la mujer es la culpable de la violación porque “el consentimiento” todavía es un tema tabú para esos señores que se sientan con la toga y las puñetas en el estrado en el que se decide el lugar en el que hay que poner a la víctima y al acusado de una violación.
Afortunadamente, ya nadie habla de esos “efectos perniciosos” denunciados por la derecha. Los portavoces del PP ya no ponen el grito en el cielo por “el elevado numero de violadores y pederastas que han salido de la cárcel gracias a la ley Montero”. Nadie saca a relucir las estadísticas porque ahora el objetivo ya no es la exministra de Igualdad, mujer de la bestia negra de la derecha de este país, Pablo Iglesias, y ahora eurodiputada. Ese era el verdadero objetivo que ahora ya no interesa a la derecha ultramontana. Afortunadamente para ella y para la democracia. Lo que pasa es que ahí quedan esos jueces que entraron en el juego de la politización de la ley. Y esos no se han ido.