La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, la Lecrim, para traspasar las instrucciones penales a los fiscales no hace otra cosa que adaptar el procedimiento a los de los países europeos donde las investigaciones las llevan a cabo los miembros del ministerio público. Pero las derechas de este país, tanto la política y mediática, como la judicial se oponen a esta transformación y han emprendido una campaña para avisar de las consecuencias “para la independencia judicial” que tiene esa medida. El argumento es muy simple. Consideran que los fiscales no son independientes desde el mismo momento en que su máximo superior lo nombra el gobierno por lo que, a pesar de todas las cautelas que se han adoptado en la reforma del Estatuto Fiscal, creen que el ejecutivo puede llegar a intervenir en las investigaciones penales que le interesen. Hay otra advertencia. Las policías judiciales dependerán de los acusadores públicos. En la actualidad hay dos unidades que son utilizadas por los jueces, la UDEF, la Unidad para la Delincuencia Económica y Financiera de la policía nacional, y la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Es cierto que ambas dependencias han sido cuestionadas últimamente. Un responsable de la primera se encuentra en la cárcel acusado de pertenecer a una banda de narcotraficantes. Mensajes de WhatsApp de un destacado miembro de la segunda hacen pensar a algunos sectores sociales de la existencia de una “UCO patriótica” cuyo objetivo sería desgastar al gobierno de Pedro Sánchez.
Con un panorama como el descrito la derecha cree que a los fiscales no les será nada difícil controlar las instrucciones judiciales, pero lo que en realidad preocupa a los conservadores es la situación en que quedan los actuales jueces instructores que se convierten en una especie de supervisores del proceso para asegurar que las actuaciones se llevan a cabo dentro de la legalidad vigente. Son los garantes de su limpieza. Es otra de las características del sistema judicial europeo. El ministerio de Justicia lo único que hace con este proyecto de ley es adaptar el procedimiento criminal a los estándares europeos en los que el fiscal es el encargado de la investigación de un delito.
Además, en el proyecto de ley se limita la personación de las acusaciones populares y eso tampoco gusta a cierto sector conservador a pesar de que el propio Tribunal Supremo sentenció que se está abusando de esta figura. Es cierto que el artículo 125 de la Constitución asegura la participación ciudadana en la justicia a través de la acusación popular. Pero a pesar de esta constitucionalidad el caso español es especialmente particular. En ningún sistema judicial se contempla la personación de terceros en un procedimiento penal. Sólo en los casos de perjudicados y victimas se admite su presencia en las causas y bajo ciertas cautelas.
El Supremo se queja de que estas personaciones están dilatando los procesos. Ha habido casos, como el del diputado José Luis Ábalos, en el que el instructor ha decidido unificar las partes personadas en una sola que, por cierto, ha sido otorgada a la del Partido Popular. Es por este motivo por el que los socialistas del Congreso decidieron presentar en la cámara baja una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos y con la que busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de “acciones judiciales abusivas”. Porque, como bien dice el catedrático de derecho penal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, el actual sistema permite que cualquier ciudadano pueda colocar en el banquillo a otro, si encuentra a un juez de instrucción que casi de oficio le acompaña con su investigación en el camino.
Y eso es lo que está sucediendo. Simplemente con repasar las informaciones judiciales se podrá comprobar la utilización política que de las causas están haciendo en la derecha mediática. De todas maneras, la proposición de ley presentada por el PSOE es insuficiente. Deja abierto un coladero que puede ser utilizado por los abogados que representen a una acusación particular. El texto establece que “quienes pretendan ejercitar la acción popular deberán actuar en virtud de un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal” y que deberán “acreditar ante la autoridad judicial”. Y los abogados de las organizaciones ultras que no tienen un pelo de tontos sabrán buscar ese “vinculo concreto”.
La reforma de la Lecrim es uno de los proyectos legislativos clave del actual Ejecutivo. El Gobierno prevé iniciar su tramitación este verano. La propuesta establece que las investigaciones quedarán en manos de los fiscales, bajo la supervisión de un juez de garantías, aunque este juez no dirigirá las pesquisas, sino que autorizará aquellas medidas que afecten a derechos fundamentales, como intervenciones telefónicas, registros domiciliarios o prisiones preventivas. También se encargará de resolver recursos relacionados con la vulneración de derechos. Por lo tanto, los fiscales se encargarán de dirigir las instrucciones penales y eso supondrá poner bajo sus órdenes a las unidades de las fuerzas del orden que actúan en calidad de policía judicial, últimamente este papel se lo ha quedado la UCO de la Guardia Civil pero su credibilidad investigadora se ha visto reducida tras haber trascendido el contenido de unos mensajes de WhatsApp entre el capitán de la unidad, Juan Vicente Bonilla, hoy gerente de seguridad del Servicio Madrileño de Salud, es decir, alto cargo del gobierno de Díaz Ayuso, con un confidente en los cuales se llega a insinuar la necesidad de colocar una bomba lapa en el choche de Pedro Sánchez. Lo peor del caso no es que Juan Vicente Bonilla haya utilizado ese tipo de expresiones en conversaciones privadas. Bonilla, antes de ocupar plaza en la CAM era el responsable de fuentes de la UCO y, como tal, tuvo acceso a las actuaciones que se llevaron a cabo en los casos Hidrocarburos y Koldo. Y no hay que olvidar que uno de los imputados es el empresario Víctor de Aldama, del que, según se asegura, han salido todos los trapos sucios contra los socialistas, incluido el aparato de Ferraz.
La derecha nada debe temer del traspaso a los fiscales de la dirección de las instrucciones judiciales porque lo que no cuentan en sus argumentos contrarios es que en la reforma del Estatuto Fiscal hay un punto muy interesante mediante el cual se suprime el principio de jerarquía en la carrera que no es otra cosa que el fiscal encargado de un asunto puede desobedecer las instrucciones que recibe de sus superiores. Su autonomía va a ser total. Entonces, ¿de qué hay que tener miedo?