Los jueces se han convertido en el enemigo número uno de la ciudadanía española. Ya no se trata sólo por el golpe institucional perpetrado por el Tribunal Constitucional, sino porque un número importante de jueces está determinando día sí y día también quiénes tienen derecho de pernada respecto al cumplimiento de la Ley.
Evidentemente, como en todo sector hay de todo, como en botica. No es lo mismo un juez o una jueza de primera instancia, que, normalmente, imparte justicia ciñéndose en el código, que un magistrado o magistrada de Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional. Ahí es donde los jueces se convierten en casta y son muy permeables a las influencias del poder. En otro orden, los jueces de lo mercantil, en algunos casos, tienen doble vara de medir dependiendo de cómo, cuándo, cuánto y quién es el demandado.
El problema de la Justicia en España no se halla sólo en el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. En realidad, eso es un mal menor que sólo importa a la clase política porque las decisiones que se toman no tienen un impacto directo en la ciudadanía.
El verdadero problema de la Justicia en España está en el funcionamiento, la corrupción, que es más grande de lo que nadie quiere reconocer y que se acrecienta a medida que se sube en el escalafón de la carrera judicial, el tráfico de influencias, las listas negras y el sometimiento a los intereses de los poderosos, entre otras cosas.
La Justicia española está podrida. Un familiar de un juez que acababa de aprobar las oposiciones y la Escuela Judicial le dijo a quien escribe: «Ya tiene arreglada la vida porque entre el sueldo de juez y ‘lo otro’». Todavía no había tomado posesión de su juzgado y ya se estaba pensando en «lo otro». Luego pasa lo que pasa.
El tráfico de influencias que se genera en los organismos judiciales españoles es tan elevado que juristas de países de la Unión Europea se echan las manos a la cabeza cuando se les cuenta cómo, presuntamente, se negocian sentencias con los abogados o se les garantiza a los jueces una carrera muy lucrativa en el sector privado.
Los grandes despachos de abogados, cuyos servicios sólo son accesibles a las grandes fortunas, las multinacionales, los bancos y las grandes empresas, tienen una ratio de éxito muy elevada por, precisamente, las influencias y el acceso que tienen a los jueces y magistrados que instruyen o juzgan a sus clientes. Por eso no es de extrañar que, según denunció Andrea Orcel, un alto directivo de Banco Santander le advirtiera de que «en España, sólo perdemos los juicios que queremos». Las pruebas demuestran que esas palabras estaban llenas de verdad, no sólo por el banco presidido por Ana Patricia Botín, sino por el resto de grandes compañías y grandes fortunas.
Es muy raro que en España se vean grandes condenas a directivos, ejecutivos y dirigentes de las principales corporaciones a pesar de que los hechos instruidos o juzgados sean, con la ley en la mano, absolutamente condenables. Mucho menos a las propias compañías. Eso no se consigue sólo con un buen ejercicio de la abogacía, sino que es preciso hacer algo más. Ahí es donde entra el tráfico de influencias y, presuntamente, «lo otro».
Esta es una realidad que sucede todos los días en los tribunales de instancias superiores. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada, no vaya a ser que, en un momento determinado, se tenga que echar mano de esos grandes despachos.
Relacionado con lo anterior, se encuentran las puertas giratorias de la Justicia española. No es extraño que magistrados o fiscales de las altas instancias monten sus propios bufetes o sean contratados por los grandes despachos. Un paseo por la puerta de la Audiencia Nacional o por determinadas cafeterías permitirá ver a exjueces que ahora son abogados hablando con sus antiguos compañeros. Hay cosas que no se pueden dejar ni decir por escrito.
Para comprobar que esa carcoma corroe la Justicia española no hay más que revisar sentencias absolutamente injustas. Hay casos en los que jueces y juezas tienen un 100% de efectividad a la hora de absolver a grandes compañías, bancos y personas poderosas. Hay sentencias en las que, directamente, no se tienen en cuenta las pruebas presentadas o los informes periciales, contradiciéndose el propio juez respecto a lo dictado en autos anteriores a la decisión final.
Por otro lado, hay jueces, sobre todo en instancias superiores o en los juzgados de lo mercantil, que no dudan en retorcer la ley para favorecer los intereses de las élites bancarias, empresariales y sociales. El caso de las sentencias del Supremo respecto a las cláusulas abusivas de la banca, donde se llega incluso a generar doctrinas contrarias a la jurisprudencia europea, es muy significativo. También lo fue la creación de la doctrina Botín para evitar que el fallecido expresidente del Santander fuera procesado.
Por tanto, el bloqueo de los organismos constitucionales de justicia o el golpe institucional dado por el Tribunal Constitucional son la gota que colma el vaso. Ninguno de los dos partidos que han ocupado el gobierno se han decidido a realizar una reforma total de la Justicia, donde no se puede dejar de lado el control de los grandes despachos de abogados. Por algo será.