Pedro Sánchez tiene como único objetivo acumular poder, al precio que haga falta. Sin embargo, está pagando con la pólvora del rey, con dinero que no es suyo sino de todos los españoles. Eso es muy grave. Además, para lograrlo no ha dudado en presentar leyes inconstitucionales, ceder competencias en las que se incluyen infraestructuras estratégicas del Estado y saltarse, porque él lo vale, la doctrina del Tribunal Constitucional.
El pago de Sánchez por el poder se le ha ido de las manos, lo que vuelve a demostrar su falta absoluta de escrúpulos, que todo vale con tal de estar en el lugar en el que está. El historiador británico Thomas Macaulay afirmaba que «la prueba suprema de virtud consiste en poseer un poder ilimitado sin abusar de él». Sánchez está abusando de los recursos económicos que son de todos, no sólo para que él los utilice de manera indiscriminada en su propio beneficio.
La última demostración de esto la tenemos en la cesión de la soberanía fiscal pactada por los sanchistas con ERC para que Salvador Illa haya sido investido como presidente de la Generalitat de Catalunya. Las consecuencias de esta medida son gravísimas para el resto de España.
Según el análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el trasvase de recursos económicos desde la caja común a Cataluña podría alcanzar los 13.200 millones de euros anuales, es decir, 46.200 millones hasta el final de la legislatura en el caso de que se agotara.
«Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral», señala el informe.
A esto hay que sumar que el Estado perdería hasta 62.000 millones de euros anuales si las condiciones que se han pactado entre el sanchismo y ERC para Cataluña se extendieran a otras comunidades autónomas. Por tanto, otros 217.000 millones de euros.
A esa cifra hay que sumar la factura de más de 160.000 millones de euros que Sánchez estuvo dispuesto a pagar para poder ser investido presidente del gobierno. Para hacer efectivos los objetivos del secretario general del Partido Sanchista se utilizaron recursos públicos para cerrar acuerdos que, además de tener un más que dudoso encaje legal, cuentan con el rechazo de la gran mayoría de la ciudadanía española, votantes socialistas incluidos.
Además de la Ley Sánchez de Amnistía, que coloca a España en la categoría de régimen autoritario, hay cesiones económicas que afectarán directamente a la vida de todas las familias españolas.
En concreto, el precio que Pedro Sánchez estuvo dispuesto a pagar con el dinero de todos supera los 166.000 millones de euros. En términos de PIB, Sánchez cedió sólo para su investidura un 11,7% del Producto Interior Bruto.
Hay voces en la izquierda que llegaron a afirmar en privado que, con tal de que no gobierne el PP junto a la extrema derecha, les parecía barato y que si hubiera sido necesario pagar más, pues se pagaba. Todo un ejemplo de responsabilidad social y presupuestaria valga el sarcasmo.
Hubo dos cesiones clave en los acuerdos del Partido Sanchista con ERC y Junts: la condonación de un 20% de la deuda que Cataluña tiene con el Estado, es decir, 15.000 millones de euros. En el acuerdo con Esquerra se afirma que lo mismo se aplicará al resto de comunidades autónomas. Eso supone 23.034 millones de euros. Por tanto, en este punto, Pedro Sánchez pagó 38.034 millones para ser investido presidente.
Sin embargo, el golpe más duro que dará Sánchez a las arcas públicas está en la cesión de toda la recaudación tributaria a Cataluña. Aquí se incluiría el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. En concreto, Cataluña gestionará durante los cuatro años de legislatura más de 116.000 millones de euros que no entrarán en la Agencia Tributaria de España. ¿Es eso un precio justo? Evidentemente, no, es una tragada en toda regla.
Con Cataluña no acaba la cosa, puesto que los acuerdos firmados con el PNV también incluyeron la renuncia a gestionar los ingresos que corresponden a todo el Estado. En concreto, se trata de la Seguridad Social, que suponen más de 6.500 millones de euros al año, es decir, 27.148 millones en la legislatura.
Ya no se trata sólo de la amnistía, con todas posibles irregularidades jurídicas que supone, tal y como constató la Comisión de Venecia, sino que Pedro Sánchez teniendo la osadía de jugar con el dinero público para favorecer a dos comunidades autónomas de las que necesita sus votos para continuar siendo presidente del Gobierno.
Sánchez ha cruzado demasiadas líneas rojas durante su trayectoria política. Sin embargo, son los españoles, los ciudadanos de clase media y trabajadora, los que van a pagarle la fiesta, pero sus propias reformas legales le salvan de una acusación judicial, cuanto menos, por malversación de fondos públicos.