Los dos magistrados que avalaron el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en contra del ponente, Andrés Palomo, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres están presuntamente vinculados de alguna manera al Partido Popular lo que les desautoriza para valorar su actuación y dar vía libre a su acusación. Sánchez Melgar fue nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy fiscal general del Estado, y Eduardo de Porres está casado con Sagrario Fernández, que pertenece al comité ejecutivo del PP en Villaviciosa de Odón. El historial jurídico de este último es, además, muy polémico. Miembro de la Junta Electoral Central fue el encargado de expedientar a Pedro Sánchez durante la campaña electoral por unas declaraciones a La Sexta que, posteriormente, fueron transcritas en la página oficial del gobierno de España. La multa fue de 3.000 euros. Además, fue el ponente de la sentencia dictada por el Supremo sobre la trama de los Eres de Andalucía y se mostró a favor de la inhabilitación del president de la Generalitat catalana, Quim Torra, por “desobediencia”. Una clara contradicción de Génova que no hace más que criticar la proximidad de jueces (caso de Conde-Pumpido) y fiscales (Dolores Delgado y el mismísimo García Ortiz) con el PSOE. Ellos tienen mucho que callar por lo que se ve.
Esta vez el caso reviste mayor gravedad. Andrés Palomo se encargó de elaborar la ponencia que le correspondía como miembro de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo sobre el recurso de García Ortiz en contra de la pretensión del instructor, Ángel Hurtado, de procesar al fiscal general del Estado por una presunta “revelación de secretos” en torno a la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, acusado de delitos fiscales. El juez Palomo cree, y así lo dice en su voto particular, que es inaudito que el instructor no haya recogido el testimonio de los periodistas que aseguran que obtuvieron antes que García Ortiz el famoso correo objeto de la denuncia, y que la UCO haya evitado analizar pruebas de descargo que apuntaban al sobreseimiento desde el principio. El magistrado discrepante rechaza de plano la existencia de delito. Sus compañeros opinan lo contrario.
Estamos hablando de tres protagonistas supuestamente vinculados a Génova porque el instructor, Ángel Hurtado, es el famoso juez que cuando estuvo en la Audiencia Nacional se negó a aceptar la imputación del PP en el caso Gürtel. Hay que recordar que el partido fue el primer grupo político condenado como persona jurídica en un proceso penal por el asunto de la famosa caja B. Como recompensa a su rebeldía, Hurtado fue ascendido por el nefasto presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al Supremo ocupando plaza en la sala de lo Penal. Su amigo, Manuel Marchena, le dio la oportunidad de tomarse la revancha designándole instructor de una causa que directamente apunta al corazón del estado de derecho, la fiscalía general, que ocupa uno de los personajes más odiados por la derecha judicial.
Una sucesión de despropósitos jurídicos, a decir de los expertos, protagonizados por unos magistrados ideológicamente significados. Sánchez Melgar fue uno de los ponentes de la admisión a trámite de la querella contra los líderes soberanistas catalanes y participó activamente en la designación de Pablo Llarena como instructor de la causa. Fue el ponente y principal impulsor de la llamada “doctrina Parot” diseñada para imponer el cumplimiento íntegro de las penas a etarras y otros condenados por delitos graves que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló por considerar que vulneraba los artículos 5.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dio carpetazo al caso del Yak 42 y sentenció la limitación de la llamada “justicia universal” que permitía investigar actuaciones delictivas más allá del territorio español. En resumen, su historial no ofrece duda alguna acerca de sus inclinaciones políticas y sociales.
Eduardo de Porres dice que no se ve condicionado por la pertenencia de su familia al PP a la hora de dictar sentencia. Lo cierto es que su ponencia que ratificaba la sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre la pieza política de los Eres de Andalucía salió adelante con un ajustado resultado, tres magistrados de la sala frente a dos. Su situación es parecida a la del instructor de la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado. La hija de éste es concejala, curiosamente, de la misma localidad en la que la mujer de Porres es dirigente popular, el verdadero vivero conservador, Boadilla del Monte, cercana a Pozuelo de Alarcón en la zona noble de la Comunidad de Madrid. El hijo del magistrado, Eduardo de Porres, fue cesado como asesor del PP en el Ayuntamiento. Un joven abogado que protagonizó un increíble episodio de la crónica que se escribe con mucha frecuencia en la política local. En este caso, partidos de ideologías tan dispares como Vox, PSOE y Más Madrid se aliaron para cargarse el puesto de asesor que el entonces alcalde de Villaviciosa, del Partido Popular, le había asignado.
Eduardo de Porres fue el ponente de la sala de apelaciones que rechazó el recurso presentado por Puigdemont contra la resolución del magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de denegarle la aplicación de la ley amnistía y ahora ha vuelto a dar un golpe de mano al desautorizar a un compañero con el propósito evidentemente político de sentar en el banquillo, por primera vez en la historia, a un fiscal general del Estado.
Está muy claro. La judicatura es el instrumento que está utilizando la derecha conservadora para quemar al gobierno progresista. Su primer objetivo es García Ortiz. Lo grave es que, de seguir esta estrategia al fiscal general del Estado le seguirán otros personajes cuyo único delito es pertenecer a izquierda. Los jueces de este país tienen suficiente poder como para lograr este propósito. Y desgraciadamente, los organismos que deberían poner coto a estas acciones no actúan porque hay mucho miedo al enfrentamiento al colectivo togado. Ese con competencia para meter en la cárcel.