Ahora resulta que la derecha mediática pone el grito en el cielo y califica de bulo el mensaje que supuestamente salió del WhatsApp del excapitán de la UCO y actual alto cargo de la CAM, Juan Vicente Bonilla, en el cual hablaba de colocar “una bomba lapa” en el coche del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según uno de esos medios, el mensaje estaba manipulado. Bonilla se refería a “una bomba que los sanchistas iban a colocar en su coche”. Inmediatamente la caverna mediática ha acusado a cuatro ministros del gobierno socialista de haber propagado “un bulo”. Exigen “disculpas y el reconocimiento de la equivocación”. Y lo más grave es que algún medio afín a la izquierda, – o eso parece-, les ha seguido el juego como por ejemplo La Sexta. Que Cristina Pardo hable de “vergüenza” es normal sabiendo como llegó donde ha llegado, -Francisco Maruenda “dixit”- . Pero que sus compañeros hablen de rectificación cuando ese exalto mando de la UCO ha sido contratado por la CAM como gerente de seguridad de Salud Madrid, es decir, un cargo de confianza del gobierno de Díaz Ayuso que tiene a uno de sus principales colaboradores, Miguel Ángel Rodríguez, como el propagador del bulo que más daño ha hecho al Estado, la famosa “oferta” del abogado del novio de la presidenta al fiscal anticorrupción que dio origen a la persecución judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Por mucho que Bonilla pretenda rasgarse las vestiduras, su historial en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es el que es. Que fue jefe de fuentes de la unidad nadie lo pone en duda. Que formó parte del equipo que investigó la trama de hidrocarburos tampoco. Que cuenta con información reservada del llamado “caso Koldo”, tampoco. Que durante sus pesquisas mantuvo relación con un imputado, José Luis Caramés, tampoco. Caramés, es el confidente que figura en las conversaciones de Bonilla que han sido filtradas a los medios. Puede ser que esas conversaciones hayan sido manipuladas pero lo que Bonilla no ha desmentido son sus preferencias políticas que, a veces, rozan el insulto hacia el gobierno socialista y a sus socios, en especial al que fue líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Si hablamos de tergiversación de informaciones habría que mencionar la cantidad de bulos que la caverna mediática ha propagado en los medios que controla. La última es del líder del seudosindicato, Manos Limpias, Miguel Bernard, quien llegó a asegurar en una cadena de televisión que el juez Hurtado tenía “listo” el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz… ¡para la semana pasada¡ Y encima se permitió el lujazo de decir que era “una noticia exclusiva”.
En este país todo el mundo sabe que la gran mayoría de bulos son difundidos por Vox o sus asociaciones afines con la inestimable colaboración de las supuestas clandestinas organizaciones de la policía y guardia civil. Porque por mucho que se desmientan, las “policías patrióticas” y “UCOs patrióticas” existen. Son una realidad. Nadie puede probar que el capitán Bonilla o sus superiores sean los inspiradores de estos ilegales colectivos dentro de los cuerpos policiales pero que existen es una evidencia imposible de rebatir.
La UCO está en el disparadero y sus setecientos miembros son conscientes. Que su excapitán Bonilla está denunciando en el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional tampoco se puede desmentir. Que los denunciantes, compañeros suyos, han recopilado pruebas suficientes que demuestran la comisión de irregularidades será algo que deberá valorar el instructor, Santiago Pedraz. Mientras tanto, al excapitán hay que darle el beneficio de la duda, algo, por cierto, que no hacen muchos de sus compañeros. Basta con citar una frase del informe al juez Hurtado en el que señalan el “papel preeminente” de García Ortiz en la filtración de los datos denunciados por González Amador. Y ahí están los 72 errores que la abogacía del Estado ha recopilado en los informes de la unidad. O el famoso informe patrimonial del diputado José Luis Ábalos, en el que se le atribuía un valor muy superior al real a un inmueble adquirido en Colombia en 2003. El error abonó la idea de que era víctima de una supuesta cacería política. Al día siguiente, el responsable de la investigación envió un oficio al magistrado del Supremo que instruye su causa, Leopoldo Puente, en el que admitía haber confundido el símbolo del dólar con el del peso colombiano.
Así las cosas, el nombre de la unidad ha caído en una telaraña política en la que unos la presentan como víctima de una conspiración y otros apuntan a algunos de sus integrantes en supuestas maniobras contra el Gobierno. José Luis Ábalos piensa que la unidad puso en marcha un operativo para acusarle, y así se lo dijo al juez en su escrito de alegaciones citando concretamente al capitán Juan Vicente Bonilla como instigador del mismo. Los miembros del cuerpo, bastante molestos, dicen que “una conversación de un agente con un confidente no puede enfangar a toda una unidad”.
Cierto. Pero si las cosas son así, no hay que buscar bulos donde sólo existen unas conversaciones de cuyo rigor hay que dudar. Porque si es cierto que Bonilla no quiso expresar lo que se ha dicho por ahí, no ha desmentido, una por una, otras conversaciones que han salido a la luz pública. Que muchas de ellas son ofensivas hacia miembros del gobierno no es delito, pero lo que no es de recibo es que la derecha mediática acuse a la izquierda de filtrarlos sin haber contrastado su veracidad. Porque, por esa regla de tres, habría que empezar por todas las declaraciones del Partido Popular y de Vox en las cuales utilizan la difusión de bulos sin contrastar para acorralar al gobierno progresista.