La protesta ciudadana, más allá de las contingencias políticas que se puedan derivar de la misma, es un derecho que está en serio peligro. No se trata sólo de la extrema derecha que está creciendo de manera sustancial por culpa de la ineficacia y la incapacidad de los partidos tradicionales. El problema está en que desde la crisis de 2008 el mundo se mueve en base a los intereses de la minoría del 1%, en vez de hacerlo para satisfacer las necesidades de la mayoría.
La legítima ejecución del derecho a la libertad de expresión como elemento clave de las democracias está siendo soliviantado por políticos que realmente no trabajan para el pueblo que les votó, sino para las élites que les mantienen.
La protesta nunca ha sido una amenaza para la libertad de expresión. Lo que hemos aprendido es que la verdadera amenaza es la desigualdad. No hay más que ver lo sucedido en las protestas que tuvieron lugar en los campus universitarios esta primavera contra el genocidio de Israel en Gaza y el apoyo de Estados Unidos a dicha guerra.
Los políticos que apoyan a Donald Trump, que habían protestado por la excesiva libertad de expresión en el campus, vitorearon mientras la policía maltrataba y arrestaba a los manifestantes. Algunos incluso pidieron el despliegue de la Guardia Nacional con la misma contundencia con la que se aplicó durante las protestas contra la guerra de Vietnam y que terminó con el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad Estatal de Kent.
Sin embargo, estos políticos ultraconservadores de MAGA no actúan solos, tienen a sus benefactores millonarios detrás. Ese fue el caso de Bill Ackman, un lobo de Wall Street que estuvo implicado, por ejemplo, en la estafa de la farmacéutica Valeant que subió artificialmente el precio de sus medicamentos. Ackman y otros millonarios lideraron campañas para revelar el paradero de los estudiantes que habían participado en las protestas y ponerlos en listas negras para no permitirles trabajar.
Evidentemente, estas protestas fueron calificadas rápidamente de antisemitas, como hacen todos los que defienden al Estado genocida de Israel. La congresista republicana radical Elise Stefanik, que tiene antecedentes de abrazar teorías conspirativas que sí son antisemitas, llevó a varios rectores ante el Congreso para que respondieran por qué las protestas no habían sido reprimidas de manera más brutal.
El dinero comenzó a hablar. La rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, defendió la Primera Enmienda, es decir, la que protege la libertad de expresión, de prensa y de reunión. Entonces, un donante de 100 millones de dólares se quejó y Magill se vio obligada a dimitir. Bajo una presión similar de los donantes, la presidenta de Harvard, Claudine Gay, siguió su ejemplo. Mientras tanto, la congresista Stefanik recaudó mucho dinero para su campaña.
Grupos respaldados por grandes corporaciones y multimillonarios, como el American Legislative Exchange Council y Of The People, han invertido enormes sumas de dinero en respaldar leyes que prohíben libros, restringen lo que la historia puede y no puede enseñarse y limitan severamente la instrucción en las aulas sobre raza, género o sexualidad.
En Estados Unidos y en algunos países europeos, muchas bibliotecas públicas y universidades se enfrentan a la pérdida de fondos por ofrecer materiales que no les gustan a estos políticos respaldados por multimillonarios.
Otro ejemplo lo encontramos en Elon Musk quien, después de gastar una fortuna para comprar Twitter, se autoproclamó un «absolutista de la libertad de expresión» y rápidamente eliminó casi toda la moderación de contenidos. Pero quizá «absolutista» era un término relativo.
Como era de esperar, las amenazas y los discursos de odio inundaron la plataforma, Musk amenazó con una demanda «termonuclear» contra un grupo de vigilancia que criticó la creciente tendencia. También suspendió sus cuentas a los periodistas que lo cubrieron de manera crítica y censuró a los usuarios que defendían causas que no le interesaban, como los derechos LGBTI o la justicia racial.
Por otro lado, la Corte Suprema estadounidense dictaminó que los pagos en efectivo (incluso los sobornos) constituyen “libertad de expresión”. En consecuencia, las personas con menos recursos tienen mucha menos libertad de expresión.
La desigualdad extrema amenaza los derechos fundamentales en cualquier país democrático. Se ha llegado a una situación en la que los que tienen más recursos más derechos pueden ejecutar. Lo mismo pasa con la Justicia, y es algo que se ve en los tribunales todos los días. La minoría del 1% siempre es bien acogida por los jueces que dictan sentencias injustas bajo el filtro de la apariencia de legalidad. Esto demuestra que cuando el dinero habla, los derechos y libertades ya no son gratuitos, como deberían ser.