Según el último sondeo del CIS, la administración de justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por la ciudadanía. Dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la Justicia. Si se profundiza en sus contestaciones se comprobará que no asumen las resoluciones que consideran “parciales”. Salvo los que se declaran votantes de partidos de extrema derecha, los ciudadanos creen que los jueces están instrumentalizando políticamente los casos de los que se hacen cargo. En el sondeo no se menciona abiertamente el “lawfare” pero los entrevistados declaran ser conscientes de que los conservadores han acaparado los tribunales. La imagen ha mejorado respecto a otros resultados del CIS, pero sigue siendo negativa. La opinión mejora algo si se pregunta a quienes han tenido que relacionarse con los juzgados de cualquier jurisdicción en el último año, pero el grado de complacencia sigue siendo muy malo. Los encuestados dicen desconocer la evolución de las causas que aparecen en los medios de comunicación. Pasan de Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, González Amador y, donde sí reconocen tener algún conocimiento es en el de los referidos a la corrupción, en concreto el caso Koldo.
No hay nada de qué extrañarse. Los ciudadanos no tienen un pelo de tontos y sumarios como el que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra la mujer del presidente del Gobierno se lo toman a cachondeo porque son conscientes de su escaso recorrido. La última del magistrado ha sido la imputación de Juan José Güemes, actual presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa Business Schoool. Según indicaron los que estuvieron presentes en su declaración ante el magistrado, Güemes se contradijo con lo manifestado por su directora de recursos humanos quien afirmó que había sido él quien contrató directamente a Begoña Gómez “para obtener algún tipo de beneficio empresarial”. Eso es lo que piensa Peinado, un juez que nos tiene acostumbrados a traspasar el límite de la investigación para adentrarse en el terreno de la especulación.
Y más para imputar a una persona por el hecho de que su declaración sea contradictoria con la de otro testigo cuando existe la práctica jurídica del careo. Lo que pasa es que Güemes es una persona que tiene un pasado político vinculado al Partido Popular. Fue consejero de Empleo y de Sanidad con Esperanza Aguirre, y secretario general de Turismo en un gobierno de Aznar. El problema para el expolítico es que ya tiene cierto historial judicial. Fue imputado en el caso Púnica, aunque posteriormente el juez García Castellón lo exculpó tal y como hizo con otros cualificados militantes del Partido Popular. Asimismo, tenía pendiente una causa por presuntas irregularidades cometidas durante la externalización de la gestión de los hospitales públicos Infanta Elena, Torrejón de Ardoz y Rey Juan Carlos en Madrid. Una causa que, al final, fue archivada al considerar el tribunal que “no está debidamente justificada la perpetración de los delitos”.
Estos antecedentes pesan a la hora de comparecer en el caso Begoña Gómez. Y más porque, ahora, ya no sólo está imputada la esposa del presidente, Pedro Sánchez, un amigo y colaborador suyo, el empresario Juan Carlos Barrabés, y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. Güemes es un personaje muy conocido en el ámbito político madrileño y en Génova empieza a preocupar tal circunstancia. A ver cómo salen hablando de la “corrupción de la esposa de Sánchez” cuando también se investiga a uno de sus afiliados.
Es una instrucción esperpéntica que ocupa escasamente la atención de la ciudadanía según se señala en los sondeos ciudadanos. Hay detalles de esta que, no obstante, generan sonrisas de quienes las leen o escuchan. Como por ejemplo la petición al registro civil de la certificación literal del acta de matrimonio de Begoña Gómez con Pedro Sánchez. ¿Qué espera encontrar ahí el juez? Lo mismo es que hay una clausula secreta con la que apuntalar la acusación que prepara el magistrado para que no se le escape un asunto que le ha convertido en juez estrella, aunque no está muy clara la dirección de este estrellato.
Tampoco preocupa mucho a la ciudadanía lo que están haciendo en el Tribunal Supremo con la instrucción de la causa contra el fiscal general del Estado y la fiscala superior de Madrid a los que se les imputa un delito de revelación de secretos. Los pocos analistas a los que interesa esta investigación no entienden que el instructor, Ángel Hurtado, quiera saber quién filtró la información aparecida en un medio de comunicación vinculado a la derecha unos días antes de que la fiscalía emitiese una nota en la cual desmentía negociación alguna con el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para llegar a un acuerdo de conformidad por la presunta comisión de un delito fiscal. Salvo, claro está, lo que pueda extraerse del famoso registro en la sede de la fiscalía en la que se intervinieron elementos digitales en los cuales figuran datos reservados que pueden comprometer la seguridad nacional.
El juez dice que esos datos “no corren peligro” porque no duda de la profesionalidad de quienes los están analizando, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se olvida el magistrado de que hay un alto cargo de la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la policía nacional, al que se le ha pillado en su casa con 20 millones de euros procedentes del narcotráfico, y que esa misma unidad figura en sumarios tan sensibles como los del caso Villarejo y en investigaciones parlamentarias como las de la Operación Catalunya. Estamos hablando, naturalmente, de la policía patriótica creada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy.
Habría que decirle al juez Hurtado que convendría tomar precauciones porque los datos que se están analizando, como lleguen a ser filtrados, pueden hacer mucho daño al Estado. Y por mucho que merezca la pena judicialmente investigar al FGE no lo es tanto si, al final, un delito menor como es “la revelación de secretos” acaba en la “revelación” de secretos de Estado que a nadie conviene.
Por todas estas razones, a la ciudadanía le importa muy poco lo que están haciendo los jueces. Sólo a la extrema derecha y a los medios de comunicación afines que buscan sacar una rentabilidad política que poco o nada importa al personal. No lo decimos nosotros. Lo dicen las encuestas.