Nunca un sillón había salido tan caro, sobre todo porque está siendo pagado con el dinero de todos. La condonación de la deuda de las comunidades autónomas con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una parte del pago que Pedro Sánchez está haciendo por la investidura, es decir, por el sillón (para él «su trono») del Palacio de la Moncloa.
El llamado «Asiento de los Dragones», diseñado por Yves Saint Laurent, se convirtió hace unos años en el sillón más caro del mundo, dado que fue adquirido por 27,4 millones de dólares por el coleccionista de arte Cheska Vallois en una subasta de Christies.
Pedro Sánchez ha superado ese precio con creces, dado que, tal y como analizamos en Diario16+ hace meses, estuvo dispuesto a pagar el sillón de la Moncloa con dinero que no era suyo más de 160.000 millones de euros. Ahora se ha propuesto una parte de ese pago: 83.252 millones para condonar parte de la deuda que las autonomías tienen con el Estado.
Así es muy fácil gobernar en minoría, utilizando la pólvora del rey. Eso es lo que hace Pedro Sánchez. No se trata de consensos o negociaciones, se trata de gasto público en cuestiones que no afectan directamente a la ciudadanía. Mientras España lidera los rankings de pobreza de Europa, su presidente no tiene ningún tipo de escrúpulo en perdonar más de 80.000 millones del erario público, del dinero de todos, para seguir manteniéndose en el poder que, al fin y al cabo, es lo único que le importa. Cosas del Síndrome de Hubris.
¿Malversación de fondos públicos?
Cuando se habla de corrupción o de malversación de fondos públicos jamás se incluye en los análisis el mal uso que se hace de ellos y gastar el dinero de toda la ciudadanía en cesiones constantes a partidos políticos concretos. Sin embargo, según los análisis de importantes juristas y en el desarrollo de la jurisprudencia se detecta que la actitud de Pedro Sánchez a la hora de malgastar el dinero público está peligrosamente rozando esa malversación.
Según el Código Penal, en la malversación, que es un delito incluido dentro de los actos de corrupción, concurren varios supuestos. En primer lugar, el acto se comete con dolo, con el objetivo de obtener un beneficio. Pedro Sánchez, tal vez, no esté lucrándose, pero sí que se está beneficiando del despilfarro de dinero público en favor de quienes le mantienen en el sillón de la Moncloa. No será un beneficio económico, pero sí político y de estatus.
Además, según el artículo 435 del Código Penal, el sujeto que perpetra el delito de malversación debe ser una autoridad o funcionario público que, por otro lado, debe tener competencia sobre el patrimonio público.
También, siempre según el Código Penal, concurren la administración desleal, el abuso de autoridad o la apropiación indebida de los fondos del Estado.
La condonación y otras concesiones dadas al independentismo catalán y al nacionalismo vasco a cambio de votos está rozando peligrosamente el delito de malversación porque, además, los fondos públicos tienen un único fin: mejorar la vida de las personas. En el caso de Pedro Sánchez, lo único que mejora es su estatus social y el de sus socios parlamentarios.
Hay que tener en cuenta que la corrupción, como tal, implica el desvío de fondos que deberían destinarse a los servicios públicos. La condonación de la deuda, desde luego, no era una cuestión primordial, salvo para aquellas comunidades autónomas que se embarcaron en procesos políticos absurdos y que se endeudaron irresponsablemente destrozando los mecanismos de mantenimiento del estado del bienestar.
El programa del PSOE, ni mú de condonación
El problema de esta condonación de la deuda no está en «el qué», sino en «el por qué». En medio de una reclamación prácticamente unánime (sólo callan aquellos que tienen yagas de tanto arrodillarse) de un cambio radical del sistema de financiación autonómica, Pedro Sánchez decide condonar la deuda con el Estado de las comunidades. Sin embargo, no lo ha hecho como una medida salida de la política autonómica del gobierno, sino por el precio puesto por los independentistas catalanes para los votos favorables a Sánchez en la sesión de investidura.
En el programa del PSOE se indica que «el vigente Sistema de Financiación Autonómica caducó en 2013. Tenemos la obligación de lograr un consenso que nos dote de un modelo de financiación autonómica actualizado conforme a las necesidades actuales, distintas a las existentes cuando se acordó el vigente. Un modelo de futuro capaz de hacer efectivo el disfrute de los servicios públicos en condiciones de igualdad a todos los españoles y españolas, reconociendo la diversidad y la pluralidad. En definitiva, un modelo justo y equitativo».
Más adelante se señala que «impulsaremos la aprobación en el plazo máximo de un año de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad, tanto los que son la base del Estado del bienestar -la sanidad, la educación o la dependencia-, como otros igualmente imprescindibles de cara al progreso y dinamismo económico y social, entre los que destacan la vivienda, el fomento del empleo, la movilidad o la cultura. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos».
Como se puede comprobar, ni una mención a la condonación de la deuda, como no se había puesto encima de la mesa en ningún momento en el periodo que va desde junio de 2018 a noviembre de 2023. Cinco años y medio en los que la condonación de la deuda autonómica no se mencionó más allá de las reclamaciones de, precisamente, quienes han recibido el pago por la investidura de Sánchez. Lo mismo que con la amnistía, el concierto económico, las competencias de los trenes de Cercanías o en inmigración.
Por más que la propaganda sanchista hable de la legislatura del consenso, en realidad, los españoles ven con perplejidad que se trata del Gran Bazar de Estambul o del Damnoen Saduak de Bangkok. Eso sí, los trabajadores que cobren el salario mínimo tendrán que tributar. Al final, los delirios de Pedro Sánchez los pagan los de abajo.