La desesperante lentitud de la justicia perjudica a la izquierda

Las causas que se han convertido en mediáticas y que han llamado la atención de la ciudadanía, van a suponer suficiente munición para el desgaste de gobierno por parte de la derecha

30 de Octubre de 2024
Actualizado el 31 de octubre
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Audiencia Nacional desesperante lentitud
Entrada de la Audiencia Nacional | Foto: JAG

Un juicio por despido tarda en llegar una media 7,2 meses según datos del Consejo General del Poder Judicial. Si esa causa se debe a una reclamación por accidente laboral la demora es de año y medio. Estamos hablando de uno de los hechos mas corrientes de la administración de justicia. Si nos vamos a las grandes causas mediáticas, los procesos en los que están imputadas personas que tienen que ver con la izquierda política, hablaremos de demoras de años.

El caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, amenaza con alargarse seis meses, o más incluso, si prosperan las alegaciones de los miembros del ministerio público adscritos al Supremo que impugnan su defensa por considerar que María Ángeles Sánchez Conde, la teniente fiscal, tiene un interés directo en el pleito “porque actuará para favorecer a su jefe”. Los fiscales del Supremo piden que la designación del defensor de García Ortiz se haga por sorteo o que recaiga “en el más antiguo en el escalafón”. Además, el instructor, el juez Ángel Luis Hurtado, debe resolver las peticiones de las acusaciones, entre otras la del abogado de Alberto González Amador quien pide que se investiguen los correos personales del FGE, “incluso los que se hayan podido borrar”. Si el juez acepta esta petición, las operadoras tardarán meses en recopilar los datos. El magistrado Hurtado, de adscripción conservadora, se opuso a la primera sentencia de la Audiencia Nacional en el caso Gürtel y es amigo personal del que fue consejero de justicia de la CAM, Enrique López, ahora de vuelta a la Audiencia Nacional. Hay pocas esperanzas de que intente aligerar la gestión de las diligencias. Aquí va a ocurrir algo parecido a lo que pasa con el juez Peinado en el asunto que investiga judicialmente a la mujer del presidente Pedro Sánchez, que la cosa lleva camino de eternizarse, incluso hasta que se jubile el magistrado allá para dentro de dos años.

El Caso Koldo también lleva camino de convertirse en una instrucción interminable porque, ahora, el Supremo debe decidir si imputa al diputado José Luis Ábalos. En caso afirmativo, deberá resolver si lo investiga en pieza separada a la que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Posteriormente hay que llevar a cabo la petición del correspondiente suplicatorio parlamentario que lleva su tiempo. Aunque el instructor de la Audiencia Nacional mantenga un ritmo de trabajo adecuado, hay un momento en el que tiene que esperar a las decisiones del alto tribunal puesto que en el sumario aparecen informes policiales donde se revelan indicios que relacionan a Ábalos con la causa que se está investigando. Y habrá que ver lo que testifican los principales investigados, y, en especial, Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama quien ha insinuado, en ocasiones, su relación con altos cargos del gobierno. Si aparece el nombre del exministro de Transportes, habrá que decidir si tal testimonio se incorpora a la causa que probablemente abrirá la corte suprema. Y eso lleva, también, su tiempo. Los expertos calculan que el desenlace puede tardar, entre AN y TS, de dos a cinco años en resolverse

El exportavoz del grupo parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, va a tener que responder penalmente de acusaciones de agresión sexual. De momento, hay una denuncia de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá de la que se ha hecho cargo el juez de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero. En ella acusa a Errejón de haber abusado, presuntamente, de ella. El delito de agresión sexual puede implicar pena de cárcel de hasta 4 años. La denuncia de Mouliaá puede no ser la única. Hay más en las redes sociales que todavía no han acabado en sede policial ni en los juzgados, aunque varias de sus protagonistas han manifestado su deseo de llevar a cabo dicho trámite. Las causas judiciales contra el exdiputado que pudieran derivarse de sus actos no requieren de una instrucción compleja. Probablemente acabarán en juicios rápidos. Pero hay que recordar que un caso como el del exfutbolista Dani Alves, con evidencias claras del delito cometido, la instructora tardó casi un año en resolver. Y luego están los recursos ante los tribunales superiores territoriales y ante el Supremo.

Ello quiere decir que todas estas causas que se han convertido en mediáticas y que han llamado la atención de la ciudadanía, van a suponer suficiente munición para el desgaste de gobierno por parte de la derecha. El PP ya no sólo tiene el caso Begoña Gómez, Koldo García y García Ortiz. Ahora apuntan a los socios del gobierno, Sumar. Se critica abiertamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz como máxima dirigente de la formación criticándola porque haber permanecido en Colombia cinco días después del estallido del escándalo.

La consigna a los jueces que instruyen todas estas causas es evidente. Cuanto más tiempo se dilaten las investigaciones más se podrá seguir manipulado en la caverna mediática. El más descarado de todos los magistrados es el número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que ha conseguido el aval de sus superiores para abrir una nueva investigación que afecta a la cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez impartía en la Universidad Complutense. El magistrado ha dictado un buen número de providencias citando a nuevos testigos. Ya no tiene que temer a las demandas por prevaricación presentadas por las defensas de los investigados y el presidente del Gobierno, y la Audiencia de Madrid le ha dado vía libre para seguir con su instrucción a pesar de habersela limitado en el caso del rescate de Globalia que, no obstante, está siendo investigado en las diligencias del juez Moreno en la Audiencia Nacional donde se apunta directamente a Pedro Sánchez.

Es demasiado desgaste para un gobierno que se encuentra en minoría parlamentaria y que, ahora mismo, centra todos sus esfuerzos en lograr un acuerdo presupuestario con sus socios que le asegure la permanencia en lo que resta de legislatura. Lo que pasa es que la derecha judicial está haciendo un trabajo jurídico impecable. El problema es la tardanza en concluir las instrucciones lo que da lugar a filtraciones diarias de las pesquisas que son manipuladas por la derecha. Hay causas para rato que van a perjudicar a la izquierda.

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